Si bien “se respeta el derecho de huelga consagrado en la Constitución”, desde la entidad consideraron que la medida anunciada resulta “injustificada y por demás inoportuna” en el marco del inicio de la gestión de Javier Milei y el impacto de una serie de “desaciertos previos”.
“El país registra evidentes y dolorosas dificultades socioeconómicas, entre las que pueden mencionarse la retracción de las ventas, la erosión del poder de compra del salario y el aumento de la pobreza. Aunque algunas de ellas se agudizaron en los últimos meses, de la mano de las imprescindibles correcciones macroeconómicas encaradas por la actual administración, debe advertirse que los padecimientos presentes tienen su origen en desaciertos previos, algunos de larga data –como las excesivas regulaciones y la presión tributaria desproporcionada– y otros que se magnificaron notablemente durante los últimos años –como el desorden en las cuentas públicas y la excesiva emisión monetaria–“, comienza planteando el comunicado institucional.
Para la CAC, resulta “llamativo” que a cinco meses de la asunción del actual gobierno “ya se lleve a cabo un segundo paro general, cuando durante los cuatro años del anterior período presidencial –mientras muchos de los males señalados se incubaban– no hubo siquiera una sola protesta de estas características”. “Es dable destacar que el panorama económico y social de entonces lejos estaba de ser idílico: el aumento de la pobreza y la cuadruplicación de la tasa de inflación entre 2019 y 2023 son tan solo dos muestras de ello”, hicieron notar.
Por otra parte, aseguraron que las medidas incluidas en la Ley Bases, en particular aquellas en materia laboral, “tampoco pueden servir de justificación” para el asueto anunciado. “Amén de que una modernización laboral favorecerá la generación de más y mejor empleo –y por lo tanto no tendría que generar oposición en quienes deben velar por los intereses de los trabajadores– cabe señalar que el actual proyecto prevé cambios bastante acotados, mucho menos ambiciosos que los planteados en el texto original, por lo que una oposición cerril es difícil de comprender”, opinaron.
“Vale agregar que hace muy pocos meses la ciudadanía acudió libremente a las urnas, y que allí no solo consagró a una fórmula presidencial, sino que también eligió a sus legisladores, dando lugar a una composición del Congreso en la que el oficialismo está lejos de tener mayorías aseguradas. Esto hace que el tratamiento parlamentario de esta y otras iniciativas esté sujeto a un debate plural, distante de cualquier pretensión hegemónica”, sumaron como fundamento.
“La ausencia de justificativos recién expuesta, conjugada con las múltiples y perniciosas perturbaciones que todo paro general produce en el quehacer nacional –y que son particularmente inoportunas en la actual coyuntura, en la que la economía necesita urgentemente recuperar el dinamismo– lleva a la CAC a expresar su pleno rechazo a la medida”, manifestaron.
“En los 40 años transcurridos desde la recuperación democrática se cuentan ya 46 paros generales y resulta evidente que, en numerosos aspectos, nuestro país no está mejor que aquel entonces. Muy por el contrario, la indigencia aumentó, la educación se deterioró y el retroceso relativo de Argentina en el concierto de naciones se profundizó –por solo mencionar algunas cuestiones–, lo que sugiere que las huelgas de estas características son inconducentes para revertir estos padecimientos”, agregaron luego.
En esa línea, desde la entidad convocaron a la sociedad a “hacer sus mayores esfuerzos para que, mediante el diálogo y la buena fe, las naturales diferencias de toda comunidad democrática se canalicen por vías institucionales, evitando la repetición de protestas de estas características, y colaborando así con el progreso del conjunto de la Nación”.
