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La reforma judicial y la industria del juicio: Causa y efecto

El discurso del gobernador Gustavo Bordet tuvo, entre los anuncios más importantes, el de una reforma judicial. La trascendencia no está dada sólo por el peso que per se tiene la decisión, sino también por su contexto. Horas antes de esa revelación uno de los jueces históricos del bustismo caía sin red desde un sillón en la magistratura al olvido, luego de un escandaloso proceso que arrastró a la presidente de la Corte local, Claudia Mizawak, que pudo salvar sus ropas gracias a la mayoría que aplicó el oficialismo en complicidad con el bustismo.

Justamente es Mizawak la que, en funciones pero herida de muerte, capitaliza el anuncio y adelanta que el poder que ella representa será consultado en el proceso de cambio de la Justicia local.

La idea del gobernador fue bien recibida por todos los sectores. En la trastienda del poder, entienden que la reforma es una "causa -efecto" al escándalo que puso al borde del enjuiciamiento a Mizawak, y también a Bernardo Salduna al que no le alcanzó el orgullo para mantenerse en sus dichos y fue horas más tarde a contradecirse a sí mismo y al mismo medio, pero ahora de la mano de Mizawak.

La reforma de la Justicia fue un punto final. Un quiebre. Y una buena idea dejar atrás la cascada de cuestionamientos que se generaron por las denuncias cruzadas y el bochornoso uso de los recursos públicos sin control alguno, con la paradoja que los salarios de los magistrados, no sólo no tributan , sino que además están muy por encima de la media provincial.

La reforma, en sí misma, no alcanzará a cambiar la flaca moral de los magistrados que rellenaron las tapas de los diarios con sus malos hábitos. La reforma debe ser más profunda, más de fondo, pero hay que dar un primer paso.

"En Entre Ríos las instituciones están funcionando perfectamente", dijo al finalizar su discurso Bordet, y reiteró que "en nuestra gestión hemos sido respetuosos de la independencia de Poderes", y que "jamás hemos intervenido sobre otro poder y mucho menos, lo hemos hecho sobre el poder judicial".

"Pero también entendemos que la organización del poder judicial está regulada en la llamada Ley 6902, en realidad, un decreto del 26 de marzo de 1982, plena dictadura", y que "no ha sido actualizada luego de tres acontecimientos jurídicos extraordinarios: la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la reforma de la Constitución Provincial de 2008 y la reforma del Código Civil y Comercial que entró en vigencia en 2015".

"No cabe duda que se impone una reforma a la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, en sintonía con la vigencia de un nuevo constitucionalismo y de un derecho moderno que no solo exige la defensa de la libertad sino que nos impone la realización de acciones concretas y positivas en procura de hacer eficaces los derechos humanos y los derechos económicos y sociales", sostuvo en el tramo final de su discurso.

"Por eso, señores legisladores estaré enviando un proyecto para reforma de estas instituciones del poder judicial, para lo cual lograremos los consensos de unanimidad que son necesarios para tener instituciones acordes a lo que los tiempos nos están exigiendo", afirmó Bordet, que cerró el anuncio ante un espontaneo y caluroso aplauso.

Horas más tarde, Mizawak adelantó que será la Corte la que se ocupará de enviar un proyecto con una propuesta de modificación. Es que con la reforma de 2008, la Justicia quedó habilitada para proponer textos de ley.

Un sector de los abogados, liderados por María Emma Bargagna, que pujan por la conducción del Colegio que está en manos oficialistas desde hace años, también clamó por participar en el proceso de reforma.

Al margen de estas primeras reacciones, lo cierto es que la Justicia tiene otra conversación con el Poder Ejecutivo: La industria del juicio.

Días atrás, se conoció que en la provincia, las demandas contra el Estado treparon en un 50 por ciento y gran parte de ellas están impulsadas por frustrados afiliados al IOSPER.

La discusión política y los supuestos beneficios al ex gobernador Urribarri tapó, absolutamente, un tema mucho más costoso para las arcas provinciales. Sin embargo, el fin es el mismo. Tanto el ex gobernador como ahora el Ejecutivo necesitaban cambiar los criterios resolutivos de la Sala Penal, lo que se lograba con la salida de Chiara Díaz.
Algunas cifras oficiales
En 2016, hubo un aumento del 48% en la cantidad de causas que tramitó la Administración Pública respecto a 2015. El dato surge de un informe que elaboró la Fiscalía de Estado: el año último se tramitaron 533 amparos, casi el doble de los 359 que litigaron en 2015. Las demandas están dirigidas, principalmente, contra el IOSPER

"En primera instancia, todos los fallos son contrarios al Iosper. Y en el Superior Tribunal, con la anterior conformación, también teníamos todo en contra", dijo el presidente del IOSPER, Fernando Cañete. Se refiere a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), donde renunció el vocal Carlos Alberto Chiara Díaz, que así pudo zafar del proceso de juicio político. Uno de los reproches que le hicieron en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados fue, precisamente, su permeabilidad a los amparos contra el Iosper.

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