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De madera

Sancionada en 2007, la ley de la Madera fue una reacción rápida a una decisión política que embistió contra el voluntariado social que rechazó de plano la instalación de una pastera que ensombreció el paisaje costero de Gualeguaychú. Desde entonces, el diálogo entre esos actores y el Estado ha sido sinuoso. El oportunismo, la ausencia de una política de fondo y una intencional indiferencia fueron coloreando la historia de la Asamblea, el gobierno y la planta de celulosa.

Las acciones para crear conciencia fueron múltiples por aquellos años y tuvieron, en su conjunto, un común denominador: Se generaron siempre de abajo hacia arriba. Y, toda vez desde el enorme poder ciudadano.

Este jueves, y en un marco de tensión, tras el anuncio oficial de derogar la popular ley de la Madera, se reunieron gobierno y asambleístas. El diálogo que fracasó durante la década pasada hoy tuvo un lugar. La paradoja es que se logró bajo la consigna del gobierno que ha sido desde 2007 hasta ahora el gran ausente a la hora de fijar posición sobre el conflicto con Uruguay.

La causa de los asambleístas fue primero, además del reclamo social consensuado de los gualeguaychuenses, un enorme rampa de lanzamiento que permitió a varios dirigentes ponerse a la cabeza del reclamo. Y de yapa, en la tapa de los diarios.

Una de los momentos históricos, así como el campo lo tuvo en el 2008, fue el 29 de abril de 2007 cuando políticos, vecinos, dirigentes marcharon sobre el puente paralizando la provincia. Chicos en bicicleta, familias, dirigentes fueron parte de una gran marcha en la que el entonces vicegobernador Guillermo Pedro Guastavino se puso al frente del reclamo: "Lo único que no negociamos es que Botnia se vaya del río. De ahí no nos movemos, porque es más fácil mover la planta que a los 82.000 habitantes de Gualeguaychú" , había dicho entonces el ahora senador que estuvo acompañado por los intendentes saliente y electo de esta ciudad, Juan José Bahillo y Daniel Irigoyen, respectivamente.

La mención de estos nombres es al sólo efecto de ubicarnos en la línea histórica de la política y de argumentar con datos ciertos que ella aún tiene muchas materias pendientes con su renovación. Desde 2007 hasta ahora, los mismos nombres son los que han tenido una actitud pendular sobre un mismo tema: El ambiental. Y claro, Botnia.

Un breve repaso por aquellos años nos permite encontrar que los mismos actores que declararon esa lucha una causa nacional la abandonaron poco tiempo después cuando el viento comenzó a soplar en otra dirección.

Durante mucho tiempo, la orfandad de los asambleístas reveló la indiferencia del Estado frente al conflicto pero también la ausencia de una conciencia ambiental que ponga norte a una discusión que se profundizaba sin rigor científico.

Los monitoreos nunca pudieron ser la brújula de una discusión añeja porque se guardaron bajo siete llaves. Las mismas que conservaron en secreto la polución que iba carcomiendo la costa a manos de la desaprensión de los funcionarios municipales que, sin ruborizarse y mucho menos pensar en el futuro de sus hijos, miraron a un costado mientras desperdicios y efluentes caían a la misma costa que aseguraban preservar de Botnia.

Muchos fueron los nombres que hicieron la historia de esta lucha ambiental que tuvo, incluso, mártires en las cárceles mientras el mismo gobierno que azuzó la causa ambiental miraba para otro lado cuando los protagonistas de la lucha marchaban presos.

A diez años de esta lucha, de uno y otro lado, tienen los mismos actores que olvidan con más rapidez que la normal sus posiciones para tomar una nueva que los ponga a tono con el discurso oficial.

Ahora y contra todos los pronósticos, una ley que una década más tarde suena un poco rígida se pone en discusión. Es que su letra, al margen de las buenas intenciones del momento, no alcanzó para frenar el funcionamiento de Botnia y tampoco para cambiar su ubicación. Sí, en cambio, paró la producción de un sector que en la provincia puede dar mucho más.

El gobernador Gustavo Bordet aseguró que la provincia de Entre Ríos, en materia foresto industrial, "pierde competitividad ante sus pares de otras provincias y estas cuestiones hay que corregirlas", al enviar al Senado provincial un proyecto de modificación de la ley que hace que Entre Ríos sea la única provincia que no puede exportar madera al Uruguay.
"Hay un pedido concreto y expreso tanto de la Asociación Forestal Argentina, que nuclea a los productores forestales de todo el país, como del Centro de Desarrollo Foresto Industrial (Cedefi), y obviamente los productores que están en el sector para poder regularizar y normalizar esta situación", afirmó y explicó que "la realidad nos obliga a asumir un desafío, no mirar al costado, y como gobierno debemos tomar todas las determinaciones a nuestro alcance, para defender la actividad y a quienes trabajan en la industria forestal. Venimos promoviendo la exportación de nuestra producción porque es lo que generan divisas y más empleo" y el "sector foresto industrial pierde competitividad ante sus pares de otras provincias y estas cuestiones hay que corregirlas. Ya no podemos sostener una ley que perjudica claramente los intereses de la provincia, genera una pérdida de competitividad enorme para el sector industrial, y hace que la mayoría de las empresas se radiquen en Corrientes y no en Entre Ríos, diferente sería si en las veintitrés provincias restantes existiera la misma restricción. Nosotros nunca vimos al Uruguay como competidor y menos como un país enemigo, sino que lo vimos integrado a la región, y hay profundos lazos que nos unen y no solo desde lo comercial sino también desde lo cultural y desde la historia misma", dijo el gobernador dejando atrás algunos íconos del a discusión de los años de marcha sobre el puente.

Ahora, y en un marco diferente, con nuevos valores fuertemente instalados en cuanto a la necesidad de crear conciencia ambiental, preservar el medio ambiente y garantizar desarrollos sustentables, vuelve a ponerse en el tapete un tema que, por falta de políticas de Estado, ha quedado siempre en manos del voluntariado social.

Diez años más tarde, y por demanda de la industria el Estado advierte que en vez de la indiferencia, puede promover la producción asegurando calidad ambiental. La fórmula para el progreso, que aún está en discusión, no será nunca blanco o negro, pero podrá alcanzarse si hay una conversación que la haga posible. La paradoja es que esa conversación hoy no tiene como puntapié inicial el cuidado del medio ambiente o una decisión estratégica frente a Botnia, sino el de reactivar un segmento que siempre jugó en esta historia un papel personal.

En esos matices, y advirtiendo que nunca pudo la ley de la Madera frenar la producción de Botnia y mucho menos la radicación de una nueva pastera, se hallará, seguramente, un nuevo marco legal para que, sin favorecer a la planta de celulosa se allane el camino de los que quieren trabajar.

La ley superadora de la que habla el gobieno ofrece poco y no hay, hasta ahora, un plan forestal serio. Estas dos situaciones son las patas mas flacas de una acción que promete ser polémica y larga. Sin plan, la ley de la Madera puede seguir existiendo.

La decisión del gobierno nacional y provincial de derogar la ley de la Madera para buscar un plan forestal que reactive el sector sirvió para volver a sentar en una misma mesa a ambientalistas y el Estado. Una conversación que se debían desde 2007 cuando el conflicto estalló en las manos de los vecinos frente a la complicidad indiferente del Estado.

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