La abogada Clarisa Marano Roude analizó los dichos de la intendenta de la ciudad de Villa Elisa, Susana Lambert, tras haber sido notificada sobre una denuncia penal.

En una carta de lectores enviada a El Entre Ríos, sostiene que las explicaciones sobre las contrataciones directas a una empresa ligada al secretario de Obras Públicas, son “parciales y maquilladas”.

La querellante en la causa del hospital San Roque advirtió a la jefa comunal sobre la configuración del delito “Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” y le propuso cambios.

A continuación, la transcripción textual de la nota:

Me gustaría comenzar el año con un deseo: la honestidad de quienes nos gobiernan.

Y creo que honestidad y engaño nunca pueden ir de la mano. Por eso, me llamaron la atención los dichos de la señora intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert, cuando apelando a los valores de honestidad suyos y de su equipo de trabajo, realizó declaraciones públicas parciales y maquilladas, ocultando decir toda la verdad sobre las circunstancias que rodean la denuncia penal que pesa en contra de presuntos hechos delictivos y corruptos sucedidos bajo su gestión.

En primer lugar, lo que tiene que quedar en claro es que la denuncia penal que pesa contra el Municipio elisense es por “Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”. Este delito tiene una pena de 1 a 6 años de prisión, sumado a la inhabilitación especial perpetua; y llanamente se reprime la conducta de aquel funcionario público que interviene por sí o por un tercero, en negocios que puedan generarle un provecho personal/propio para sí o para un tercero (llámese amigo, familiar, etcétera).

Se pretende, en definitiva, que “la sociedad, el administrado, el contribuyente” no tenga sospechas de que se han confundido los intereses públicos (por el cual debe velar todo funcionario) con intereses privados (los que puede perseguir, por ejemplo, una sociedad comercial).

Entonces, no interesa que se hayan cumplido todos los pasos procedimentales y administrativos que regula la Ley de Municipios para realizar contrataciones directas; como tampoco interesa si efectivamente la empresa involucrada se vio beneficiada o no; lo que busca la ley es “la falta de sospecha”; sospecha que evidentemente existe entre los contribuyentes, ya que la intendenta sintió “necesidad” de “llevarle tranquilidad a la gente”; lo que lleva ínsito per se, el conflicto de intereses que trae aparejado las compras directas que se están investigando penalmente.

Por eso, las declaraciones públicas de Lambert, cuando dice estar tranquila porque “se han cumplido todos los pasos regulados para realizar compras directas que fija la ley”, es engañosa, al pretender llevar a otro plano de discusión el meollo del asunto, que es lisa y llanamente el conflicto de intereses entre quien se encuentra de los dos lados del mostrador.

Así, por ejemplo, la señora intendenta omitió aclarar que la Ley de Ética Pública Nº 25.188 establece que hay conflicto de intereses, y por ende, que es incompatible con el ejercicio de la función pública quien sea proveedor del Estado, siempre que el cargo público ejercido tenga un vínculo directo con la contratación en cuestión (como por ejemplo, ser secretario de Obras Públicas, y comprar repuestos para maquinarias municipales en una empresa propia o familiar).

Entonces, si bien nadie discute que se haya cumplido con los pasos previstos en la Ley de Municipios para realizar compras directas, lo que sí se está discutiendo es si las operaciones entre un funcionario público y su empresa familiar constituyen un conflicto de intereses, a la luz de la Ley de Ética en la Función Pública y del artículo 265º del Código Penal.

Por otra parte, en sus declaraciones, Lambert deja entrever que el exconcejal Rottoli (quien denunció estos hechos de corrupción) es el responsable de que no se le compre más a la empresa involucrada; lo que genera que no se pueda darle rápidamente respuestas a las necesidades de la gente, bajo el pretexto de que deberán comprar en empresas que quedan fuera de la ciudad, lo que, además del tiempo, traería aparejado un mayor gasto para el municipio.

Dicho esto, y si es cierto que resulta tan beneficioso para la ciudad de Villa Elisa comprar repuestos de maquinarias a la empresa involucrada, podría la señora intendenta evaluar la posibilidad de poner a cargo de la Secretaría de Obras Públicas a un funcionario que no tenga vínculos con esta sociedad comercial, sobre todo considerando que ella tiene plenas facultades para hacerlo.

En definitiva, es su función velar no solo por la buena administración de los recursos del Municipio, sino también evaluar las posibilidades que sean más beneficiosas para la ciudad y para todos los elisenses.

Por otro lado, los argumentos defensivos de que las compras denunciadas pasaron por diferentes estamentos municipales (área de compras, área contable, el funcionario que aceptó el pago, etcétera); a los efectos penales, solo pone en desventaja a los encargados y firmantes de aquellas áreas, quienes deberían haber objetado tal contratación.

Una vez más, queda en evidencia que los organismos de contralor, poco funcionan. Quizá sea ésta la posibilidad de implementar nuevos mecanismos o nuevos organismos de control; sumado a dotar de mayor transparencia los actos de gobierno, que siempre resulta tan beneficioso para la democracia.

Clarisa Marano Roude

Antecedente

En esa ocasión, lo que parece haber encendido la mecha fue el respaldo de la presidenta municipal a la gestión de Graciela Ingold en el nosocomio local, cuya dimisión del cargo de directora fue aceptada al trascender la denuncia por cobro de oxígeno a familiares de pacientes con coronavirus.

“Considero que es totalmente aparte del objetivo del reconocimiento, que era el accionar frente a una pandemia”, sostenía entonces, al ser consultada si estuvo de acuerdo con que la doctora Ingold fuera invitada a descubrir una placa, sin haber sido sobreseída.

Fuente: El Entre Ríos