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Un estado responsable

Los titulares en los diarios, así como la catarata de críticas no se demoraron en surgir, una vez que el Congreso nacional sancionó la ley de Responsabilidad del Estado, que tiene como origen un proyecto de ley remitido por el Departamento Ejecutivo.

En el marco del debate a posteriori de la sanción, las críticas siempre merodearon los mismos argumentos “la irresponsabilidad del estado y sus funcionarios”, y “que este gobierno lo que busca es impunidad”.

Otra de las duras críticas era la cuestión de dejar libradas a las provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires la facultad de adherirse o no a la ley, concluyendo los críticos que de esta forma se dejaba librado a las provincias decidir si ser responsable o no.

La realidad es que deberíamos festejar la sanción de la ley 26944, en primer lugar por la eliminación al menos en forma genérica de la incertidumbre jurídica en cuanto responsabilidad del estado, no contar con una ley de responsabilidad implicaba estar a la merced del activismo judicial, porque todo el andamiaje jurídico que se venía aplicando es fruto de las decisiones de los jueces, en especial de quienes integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ante el vacío normativo, es decir la inactividad del Congreso, los jueces debían resolver los casos concretos, esto desembocó en toda una construcción jurídica en materia de responsabilidad del estado, justamente la gran mayoría de los autores destacan que la actual ley de responsabilidad recepciona en sus articulados los preceptos de la Corte.

Al mismo tiempo la ley es un reconocimiento al federalismo, ya la Corte en su actual composición dirimió el debate sobre a que ámbito jurídico corresponde ubicar a la responsabilidad del Estado, sí dentro del derecho común (léase Código Civil por ejemplo), o era una materia no delegada por las provincias. La ley en este caso no hizo más que continuar y respaldar la mirada de los administrativistas, y en consecuencia puso en cabeza de los gobiernos locales lo referente a responsabilidad del Estado. Tal vez algún lector desconociese, pero todo lo referente al derecho administrativo (procedimiento administrativo, contencioso administrativo, la regulación del acto administrativo, etc.), que vincule a la administración pública provincial y municipal según el caso, está regulada por normativas provinciales, por ser una cuestión local.

Se puede tergiversar la verdad, armar un relato, y decir lo que la ley no dice, pero quienes ocupan lugares de responsabilidad, deben velar por la verdad, al menos para no caer en aquello que critican.

La ley de responsabilidad del estado es un paso fundamental, en la claridad normativa, el reconocimiento de que el estado debe responder, un reconocimiento que está previsto incluso en las constituciones de Santa Fe y Entre Ríos, y que se desprende incluso del derecho convencional, en síntesis el estado debe responder, pero el cuando, el como se debe reglamentar.

Algunos critican el momento en que se sancionó la ley, cuestionando la legitimad de la ley. Ante esto no queda más que recordar que fue aprobado por ambas cámaras, conforme las mayorías requeridas, representantes elegidos libremente por el pueblo. Que no existen mejores o peores momentos para dar paso a las reivindicaciones del derecho local y federal, como retomar las facultades legislativas que no se usan.

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