<b>Por Ricardo Leguizamón</b>

Contaba Bonasso del suicidio del italiano Raúl Gardini, "amigo y vecino de Yabrán con campos en Gualeguay". Gardini se había quitado la vida en la habitación de un hotel italiano el 23 de julio de 1993 cuando supo que la Justicia estaba tras sus pasos.

Igual que Yabrán.

Gardini, según Bonasso, había adquirido la estancia Las Cabezas, en Gualeguay, de 20 mil hectáreas, que antes había pertenecido a la Compañía Australiana La Mercantil, por un monto de 24 millones de dólares.

Era yerno de Serafini Ferruzzi, fundador del Grupo Ferruzzi, y en los 90 protagonizó un escándalo monumental de corrupción en la sobrevaluación de activos financieros. Gardini había ingresado al grupo Ferruzzi con 19 años y estuvo 12 años como presidente, hasta que fue destituido, en 1991, en medio de una investigación judicial por fraude.

Fue el principio del fin para él

El 25 de julio de 1993, el diario El Tiempo, de Bogotá, Colombia, publicó un perfil de Gardini, y contó esto: "Un año antes, en la primavera de 1990, Gardini, apodado en el mundo de los negocios como El campesino, meditaba compras y ventas, se daba el lujo de desaparecer unos días para ir de caza y pasaba muchas jornadas preparando el desafío de la Copa América con su yate El Moro de Venecia , un proyecto global de 150.000 millones de liras (100 millones de dólares) (?) Eran también los días de las largas vacaciones de Navidad en la finca de recreo familiar en Argentina, Las Cabezas, de 20.000 hectáreas, entre batidas de caza y recepciones, un estilo de vida despreocupado al que Serafino Ferruzzi, el mítico fundador del grupo, fallecido en un accidente aéreo en 1979, había acostumbrado a sus hijos con su conocida generosidad".

La estancia Las Cabezas está situada en Gualeguay, Entre Ríos, y ahora es propiedad de Entre Ríos Sociedad Anónima. Y es, a juicio de las autoridades de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el mayor deudor del Impuesto Inmobiliario Rural de todo el departamento Gualeguay.

Pero esa deuda fue eje de una disputa feroz hacia el interior de la administración del exgoberandor Sergio Urribarri, que fue saldada de un modo inesperado.

En 2009, el Ministerio de la Producción, que comandaba Roberto Schunk, dispuso la eximición del pago del 100% del Impuesto Inmobiliario a Las Cabezas, medida que se fundó en la Ley N° 8.318, que permitía esos beneficios a productores agropecuarias que se comprometieran a realizar trabajos de conservación de suelos en sus lotes.

Schunk firmó las resoluciones N° 094/09 y 095/09 que otorgaron esas exenciones.

Los propietarios de Las Cabezas, Entre Ríos Sociedad Anónima, se comprometían a culminar los trabajos de construcción de terrazas en el suelo en noviembre de 2009.

Pero el 11 de mayo de 2010 un grupo de técnicos del Ministerio de la Producción visitó la estancia, y comprobó que los trabajos de conservación no habían sido hechos, situación que fue justificado por los responsables del campo por las importantes lluvias caídas.

Entonces, las autoridades les dieron un plazo de 90 días para cumplir lo comprometido.

Aunque de modo anticipado, el 3 de agosto de 2010, Schunk dispuso revocar la exención impositiva, medida que fue apelada por los terratenientes en sucesivos recursos que fueron rechazados, hasta que lograron llegar al exgobernador Urribarri con un recurso de apelación jerárquica, que recién fue resuelto el 14 de julio último.

En medio, había ocurrido una batalla judicial.

Mientras se tramitaba ese planteo administrativo ante Urribarri, la ATER decidió ir a la Justicia para conseguir cobrar los impuestos que Las Cabezas no pagó al haberse caído la exención impositiva.

Sin eximición impositiva, Las Cabezas debía pagar como cualquier hijo de vecino.

El 31 de diciembre de 2013, El Diario informó de ese pleito judicial con este título: "ATER y un extranjero, en un litigio de 5 millones por un campo".

Sin embargo, para entonces ya no había ningún extranjero en Las Cabezas: Ferruzzi, primero, y Gardini, después, los compradores originales de la estancia de 20 mil hectáreas, habían muerto, y el campo estaba en manos de una SA. Lo único que se sabe es el nombre del administrador actual: Pedro Alfredo Cabrera.

La ATER inició un juicio de apremio para cobrar una cifra cercana a los $6 millones en concepto de impuestos impagos por parte de Las Cabezas. La causa, caratulada "Administradora Tributaria de la Pcia. De E.R. (ATER) C/ Entre Ríos S.A. S/ Apremio", se tramitó en el Juzgado Civil y Comercial N° 2, a cargo de Teresita Inés Ferreyra.

El entonces abogado de la ATER, Federico Borrás, explicó en aquella publicación de El Diario por qué el organismo recaudador fue ante la Justicia aún cuando el recurso administrativo planteado ante Urribarri no se había agotado.

"La vía de la recursiva llega hasta el gobernador, pero al no estar aún resuelto y al no pagar el impuesto nosotros entendemos que es una denegación tácita. Podría aplicarse el principio del Solve et repete (pague y después reclame), llegado el caso. Pero el recurso de apelación jerárquica no tiene efecto suspensivo, para ello el gobernador debe sacar una especie de cautelar administrativa, es como decir: mientras yo resuelva esto, no hagan nada. Tiene atributos para hacerlo pero no lo ha hecho", dijo Borras y agregó: "Porque si no cualquier decisión se paralizaría y la administración no funcionaría".

Pero la Justicia les dio la espalda, y le otorgó razones a los dueños de Las Cabezas, que acudió a Tribunales por medio de dos abogados del foro de Gualeguay: Jorge Guerscovich y Wenceslao Berisso.

El 26 de marzo de 2015, El Diario volvió a ocuparse del tema, y dio una noticia que bien pudo entenderse como el fin de la historia: "El Estado le ganó un juicio millonario a estancia Las Cabezas".

Se trataba de la divulgación de un fallo de la Sala Primera Civil y Comercial de Gualeguay, firmada por los camaristas Guillermo Delrieux, Ana Clara Pauletti y Gustavo Britos, que dejó sin efecto el fallo de la jueza Ferreyra, y ordenó a Las Cabezas a pagar la suma de $5.675.785,16, "más los intereses legales desde el vencimiento de la obligación que se ejecuta hasta su efectivo pago, con las costas de la ejecución y del recurso a cargo de la ejecutada-apelada vencida".

El pleito, como se dijo, no concluyó así, ni mucho menos.

Los dueños de la estancia Las Cabezas, a través de los abogados Guerscovich y Berisso, iniciaron una acción judicial paralela ante el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Gualeguay, a cargo de Fabián Morahan, que el 3 de diciembre de 2014 decidió hacerle lugar a la queja de los empresarios.

Morahan reprochó lo que a su entender fue un mal procedimiento tanto del Ministerio de la Producción como de la ATER. Del primero, dice que resolvió emitir una resolución dejando sin efecto la eximición impositiva a Las Cabezas, cuando aún no se había cumplido el plazo de 90 días que le había otorgado para concluir los trabajos de conservación de suelo, verificado en 2010.

Pero también le recuerda a la ATER que el organismo recaudador estaba en conocimiento de un recurso administrativo planteado por los dueños del campo ante el Gobernador, que ya tenía dictamen favorable del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y por eso el juez dictaminó que los títulos de deuda emitidos "resultan inhábiles". En realidad, el juez Morahan se anticipó a la resolución que Urribarri firmaría siete meses después.

En efecto, el dictamen del fiscal de Estado era contrario a lo resuelto por la ATER, pero el recurso no estaba concluido. El magistrado firmó su fallo el 3 de diciembre de 2014; y Urribarri, aceptó el planteo de Las Cabezas recién el 14 de julio de 2015.

El entuerto, a final de cuentas, quedó resuelto por la vía administrativa: Urribarri decidió acoger favorablemente el recurso de apelación jerárquica interpuesto por Las Cabezas, y con el dictamen del fiscal de Estado, hizo caer todas las acciones llevadas adelante por el Ministerio de la Producción y la ATER para cobrar una suma de casi $6 millones en concepto de deuda impositiva a un terrateniente.

El decreto N° 2.300, firmado por Urribarri el 14 de julio de 2015, consideró que la resolución que firmó el exministro Schunk, por el que se le quitó la eximición impositiva a la estancia, resultó "ilegítima por contener vicios graves". Primero, porque la dictó sin esperar a que se cumpla el plazo de prórroga de 90 días otorgado al campo para cumplir con el proceso de conservación de los suelos, lo cual, entendió Urribarri, "produjo una grave vulneración del propio régimen legal".

No cumplió Las Cabezas, dice el decreto, por las lluvias, y que "le asiste razón en tanto tales fenómenos atmosféricos constituyen un hecho notorio", y que resultaba un "eximente que no fue merituado por la autoridad de aplicación de modo previo a aplicar la sanción".

Ese argumento, las lluvias, al Poder Ejecutivo le resultó de peso para darle la razón al dueño del campo, pero también señala como "otra grave irregularidad del procedimiento sancionador que se analiza, los ostensibles defectos contenidos" en las resoluciones de notificación a Las Cabezas, "de cuyo diligenciamiento surge que no contienen las firmas pertinentes".

Basándose en un dictamen del fiscal Rodríguez Signes, Urribarri decidió dejar toda sanción sin efecto, y mantener la eximición del 100% del Impuesto Inmobiliario a la estancia Las Cabezas.

Fuente: El Entre Ríos