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Pagalo con la tarjeta !!!

Cuando todavía retumbaba en el centro cívico el ruido rasgado del roce de las ropas de 35 diputados levantando la mano para bajarle el pulgar al juez Carlos Alberto Chiara Díaz, el gobierno tuvo que distraerse en otro tema: Es que al mismo tiempo debió atender otro frente no menos escandaloso: La inyección de capitales privados a la tarjeta estatal Sidecreer.

La empresa es, junto con la Caja de Jubilaciones, el Iosper y la UADER, el nudo gordiano de la administración Bordet: Es que sincerar sus estados de quebranto tiene un costo político inmenso, tanto como sanearlas o dejarlas caer. En el caso de Sidecreer su génesis está atada - recordarán los más memoriosos - a la dura relación del gobierno de Sergio Montiel y el ministro Domingo Cavallo cuando los bonos federales eran los únicos parias de la república que legitimaba, en cambio, patacones y lecop.

El segundo gobierno de Montiel tuvo la impronta de los años secos y la tarjeta apuntaba a descomprimir la angustia de los estatales que, con los federales en los bolsillos, hacían colas en los pocos supermercados que les reconocían el 1 a 1.

Ahora, la crisis es de la tarjeta pero, si cae, se lleva puestos a muchos estatales. La posibilidad de sanearla y sostenerla fueron algunos de los argumentos del gobierno para defender la capitalización y justificar el llamado a licitación que llegó primero a los medios y un poco más tarde a la oposición. Es que la licitación se difundió en medios nacionales, a pesar de que los actos de Gobierno, como manda la Constitución, deben difundirse por los diarios de mayor tirada, pero locales.

Al margen de ese detalle, la inyección de dinero para sostenerla sonó casi inocente frente a la hipótesis que se rumoreaba: Que el tema ya estaba cerrado. Y que era cuestión de horas, liquidarlo. Es que a muchos, teniendo en cuenta los ribetes del acuerdo de la provincia con Eskenazi con el Nuevo Bersa como agente financiero de la provincia, se les hizo agua la boca: La ecuación es similar: Para unos y otros, hay una población de empleados cautivos que de arranque aseguran el negocio.

Entre las explicaciones que balbuceó el gobierno (sin hacer autocrítica y mucho menos un repaso hacia atrás) está el sobredimensionamiento de la empresa que, como pasa en el Estado, se convirtió en una gran empleadora a la hora de los favores políticos. Claro está que la responsabilidad de esto no la tiene ningún otro sino el espectro político que llena como hormiguero cada espacio que encuentra.

Sidecreer tampoco pudo escapar de las garras de flaqueza moral. Desde hace años funcionarios de tercera línea, de diferentes puntos de la provincia, fueron denunciados por el uso indebido del sistema en Gualeguaychú, Maciá, La Paz, entre otros departamentos en los que la tarjeta pagaba un pasar relativamente acomodado de funcionarios en vez de los alimentos de comedores o planes asistenciales.

A un costado de esas debilidades, se apoyaron otras no menos perjudiciales. Es que el sistema de Sidecreer terminó siendo funcional a la usura y a las financieras. Así lo denunció la diputada (MC), María Emma Bargagna que en su paso por el recinto y en toda soledad propuso poner un tope del 5 por ciento para los intereses de las financieras, un tope que antes había sido regulado a nivel nacional por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

"Es importante advertir que Sidecreer ha ido transfiriendo con el tiempo su rol a las mutuales y al ser un servicio creado por el Estado tiene posibilidades de fijar códigos para el cobro de sus servicios lo que le garantiza una cartera de cobrabilidad absoluta, pero el objetivo en sí de la tarjeta se ha ido desnaturalizando", advirtió Bargagna.

Para la diputada, ese proceso de desnaturalización se produce cuando Sidecreer "terceriza los servicios y las mutuales son sus prestatarias y cobran intereses elevadísimos", denunciaba ella en 2012.

De acuerdo a la ley de Entidades Financieras (N° 21.562) y también al Código Fiscal de la provincia, quienes prestan servicios financieros deben pagar impuestos. Sin embargo, una cantidad importante de agencias financieras no tributan en la provincia el Impuesto a los Ingresos Brutos ni el Impuesto de Sellos. Esto es posible porque esa operatoria se realiza tras la fachada de una mutual, un tipo de entidad que sí está exenta del pago de esos tributos.

Cuatro años más tarde, los dichos de la diputada socialista recobran vigor. Es que las financieras se deglutieron la tarjeta y los bolsillos de los estatales frente a la indiferencia del Estado que habilitó el cobro de intereses altísimos. La contracara de esto es que muchos estatales quedaron al borde de la quiebra y también al borde de perder su trabajo porque la Constitución entrerriana también es clara respecto de esto. Pasa que en el Artículo 43, la Carta provincial, fija que no podrán ser empleados públicos ni legisladores "los deudores de la provincia que, ejecutados legalmente, no hayan pagado sus deudas y los inhabilitados por sentencia".

Uno de los primeros cimbronazos colectivos ocurrió en 2011 cuando un gupo de empleados públicos se presentó ante la Justicia para declararse en quiebra.

La denuncia de Bargagna no era infundada. El ex convencional constituyente, el entonces intransigente y más tarde frenteamplista Nelio Calza había llegado a Sidecreer con Jorge Busti, época en la que la tarjeta le abrió las puertas a las financieras Mutual Urquiza, de Walter Grenon, que se asoció a El Diario de Paraná para después abandonar el negocio, la Mutual Modelo, de Adrián Bruffal, y a la a Mutual 10 de Abril.

Ahora y frente al escándalo político, el oficialismo advirtió que su estrategia es salvar a Sidecreer de las mismas garras que le puso encima. Lo que no ha advertido es que en vez de entregarla a los privados , quizás simplemente pueda sacarle el agobio de los que la usufructuan a costo cero.
Algo más sobre el juez
Para cerrar la semana política, que ha sido por cierto intensa y aún no ha terminado, el lunes se reunirá por primera vez la "corte" legislativa que debe avanzar con el enjuiciamiento al vocal Carlos Alberto Chiara Díaz, de quien sabemos ahora y por la unanimidad de los diputados que es un conspicuo viaticador y constante faltador, aunque logra tener sus sentencias al día.

La paradoja de las triangulaciones del poder: Adán Bahl que complicó el armado urribarrista y que todavía no termina de encolumnarse tiene ahora, entre las cuerdas, al vocal que, por tratarse de un funcionario del Poder Judicial será juzgado por esa corte que presidirán el vicepresidente primero y segundo del Senado. Uno de ellos, un repitente urribarrista que ha podido tolerar las embestidas de su copoblano y también vocal, Emilio Castrillón. Aldo Ballestena, el paceño que condujo Asuntos Constitucionales hasta esta gestión y que nunca logró avanzar con el defensor del Pueblo (que hasta ahora se debe) será uno de los que lidere el proceso de enjuiciamiento acompañado por Nicolás Mattiauda el senador de Gualeguaychú, enrolado en Cambiemos.

El lunes, los diputados que integran la comisión de enjuiciamiento deberán respaldar ante los senadores, su decisión. Esa tarea no es compleja. En el recinto y después e algunos escarceos, todos los bloques le bajaron el pulgar al juez mientras el presidente de la Cámara sentía que el destino volvía a hacerle un guiño a su favor. Sin embargo, lo que no se pudo manejar desde el oráculo fue la suerte de Mizawak, la presidente del cuestionado Tribunal que ahora, también enfrenta un pedido de enjuiciamiento que en pleno receso podría ser tratado.

Las vacancias, aún involuntarias, no se quedarían en este par de ex compañeros del bustismo, sino que podría ampliarse si cobra rigor el fuerte rumor de que también Bernardo Salduna deja el palacio. La diferencia entre esta silla y las otras es que el concordiense no integra la codiciada sala penal de cuyos hilos pende el futuro de muchos políticos, incluso protagonistas de la votación de Diputados.

Hasta acá, la Cámara baja pudo establecer que el vocal era un viaticador serial y también incapaz de concurrir a diario a su despacho, aunque lo hizo sobre una comparativa sesgada que , en lo general, hubiera podido mostrar otra realidad.

Lo que no pudo explicar frente a estas inconductas es cómo el juez tiene sus sentencias al orden del día. Y mucho menos si los viajes son el principal problema del palacio judicial donde las armas entran por un pasillo y salen por otro, previo paso por una caja interna que funcionó ante las narices de toda la corporación. También y a pesar de la condena, faltó responder cómo Chiara Diáz es responsable de cobrar viáticos y los co firmantes de habilitarlos, no.

En fin, también quedó en el tintero cuál es el real espíritu del artículo 47 de la Constitución provincial que taxativamente prohíbe múltiples funciones, pero no especifica si es para todos o si sólo se aplica a los caídos en desgracia. De esa lectura dependerá ahora que el resto de los vocales se capacite, asista a cursos, dicte clases y también, por supuesto, asista a eventos sociales que podrían terminar con su carrera.

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