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Claroscuros de la ley de narcomenudeo

La decisión oficial de impulsar en Entre Ríos una ley de narcomenudeo, fue bien vista por propios y extraños que esperaban que se concrete el anuncio que el gobernador Gustavo Bordet hizo sobre esta misma acción, al asumir su gestión.

Casi dos años más tarde, inevitablemente envuelta en un clima electoral, llega a la Legislatura el proyecto de ley que, formalmente ingresó al Senado este miércoles y que deberá tratarse ahora en comisión. Ese debate deberá ser casi exprés porque la idea del Ejecutivo es contar con la norma para enero de 2018.

De todos modos, la comisión de Seguridad del Senado, especialmente creada para estos temas, la de Legislación General y la bicameral que proponen serán los marcos en los que deberá avanzar esta propuesta por la que la provincia se sumará a la ley nacional de desfederalización parcial de estupefacientes.

Por otro andarivel deberán procurarse los mecanismos para que la ley, cuando se promulgue, resulte inaplicable.

Los escollos no están en la letra de la ley, sino en el escenario al que se impone la norma.

Uno de ellos es la superpoblación carcelaria, situación que preocupa al gobierno, por un lado, porque evidencia el crecimiento aritmético del delito y por el otro, porque ya no hay cama disponible en los penitenciarios y menos aún posibilidad de segmentar su población.

El año pasado, en julio, la Legislatura sancionó la creación de cargos de agentes de seguridad para las cárceles. Es que el crecimiento demográfico contrastaba contra la cantidad de guardiacárceles para cuidarlos.

Cuando el proyecto se trató en los recintos, el oficialismo reveló que en la provincia había "1583 detenidos en las nueve Unidades Penales de la Provincia de ER, de los cuales un 20 por ciento corresponden a causas federales y el 80 por ciento restante a causas provinciales" mientras que el crecimiento poblacional en las cárceles era sustantivo: "Se pasó de 772 presos en 2010, a estos 1582 contabilizados a 2015, por lo cual en líneas generales, indicó, "hacen falta más guardiacárceles", se dijo en 2016 cuando por la ley 10.429 se crearon 100 cargos.

Los cálculos más optimistas advierten que la aplicación de la ley impactará de modo exponencial en el tema carcelario, ya que los casos con sentencia deberán ser alojados en las cárceles que, ya están colmadas.

El proyecto del gobierno prevé la construcción de una nueva cárcel, pero es incierto que una obra de esa envergadura se logre antes de la sanción del proyecto de ley, que tiene como plazo para su puesta en vigencia enero de 2018.

La pregunta de fondo es si en el mientras tanto, los menores que trafican a escala de gramos, deberán ser alojados justo a los narcotraficantes que comercian con otro perfil.

La falta de un alojamiento específico para menores queda al desnudo porque tampoco existe en la provincia un centro de prevención y tratamiento de adictos, de carácter público.

En 2015, el ex gobernador Sergio Urribarri anunció la construcción de siete centros en distintas localidades de la provincia con una inversión de poco más de 121 millones de pesos, pero no cumplió.

En noviembre de 2014, Leandro Damián Ríos, Juez Federal de Paraná, declaró la inconstitucionalidad de la flamante Ley 10329 de narcomenudeo, promulgada por Urribarri que proponía una adhesión parcial, lo que fue severamente cuestionado por algunos legisladores de la oposición, como el socialista Lisandro Viale.

A la decisión del juez Ríos, se sumó casi inmediatamente el juez Pabló Seró, titular del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

El proyecto de narcomenudeo tomó estado parlamentario y junto a su camino legislativo se activan una serie de acciones que hasta ahora no han sido planteadas y siguen abiertas.

Paralelamente, a la notoria falta de unidades penales, a la promesa incumplida de los centros de asistencia y prevención se suma otra deuda: Los juzgados federales que, creados por ley y con presupuesto, aún no funcionan y sin ellos, la ley tropieza con otro conflicto.

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