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El desafuero y los desaforados

La riqueza del lenguaje y sus bondades ilimitadas, más en el caso del español por sobre otros idiomas, permite confusiones y claramente, dobles interpretaciones. Sin embargo, frente a hechos concretos, las similitudes fonéticas quedan a un costado. Es que, en este caso, entre los que piden el desafuero y los que han sido unos desaforados en el abuso del ejercicio del poder público, no puede haber confusión alguna.

La semana post electoral, ya que la anteriores quedaron subsumidas en el debate interno de cada una de las fuerzas a fin de cumplir, primero, con la presentación de listas y segundo, con las precandidaturas, quedó atravesada por la discusión acerca de los fueros del ex ministro kirchnerista, ahora diputado de la Nación, Julio De Vido.

La definición de esa cuestión, no es cosa indiferente para la política entrerriana, toda vez que en un rápido repaso, De Vido fue uno de los más influyentes y cercanos al poder local con quien trenzó una relación estrecha beneficiando, en años del sueño entrerriano, al gobierno local y a las constructoras amigas, cuestión por la que hasta ahora la Justicia trabaja sobre denuncias firmes.

En agosto de 2016, el penalista Rubén Pagliotto pidió que se investigue su responsabilidad como la del ex secretario de Obras Públicas, José López; de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner; y por fuera de la función pública también se investigue al empresario Lázaro Báez.

Fue después de que el empresario local de la construcción, Víctor Pietroboni, admitiera la existencia de discrecionalidades en el manejo de la adjudicación de la obra pública y su cartelización.

Esas declaraciones "revisten una gravedad inusitada porque cuenta detalladamente cómo es que las empresas deben recurrir a un método impúdico para no perder rentabilidad ante los sobornos que reciben", consideró entonces el abogado de Paraná, y agregó: "Es la primera vez que un peso pesado de la construcción reconoce explícitamente cómo se opera de manera corrupta en la obra pública".

La denuncia fue realizada ante la doctora Mariela Montefinale -secretaria subrogante-, a cargo de la Fiscalía Federal, que reemplaza a la representante del Ministerio Público Federal de Concepción del Uruguay, María de los Milagros Squivo.

La sospecha sobre el manejo desprolijo se desparramó sobre muchos de los empresarios locales que, rápidamente se sacudieron las solapas, y mudaron la piel pero conservaron los bolsillos llenos de las monedas que, en complicidad con gobernadores y ministro, consiguieron sin esfuerzo y con una moral tan flaca como liviana y acomodaticia.

De todos modos, y curiosamente las revelaciones de Pietroboni no le dieron ímpetu a la Justicia para actuar de oficio y la cosa quedó como una confesión de último momento que deglutió el poder político de un solo bocado.

De hecho, la Cámara de la Construcción se hizo la distraída frente al testimonio del empresario que, sin ponerse colorado, empañó el nombre de varios que lucraron hasta el último día con la obra pública que en vez de garantizar empleo, aseguraba unos gordos pesos extras que se repartían entre pocos.

Al margen de ese hecho, y volviendo al pedido de desafuero que ocupa hoy a la Cámara de Diputados, es indispensable aclarar que la paradoja no está dada en este acto, sino en el hecho de que el ex ministro y ahora diputado, no esté preso por las cientos de denuncias que pesan en su contra.

El historial de De Vido con la provincia fue tan intenso, que el propio gobernador Bordet debió asumir responsabilidades que no le eran propias cuando al inicio de su gestión y, ante una demanda del gobierno nacional, para controlar el uso de los fondos para viviendas, tuvo que devolver 2,5 millones de pesos porque los fondos habían llegado pero las obras nunca se hicieron a pesar de la enorme demanda de viviendas sociales que tiene a provincia.

En fin, ejemplos sobran. Lo cierto es que el desafuero de De Vido no es un tema ajeno a la historia de la provincia. Como no lo es tampoco el modo en que funciona esta protección parlamentaria que está pensada de una forma pero que finalmente funciona de otra.

Cierto es que, a la hora de las mayorías, son los números los que definen pero también es rigurosamente cierto que en muchas ocasiones amarrarse a los fueros no fue un acto en defensa de la libertad de expresión en el recinto, sino más bien un acto de cobardía que permitió usar como un escudo un arma que está diseñada para proteger la libertad de las ideas.

Al inicio de esta gestión, hubo legisladores que estrenaron la banca hablando de desafueros y de renunciar a esta protección. Ese grito al vacío también fue una herida al verdadero sentido de esta herramienta, porque sin modificaciones a la ley, no hay resignaciones individuales que valgan, aún cuando son pour le gallery.

Finalmente y más allá de De Vido, el debate de los fueros tiene, en algún punto, cierta similitud con la discusión de la pertenencia de las bancas. El problema no está en la norma, sino en el uso oportunista de quienes la administran. Y peor aún, si se trata de los que, por estar donde están, deben dar el ejemplo y no lo dan.

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