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El cambio cultural, también gradual

El Gobierno dice encarnar un cambio cultural; debería aprovechar el empujón de las elecciones para acelerarlo

Desde el inicio del mandato de Macri, voceros del Gobierno se empeñaron en declamar que la búsqueda de una mayor calidad institucional constituía un objetivo primordial de la administración. Ciertamente, hubo mejoras, principalmente en las áreas vinculadas con la economía.

La normalización del INDEC y el regreso de las estadísticas confiables sobresalen, como también lo hace la eliminación del cepo cambiario (se pueden comprar o vender dólares sin problemas), o el hecho de haber devuelto al Banco Central su función esencial de defensor del valor de la moneda y haberle quitado gran parte de la carga de tener que ser el principal sostén financiero del déficit del Tesoro.

También mejora la calidad institucional del país la corrección gradual de las tarifas de servicios públicos y la reinstauración del marco regulatorio. No sólo porque se corrigen los precios relativos y se elimina la injusticia evidente que hacía que los impuestos nacionales financiaran subsidios que para el Gran Buenos Aires. Más que eso, se ha corregido una aberración: en realidad, el marco legal de las empresas de servicios públicos nunca dejó de existir, sino que simplemente el estado optó por ignorarlo.

En frentes distintos de la economía, sin embargo, los avances no lucen con tanta claridad. En especial, no se han visto grandes avances en el frente judicial, donde jueces y fiscales parecen seguir atados a un modus operandi casi ancestral, en el cual las acusaciones y sentencias parecen estar determinadas por los tiempos políticos más que por las pruebas. El promocionado plan Justicia 2020 que impulsara el ministro Garavano parece haber quedado temporariamente enterrado en el mundo de las ideas y Gils Carbó ha resistido todos los embates y sigue siendo un freno en la lucha contra la corrupción.

Un destino similar al de Justicia 2020 tuvo el esbozo de reforma de la ley electoral de un año atrás. Su paso por el Senado definió que un proyecto ambicioso concluyera con una reformita. Tal es así que, durante esta semana en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, el tema de la financiación de las campañas políticas volvió a salir a la luz.

Tan a la luz que de manera descarnada se afirmó que "el 80% de la financiación de las campañas es en negro". Dicho en simultáneo con un proceso electoral que ocurre poco después de concluido el mayor blanqueo de la historia, esto debería provocar escozor. ¿Si se sigue generando tanto negro, para qué sirvió el blanqueo?

El Gobierno insiste en que está en marcha un cambio cultural que redundará en un aumento de la calidad de nuestras instituciones. El trabajo que se está llevando a cabo para perseguir a sospechosos de corrupción es loable, aunque no deja de sorprender que prácticamente no haya sospechas ni denuncias de la Oficina Anticorrupción (OA) sobre funcionarios en actividad. Que un Gobierno culpe a sus tropas sería, sin dudas, un verdadero indicio respecto de que está ocurriendo un cambio cultural.

Un cambio cultural al que se refirió el jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante el coloquio de IDEA, cuando ratificó el compromiso del Gobierno con tal cambio. Hasta tal punto que aseveró que el cambio no responde a una decisión de Macri, sino a un reclamo de la sociedad, que quiere dejar atrás décadas de fracaso causadas por la política.

Como se ha visto, el cambio cultural avanza y es evidente en algunos frentes. El INDEC, el BCRA, el tipo de cambio libre, los contratos cumplidos con las empresas de servicios públicos, constituyen avances importantes en pos del objetivo de alcanzar una mayor calidad institucional. Pero no son suficientes y no han sido acompañados por cambios similares en otras áreas, como la justicia o la financiación de las campañas electorales. Haber mejorado en términos relativos no es suficiente para afirmar que el cambio cultural está afirmado.

Una excusa, hasta ahora, ha sido que la minoría en el Congreso generó una incapacidad para encarar reformas más transformadoras. Con la legitimidad ampliada que, todo indica, le será conferida el próximo 22 de octubre, el foco del Gobierno debería pasar de la economía a lo que queda por hacer en materia de calidad de las instituciones. Que eso también mejorará la economía y aumentará el bienestar de los argentinos.

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