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El repentino interés de un banco

Los intersticios de los negocios bancarios no son ninguna noticia en sí mismos. Excepto que, por su cinismo, cobren notoriedad.

Ese fue el caso, esta semana, cuando los senadores provinciales sentaron a la mesa de diálogo, a representantes del Nuevo Bersa, que además de ser un banco, es el agente financiero de la provincia, con lo cual administra una cartera nada despreciable de al menos 80 mil empleados públicos, según la últimas estimaciones.

La reunión se difundió a los medios desde el Nuevo BERSA como "El Banco y los senadores buscan mejorar la atención al cliente", título en el que poco se decía del reclamo que hicieron los legisladores del Senado, en el bloque de Cambiemos, y menos aun sobre las causas que dejan a miles de clientes cautivos sin un centavo en sus cuentas, cada fin de semana.

Tras la reunión y según la versión oficial del banco, en la que su gerente, Miguel Malatesta, es el protagonista, "este tipo de reuniones nos permiten intercambiar opiniones y así poder mejorar los servicios del Banco"

"Nosotros somos el agente financiero de la provincia y como tal, trabajamos permanentemente para optimizar los servicios que brindamos, ya sea incorporando tecnología, remodelando nuestras sucursales o capacitando los recursos humanos", explicó Malatesta, que aseguró además que el banco que regentea "294 cajeros automáticos en la provincia" lo que - según sus cálculos "representa el 60% del total de los cajeros que tiene Entre Ríos" al tiempo que el sello crediticio cuenta con "más de 770 puntos de contacto en la provincia y con una red propia de 320 cajeros automáticos en la región", dijo en el escueto comunicado donde no se pudo apreciar en cambio, por qué sus cajeros están vacios a la hora de que los asalariados busquen los pesos que necesitan.

Lo más curioso es que la reunión nunca fue para saber cuántos cajeros tiene el Banco de Eskenazi, sino por qué razón todos los que tienen no funcionan como corresponden, o al menos, no cumplen con el objetivo para el que fueron habilitados.

Algunos, que miran de reojo el negocio bancario, aseguran que la falta de dinero ocurre porque sus directivos "se niegan a pagar una comisión al Central y prefieren quedarse sin billetes a costa de los clientes, para ahorrarse esa comisión".

Ante esa posibilidad, los senadores manifestaron su indignación y rechazaron la acción de "coartar arbitraria y alevosamente los retiros de dinero de trabajadores y jubilados provinciales".

La declaración de los legisladores antecedió a la reunión con el gerente que tuvo lugar esta semana y fue de algún modo la acción pública que la disparó un pedido de informes exigiendo explicaciones sobre "este abusivo atropello" - tal como lo llamaron - al tiempo que anunciaron que reclamarían "una exhaustiva investigación sobre los trascendidos de que la medida obedecería a una chicana política de los directivos, contra medidas del Banco Central en particular y contra el Gobierno Nacional en general, en el marco de la campaña electoral".

Más llano aún, los senadores coincidieron en que la entidad bancaria "le faltó gravemente el respeto a los miles de activos y pasivos provinciales al ordenar, explícitamente, y sin ninguna justificación, impedir a sus clientes disponer de su propio dinero".

Sin embargo, el escueto comunicado oficial del banco no hizo ninguna referencia a ese tema y tampoco a la razón que mueve a los legisladores provinciales de la Cámara de Diputados y del Senado a pedir, con constancia inusual y periódicamente, cajeros para distintas localidades de la provincia.

De todos modos, Malatesta se quedó corto. Así como debió explicar por qué el banco se queda con la plata de los clientes cautivos el fin de semana, hubiera debido admitir que la ley de espera también es una gran deuda de la entidad bancaria que deja a la intemperie a todos los aportantes.

La Ley Nº 10.236 rige en la provincia desde septiembre de 2013 y establece, entre sus principales puntos, que se considera "práctica abusiva" y contraria al "trato digno" de usuarios y consumidores en locales de acceso a la atención masiva al público la demora mayor de 30 minutos en espera en las cajas habilitadas para cobros y pagos; así como también al tiempo de espera superior a los 60 minutos para ser atendido, aún cuando se provea de asientos, existan instalaciones sanitarias y el orden de atención sea según talón numerado.

De esta norma, Malatesta y el banco nunca dijeron nada, como tampoco de las largas colas que atraviesan las aceras, bajo sol o sombra, y mucho menos de la ausencia de instalaciones sanitarias que salven de un momento incómodo a los que, por decisión ajena, peregrinan por los cajeros de la provincia.

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