El proyecto que fue presentado este lunes en la Cámara de Diputados y propone la prohibición del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de las aulas en todos los niveles y modalidades de educación obligatoria, tanto en escuelas públicas como privadas. El objetivo principal de la medida, según sus fundamentos, es "garantizar un entorno adecuado para el aprendizaje y la enseñanza".

Según explicaron, buscan contrarrestar el efecto negativo que la tecnología móvil ha tenido en la concentración de los estudiantes. En los fundamentos del texto, los legisladores argumentan que el uso de celulares "representa una fuente constante de distracción que atenta contra los objetivos pedagógicos y dificulta el normal desarrollo de las clases".

Cabe destacar que el autor es el diputado Carlos A. Damasco (La Libertad Avanza Entre Ríos) y los coautores son: Liliana Salinas (Partido Conservador Popular), Lorena Arrozogaray (PJ) y Fabián Rogel (JxER).

La iniciativa destaca estudios que demuestran que la utilización de estos dispositivos "disminuye los niveles de atención, impacta negativamente en el rendimiento académico y afecta las relaciones interpersonales en el aula".

Sin embargo, el proyecto de ley no es una prohibición total. Contempla excepciones que permitirán el uso de dispositivos en casos puntuales. Según el artículo 3°, se exceptúa la prohibición cuando el uso sea "autorizado expresamente por el docente a cargo, con fines estrictamente pedagógicos", en "situaciones de emergencia debidamente justificadas" o para "estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran el uso del dispositivo como herramienta de apoyo, previa autorización de la autoridad institucional".

En el caso de ser aprobada, la ley designaría al Consejo General de Educación de Entre Ríos como la autoridad de aplicación. Este organismo sería responsable de elaborar protocolos de implementación, supervisar su cumplimiento y llevar a cabo campañas de concientización para toda la comunidad educativa. Además, se establece que las instituciones deberán proveer "espacios adecuados para la guarda segura de los dispositivos durante el horario de clases".

El incumplimiento de la normativa dará lugar a "medidas disciplinarias que establezca cada institución, en el marco de su reglamento interno, respetando el debido proceso y los derechos de los estudiantes". Los impulsores del proyecto señalan que la prohibición no es un retroceso, sino una medida que "resguarda el derecho a una educación de calidad".

Fuente: APF