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Reforma impositiva y gradualismo exasperante

De cambios bienvenidos pero muy lentos

Imagínense una provincia argentina algo alejada de la región centro que es donde estamos nosotros. Una ruta nacional, camino a la capital provincial, y apenas ingresado al territorio se ve un puesto de la agencia provincial de recaudación de impuestos. A cualquier camión que por allí pasa con mercadería se lo detiene y se asegura ahí mismo y en ese lugar que ese lote de productos que tiene por destino algún comercio o punto de ventas de la provincia haya pagado ingresos brutos. Si no lo ha hecho, el inspector se asegura que se haga, como sea. En la práctica, estaríamos en presencia de una aduana interna, aduana seca, o como se la quiere llamar. Increíble pero real en esta Argentina del siglo XXI.

Las provincias -todavía hoy- utilizan a ingresos brutos como una valiosa herramienta de recaudación. Es uno de los impuestos más importantes y la alícuota varía entre cero y ocho por ciento dependiendo del estado provincial. Un impuesto más propio de la época del medioevo, que castiga la producción, el empleo y ralentiza la actividad económica. El típico impuesto que se aconseja no cobrar por las consecuencias distorsivas que trae aparejadas. Un impuesto que ha provocado y provoca una tibia resistencia entre muchos pero que recién se ha ganado el lugar que le corresponde en el debate a partir de los anuncios de reforma impositiva que lanzara el gobierno esta misma semana.

El paquete impositivo revelado por el ministro Dujovne este martes y que el gobierno nacional pretende sea aprobado a más tardar en el próximo periodo extraordinario nos muestran la dirección que el presidente Macri pretende tome el país bajo su comando. También su gradualismo, el que podría rotularse hasta de casi exasperante.

Sincerémonos. El paquete no es malo. Apunta a reducir los impuestos que pagan las empresas, a que se creen más y mejores puestos de trabajo y a que la economía formal tome un vuelo que hoy no tiene. Todo esto debería tener un efecto virtuoso sobre la economía y depositarla en una senda de crecimiento sostenible. Aunque no se hable demasiado del tema, Argentina ha sido el país de la región que menos ha crecido durante los últimos setena años. Algo mal habremos hecho. Y comenzar a moverse finalmente en la dirección correcta es siempre un buen principio, aunque le haya tomado a este gobierno dos años comenzar a hacerlo.

De todas maneras, y esto debe quedar bien claro, el esfuerzo es más bien insuficiente. Habiendo reducido la carga impositiva en 2 puntos del PBI desde el cambio de gobierno a finales del 2015, esta nueva reforma plantea reducir un adicional 1.5% durante los próximos cinco años. Muy poco en mucho tiempo.

Considerando la titánica tarea política que la coalición gobernante Cambiemos tiene por delante, la que implica una tarea de convencimiento palmo a palmo y metro a metro con gobernadores y legisladores nacionales, este reforma tiene gusto a poco. Para un presidente como Macri que insiste que el motor de la economía tiene que ser el sector privado y no el público -y en esto no podemos estar más de acuerdo- reducir 3.5% del gasto público en un mandato entero y un poco más es cuando menos desconcertante. Sobre todo cuando el sector público argentino todavía hoy se lleva más de 40 puntos del PBI y con la presión fiscal más alta de América Latina. Ni siquiera Brasil, que tradicionalmente ha detentado los récords de gasto público de la región en la materia, alcanza a equipararnos.

Queda a favor de Macri que cuenta con un diagnóstico claro de la situación, sabe que Argentina tiene un déficit insostenible y encima un sistema jubilatorio quebrado, y tiene un plan para atacarlo. Incluso tal vez con su paciencia de budista termine probándonos a todos que esa era la única actitud posible frente al entuerto. Por ahora, todavía nos cabe reclamar cuando menos un gradualismo no tan en cámara lenta. El golpe de timón que diera con los anuncios de esta semana muestra que Macri quiere más el reconocimiento de la historia que el amor de la gente, pero la velocidad de los cambios planteados no se condice con la paciencia de quienes, locales o extranjeros, van a seguir financiando el déficit en los años que vienen. Si el plan B fuera volver a la inflación porque dejan de prestarnos, tal situación seguramente se daría con otro presidente. Y seguramente las circunstancias no serían de las más agradables.

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