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¿En qué está la Ley de Mercado de Capitales?

Hasta hace poco considerada crucial, la norma parece haber caído en las redes de la inactividad parlamentaria preelectoral

En lo que va del año, el índice Merval de acciones ha subido más de 30%. En el último año, el volumen negociado en la Bolsa casi se duplicó. Dicen los analistas que las mejoras se derivan no sólo de las mayores ganancias sino, sobre todo, de la esperada re-inclusión de las acciones argentinas dentro de los índices de mercados emergentes, luego de años de ostracismo como mercado de frontera, y de la confianza en que la agenda de reformas del Presidente Macri será llevada a cabo.

Entre éstas, la reforma de la ley de mercado de capitales es considerada crucial para revivir el interés de los inversores por los activos argentinos. Resulta que la ley 26831, de fines de 2012, había dejado al mercado herido. Esta ley, de sesgo intervencionista, contiene varios artículos contrarios al espíritu de aquello que regula: un mercado de capitales. Lograr una norma con un espíritu amigable para con el inversor fue la premisa que derivó en el proyecto de ley que en noviembre del año pasado ingresó al Congreso de la Nación.

Al contrario de lo que se percibe en nuestro país, en los países con mercados de capitales desarrollados la inversión financiera no es vista como una actividad especulativa, sino como una alternativa de intermediación entre ahorro e inversión más ágil y eficiente que la que ofrecen los bancos.

En diálogo con El Entre Ríos, Carlos Hourbeigt, director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), destacó que el principal objetivo del proyecto es generar un mayor desarrollo del mercado de capitales y tornarlo más atractivo para los inversores. Hourbeigt dijo que la ley contiene muchos aspectos tendientes a lograr estos objetivos, algunos de naturaleza regulatoria y otros de naturaleza impositiva.

Uno de los principales componentes del proyecto consistiría en el cambio en el tratamiento impositivo de algunos tipos de inversiones, entre los cuales se destacan los fondos de inversión cerrados, un tipo de vehículo que recibe dinero a largo plazo para encarar proyectos de inversión que demandan tiempo para madurar. Hasta hoy, el problema de los fondos cerrados es de naturaleza impositiva, pues tanto el fondo como los cuotapartistas son gravados con el impuesto a las ganancias a la tasa general de 35%. Esto hace que la mayoría de los proyectos terminen por ser inviables. La nueva ley de mercado de capitales vendría a corregir este problema, entre otros.

Además, eliminaría la potestad de la CNV de intervenir empresas sin intervención judicial, crearía nuevas figuras de inversión como los fondos de cobertura y los fondos que replican índices, y crearía la figura de "agente global de inversiones", con la que se buscaría repatriar a la banca privada que se había visto forzada a emigrar.

Aprobar la Ley no resultaba trivial en el marco del proceso de blanqueo de capitales y la política de atracción de inversores. Pero en diciembre pasó lo que pasó con la discusión legislativa de la Ley de Impuesto a las Ganancias y la cosa se empantanó. De la urgencia que había llevado a incluir el proyecto en la agenda de sesiones extraordinarias se pasó a una nueva situación en que el Gobierno decidió dejar de quemar cartuchos políticos en el Congreso.

No sólo el proyecto de ley de Mercado de Capitales fue cajoneado, sino que el Congreso dejó, virtualmente, de funcionar en 2017, luego del exitoso experimento de gobernabilidad que en 2016 había permitido aprobar varias leyes clave. Todo indica que hasta después de las elecciones legislativas el Congreso no tratará temas espinosos.

Con todo, hace un par de semanas los medios comenzaron a especular con que el Gobierno buscaría pasar algunos puntos del proyecto por Decreto de Necesidad y Urgencia o normas de la CNV. Será difícil que esa vía alcance para legislar en materia impositiva sin generar un escándalo político como los que parecen querer ser evitados antes de las elecciones.

La reforma de la Ley de Mercado de Capitales es necesaria y su aprobación no debería depender de que haya o no elecciones legislativas. La legislación actual es contraria al espíritu del mercado de capitales y a la política económica aperturista del Gobierno. El proyecto de ley fue bien pensado y contiene muchas buenas ideas. Sería interesante que las buenas ideas, con efectos positivos de largo plazo, revivan y no queden presas de las urgencias de la conveniencia política.

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