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¿Poner el piloto automático?

El envío del pliego al Senado nacional para ocupar la vacante que quedó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras la renuncia del ahora ex ministro Zafaroni, trajo como consecuencias análisis disparatados.

En el mismo sentido, el proyecto de reforma de la ex SIDE, para ser convertida en una Agencia Federal de Inteligencia con importantes cambios, luego de la muerte aún no aclarada del ex fiscal Nisman.

Independientemente que el pliego enviado por el Poder Ejecutivo del Dr. Carlés de por sí es controvertible atento la juventud del candidato, y quizás la falta de experiencia laboral; no así antecedentes académicos, los cuales son muchos y del más alto nivel, al revestir el carácter de doctor en derecho; el argumento esgrimido por muchos legisladores es que esté gobierno se está yendo.

Idénticamente se expresaron sobre el proyecto de reforma que tiene como objeto modificar un sistema de Inteligencia heredado de la dictadura, y que en todos estos años de democracia nunca fue tratado como un tema de estado, materia pendiente que todos los gobiernos que han pasado se llevaron a marzo.

Como expreso en el título de la columna, me pregunto si al faltar menos de un año para entregar el poder, el gobierno debe poner piloto automático, renunciar incluso a obligaciones que imperan de la propia constitución.

La legitimidad y la legalidad siempre son palabras que se comienzan a usar en los últimos tramos de gestión de cada gobierno, un latiguillo utilizado habitualmente por quienes en vez de debatir las ideas en los lugares que democráticamente se han establecido, como es el Congreso, lo hacen en medio de una campaña electoral que nos aventura mucha pasión y exceso de calificativos de todos los sectores.

Legalmente el gobierno hasta el 10 de diciembre de 2015, cuando entregue el mando, debe ejercerlo, porque así lo decidió la mayoría en las últimas elecciones presidenciales, es más es una obligación ejercer el poder que se le confirió.

En relación a legitimidad desde la teoría se habla de legitimidad de origen y de ejercicio, nadie puede discutir que este gobierno es legitimo en su origen, porque con reglas claras se ganó la elección. Sobre la legitimidad en el ejercicio, sin ser muy profundo en el análisis se podrá concluir que depende el crítico la opinión cambiará, seguramente para los opositores al otro día de la elección el gobierno perdió la legitimidad de ejercicio.

El único parámetro que se puede tomar es el de las encuestas que habitualmente se hacen sobre la imagen que se tiene de la gestión, como de los dirigentes, y ahí una vez más entramos en la credibilidad de las consultoras, porque muchas tienen simpatía comercial con el oficialismo y la oposición.

En síntesis no podemos acortar el plazo constitucional en función del agrado o desagrado de la gestión de gobierno, no es un espíritu democrático y republicano pretender que un gobierno ponga piloto automático y vaya dejando temas institucionales para otra gestión, en definitivo cuando los canales institucionales funcionan acorde a derecho, nada hay que temer, porque los dos temas elegidos como ejemplos (designación del ministro de la Corte y la reforma de la ex SIDE), deben ser tratados por el congreso, en el primer ejemplo por el Senado con mayoría especial, y en el segundo por el Congreso con sus dos cámaras.

Caer en el facilismo de no debatir, y cerrar la discusión en relación al plazo que resta es un retroceso institucional, que no debemos permitirnos, sí exigir de nuestros representantes debates serios, donde podamos observar cuales son las opiniones e intereses que se pugnan.

La lucha siempre es por el poder, ya tendremos oportunidad de expresarnos en las PASO y luego en las elecciones generales.

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