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Violencia contra la mujer: Duele pensar que el cuadro sea irreversible

Paraná: un prefecto que habría estado preso por violento asesinó a balazos a dos de sus exparejas. Entre ambos casos, cinco chicos quedaron sin madre.

Concordia: un hombre le pegó dos tiros a su exesposa, baleó también a su novio y luego se suicidó. Todo fue en presencia de los tres hijos de la pareja, entre ellos una nena de 3 años. Ya tenía antecedentes de agredir a la mujer.

Concepción del Uruguay: Un hombre mató a su exesposa, las hijas que tenían en común -de 5 y 7 años- y el actual novio de la mujer. Luego, habría intentado suicidarse. El hecho se caratularía como homicidio agravado por venganza transversal (asesinó a las personas que ella amaba), delito penado en el artículo 80, inciso 12 del código penal. El homicida tenía una denuncia por violencia de género, con una medida de restricción, que vencía el martes.

Así de trágico y doloroso fue el fin de semana en la provincia de Entre Ríos. A los adjetivos calificativos enunciados debemos agregar el de "previsible", pues la reincidencia es el denominador común en la mayoría de los episodios. Muchas muertes anunciadas, mientras los poderes que nos gobiernan permanecen en un letargo sin explicación y las instituciones que debieran acompañar no siempre se muestran a la altura de las circunstancias.

Siguen asesinando mujeres por su condición de tales. Se suman en forma incesante víctimas colaterales: niños asesinados, otros que quedan huérfanos y presencian la muerte de sus madres. Padres que pierden a una hija joven y quedan a cargo de sus nietos, a quienes alguna vez deberán explicar lo inexplicable. Y la lista sigue.
Repudio
En este contexto de absoluta impotencia y desprotección, organizaciones que defienden los derechos de las mujeres habían convocado para ayer a una manifestación en Paraná.

Estaba previsto que se sumen trabajadoras de prensa nucleadas en Setpyc, Agmer.

Autoridades de las Facultades de Ciencia y Tecnología y de Humanidades Artes y Ciencias Sociales de la UADER, llamaron a la comunidad educativa de la institución a reunirse en el rectorado para marchar juntos a Tribunales.

Desde el municipio paranaense emitieron un documento la Secretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de la Mujer y el bloque Cambiemos del Honorable Concejo Deliberante expresando su "profunda consternación".

También se expresó al respecto el Partido Socialista de Entre Ríos, según dio a conocer ayer Página Política.

Por su parte, el gobernador Gustavo Bordet hizo una publicación en su cuenta de Facebook para expresar su compromiso con la erradicación de la violencia y enviar un mensaje a las familias de Miriam Ibarra y Lidia Milessi, quienes murieron a manos del prefecto Orlando Ojeda.

"Mi abrazo más fuerte para las familias de Miriam y Lidia víctimas de un acto atroz. Nuestro acompañamiento en el dolor. No habrá consuelo y las palabras en estos momentos podrán parecer vacías", sostuvo el mandatario.

Luego agregó: "Pero no miramos hacia el costado y ratificamos nuestro compromiso de trabajar en todo lo que esté a nuestro alcance para lograr una sociedad más equitativa, integrada y en la que exista plenitud de derechos. El primero: a vivir sin violencia".

Se promulgó la Ley que implementa el botón antipánico en la provincia

El Ejecutivo provincial promulgó con el número 10.455 a la Ley que establece el Sistema Provincial de Botones Anti-pánico para Víctimas de Violencia de Género. La norma fue sancionada en la Legislatura provincial el 5 de octubre pasado, en tanto la promulgación tiene fecha del 25 de ese mes y fue publicada en el Boletín oficial del viernes 28 de octubre.

La ley define como botón antipánico al "dispositivo de geolocalización y alerta a autoridades de las fuerzas de seguridad", que será entregado a las víctimas en comodato y podrá ser usado por ellas "en forma personal y por el tiempo que se extienda la situación de peligro generada por el hecho violento".

Será entregado por el Ministerio de Gobierno, autoridad de aplicación de esta Ley. Para proceder a la entrega, la cartera de Mauro Urribarri deberá "contar con Resolución Judicial de Exclusión de Hogar y/o Prohibición de Acercamiento, conforme lo dispuesto en los supuestos previstos por el artículo 26 de la Ley Nacional Nº 26.485 y el artículo 9º de la Ley Provincial Nº 9198, expedida por Juez competente de la cual surja la conveniencia y se ordene el uso del mismo".

Esta Resolución Judicial deberá "contener los datos particulares del caso, el tiempo estimado de utilización del dispositivo -el que podrá ser prorrogado automáticamente mientras subsista el riesgo a la víctima-, los datos identificatorios del denunciado y la denunciante de agresión quien debe tener su domicilio ubicado dentro del ámbito de cobertura del Centro de Monitoreo que a tal efecto disponga la autoridad de aplicación", publicó la Agencia APF.

Asimismo, el dispositivo deberá "contar con conexión directa a los Centros de Monitoreo, que a tales efectos creará la autoridad de aplicación, o a los que ya se encuentren en funcionamiento en el ámbito de la Provincia. Estos deberán adoptar la tecnología necesaria para receptar el alerta y detectar el geo-posicionamiento de la víctima al momento de poner en funcionamiento el botón anti-pánico".

En tanto, la autoridad de aplicación tendrá que "establecer las acciones necesarias para garantizar la presencia inmediata de personal policial al lugar geo-referenciado conforme el alerta emitida por el dispositivo antipánico. Asimismo deberá proceder a la identificación y registro del personal policial designado".

La Ley establece también que "todos los datos que surgieran de la tecnología aplicada al sistema servirá como medio de prueba en el proceso judicial en el cual fuera requerida su aplicación" y autoriza a la autoridad de aplicación a rubricar "los protocolos y/o convenios necesarios para la aplicación" de la ley y coordinar con el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia "para la implementación de las resoluciones judiciales necesarias para ello". La autoridad de aplicación, por otro lado, deberá garantizar "la capacitación de los agentes involucrados en la aplicación de esta ley".

La norma autoriza al Poder Ejecutivo a "efectuar las adecuaciones presupuestarias que den reflejo al cumplimiento de los propósitos de la presente".

Según se desprende del texto de la propia Ley, "entrará en vigencia a partir del quinto día hábil a contar desde la fecha de su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, la que no podrá exceder los 180 días" desde su promulgación.
Alguien nos tiene que cuidar
Está claro que si los organismos competentes no toman la decisión de encarar el tema, las leyes y resoluciones seguirán siendo burladas por los delincuentes, cada vez más impunes.

Solemos decir que "todos los ciudadanos debemos involucrarnos", pero en esta ocasión no sé si se nos puede pedir mucho más. La ciudanía se ha puesto de pie; al menos el aumento de las denuncias, las manifestaciones (acompañadas por gran cantidad de varones), el reclamo a las autoridades, y los planes de prevención y asesoramiento que brindan algunas ONG's, dan cuenta de ello. De a poco vamos disminuyendo entre vecinos los comentarios de "por algo será" y nos animamos a hablar del tema y acompañar a las víctimas. Cuesta, porque la cultura de una sociedad –en este caso las reglas que establecían que el "macho" es dueño de nuestras vidas y nuestros cuerpos-, no es algo que se cambie con facilidad. Sin embargo, no nos merecemos declararnos culpables de lo que está pasando.

Mientras hogares e instituciones educativas forman a los niños para que en las futuras generaciones funcione la igualdad de género, alguien nos tiene que cuidar.

Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y la sordera la padecen quienes tienen más poder.

Duele pensar que el cuadro sea irreversible.

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