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Si se los vigila, son mejores

La semana que cierra este viernes fue breve y, como dice el refrán, lo bueno, si breve, doblemente bueno. Finalmente, el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Chiara Díaz, quizás fracasó en el intento de instalar su inocencia, aunque logró, en cambio, que la cuestión por la que se lo juzga sea también una razón para observar a sus pares. Ahora Diputados quiere saber qué pasa con los recursos que tiene asignados la Justicia y, por lo menos, comprender quiénes y en qué lo gastan.

Así acordó la comisión de Asuntos Constitucionales seguir la investigación que tiene como protagonista al vocal pero que hasta ahora ha significado un norme boomerang para la dirigencia judicial y política que esperaba cerrar el caso antes de que le llegaran al oído las preguntas de siempre, y que hasta ahora contestaron con evasivas.

El proceso que se sigue en Diputados reveló cuestiones anexas más ligadas al sentido común que a la deliberación política. ¿Cómo es posible que el manejo discrecional de los fondos no sea una razón de preocupación o estudio? Y la otra, más simple y pragmática, ¿quién controla los poderes? Para cerrar con la pregunta del millón: ¿La Justicia actuará de oficio?

La división del sistema republicano que nos contiene, es una de las mejores razones para sostenerlo. Sin embargo, parece que a esa noción ideal del Estado republicano se contrapone la moral flaca de los servidores públicos. Es que esta semana, los habitantes ocasionales del Palacio de Justicia sintieron en el cuello la presión del ojo ajeno: ¿Por qué, con uno de los sueldos más altos, cobran viáticos y la otra, quién controla?. "El hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor", decía el general Juan Domingo Perón, que sin pensar en los viáticos de los jueces advertía entonces las flaquezas humanas.

De hecho, cuentan que esta semana la tensión judicial no se posó sólo en los hombros de Chiara Díaz sino que recorrió la humanidad de todo el Tribunal que, como nunca, llegó y partió a horario de su casa y del trabajo. Cuentan los más memoriosos que, como hace años no se ve, estas semanas retomaron en algunos despachos las buenas costumbres y la ejemplaridad lo que incluye, claro está, horarios a tiempo y otras buenas formas de la civilidad judicial.

Al margen de ello y del susto momentáneo del Tribunal, el trasfondo de la discusión sigue siendo oscuro. Y más se ensombrece conforme pasan los días sin que la Justicia decida meterse, de oficio, en el tema.

La Justicia no tuvo descanso esta semana porque más allá del juicio a Chiara Díaz y sus implicancias, otro episodio, no menos escandaloso, puso en el tapete la duda sobre el funcionamiento de algunos mecanismos en el Estado.

El proceso de adopción de dos menores por parte de un matrimonio ligado al derecho desvistió las desprolijidades de un sistema que, contando con todos los filtros para que funcione, genera error. Ese fue el caso del abogado que logró una adopción con el consentimiento de una jueza que desoyó la opinión de los profesionales que desaconsejaron esa decisión. La noticia trascendió por muchas razones, porque se trata de un abogado ligado a la Defensoría, porque involucra menores y un proceso de adopción pero también porque la jueza interviniente que no atendió el consejo, tiene su pliego aprobado por el Senado y ahora en manos del gobernador.

Los filtros están puestos para que la cosa funcione, pero la falla, lo que en el control vehicular denominan como error humano, también está presente en la Justicia.

La semana política también tuvo su tapa en la Legislatura donde las migajas de la tarjeta estatal Sidecreeer fueron tema en el recinto. Senadores y diputados de Cambiemos advirtieron sobre la frágil situación de la empresa que pergeñó Sergio Montiel y reclamaron el resguardo de la fuente laboral.

La tarjeta de los estatales estuvo en la tapa de los medios tiempo atrás cuando se investigaba el préstamo de códigos de descuentos para que operen las financieras que, a tasas caníbales, van por los raídos bolsillos estatales. El combo era perfecto. Un entrecruzamiento de datos permitía a los financistas hacerse de un directorio de estales quebrados a los que socorría a través de la firma estatal.

La necesidad del auxilio está empujada por la Constitución que advierte la incompetencia de trabajar en el Estado y estar quebrado.

Entonces se avanzó legislativamente en la idea de limitar las tasas de las financieras, que por supuesto no prosperó. Una de las perjudicadas por la medida era la propia tarjeta del Estado que hacía de pantalla de otras empresas prestamistas.

Hoy, algunos advierten que la intención de sanearla a través de una licitación será más nocivo para la provincia que el contrato de la empresa Eskenazi a través del Nuevo Bersa como agente financiero. Sobre ese negocio también se habló en Diputados esta semana cuando el oficialismo empujó la ley que aumenta los aportes para las Juntas de Gobierno pero no les da la autonomía que sí les asigna la Constitución. La ecuación sigue siendo perdidosa para los presidentes de estos gobiernos que, con unos pesos más en el bolsillo, siguen amarrados al humor de los que gobiernan.

La decisión de traer al recinto la comparación del Nuevo Bersa vino a raíz de que la inversión para las Juntas sigue siendo sustantivamente menor a la que cobra el Banco, que en Santa Fe paga para prestar el mismo servicio también como en Entre Ríos a una cartera de clientes cautivos a los que no les llega, ni por derrame, la aplicación de la ley de media hora de espera. Es que a un par de años de la sanción de esa norma, los que cobran en el Bersa lo hacen bajo las condiciones climáticas más angustiantes y estoicamente de pie, dure lo que dure, la siempre pintoresca cola.

La semana que viene opera el período de sesiones ordinarias y cierra el primer año de gestión legislativa . El saldo, interesante aunque en el Congreso la cosa tiene otro color. Otra vez los cinco díscolos de Bordet votaron en contra del oficialismo nacional. El costo de la votación lo paga Entre Ríos que deberá reprogramar su presupuesto en base a un nuevo cálculo. Eso en materia económica. En cuanto a lo político, el juego del policía malo y el policía bueno desnuda las relaciones y adelanta un juego poco esperanzador para el gobierno en el Senado.

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