Columnistas Ver todas las columnas

Lo que el estado mejor hace: meterse donde no lo llaman

La re-regulación de las normas para que las aseguradoras inviertan sus carteras sugiere en el regulador una intención que no es inocente

¿Qué significa hablar con la verdad? ¿Significa no mentir más con las estadísticas? ¿O se trata de ir más allá de las cuestiones formales para significar, ante todo, que lo que se dice es lo que se piensa y que lo que se dice y se piensa es lo que se hace?

Se entiende que la política deba moverse dentro del terreno de lo posible, que a veces está a considerable distancia de lo ideal. Pero, en ciertas ocasiones, la forma en que se encaran las cosas permite sospechar que realmente se pretenda lo que se dice buscar.

Hace un par de semanas el ministro Dujovne dio a luz un proyecto de reforma impositiva que está a años luz de los objetivos que para el mismo venían siendo esbozados desde hace un año: cuesta encontrar en el proyecto una real reforma, una real simplificación o una baja de la presión tributaria.

No es una "reforma" algo que a duras penas parece un cambio de alícuotas entre impuestos existentes, eliminaciones de impuestos menores y creación de nuevos impuestos donde no los había. Estas mismas razones hacen que no haya simplificación alguna en la matriz impositiva, ni una baja evidente en la presión impositiva. Es más, es probable que cualquier rebaja en la carga de impuestos provenga de las provincias, a las que se les pide reducir impuestos provinciales que se superpongan con los nacionales.

Si el proyecto de reforma impositiva mostró una distancia llamativa entre el dicho y el hecho, la decisión que esta semana tomó la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) respecto de inversiones elegibles para las compañías de seguros sembró una nueva alerta. La resolución 41057 de la SSN tuvo reminiscencias inevitables con algunas deplorables prácticas del pasado.

Esta resolución modifica el listado de activos elegibles para las carteras de inversiones de las compañías de seguros. La mayor novedad es que de ahora en más se les prohíbe comprar Letras del Banco Central (Lebac). Tampoco les será permitido invertir en activos que hubieran sido emitidos por emisores del exterior.

A fin de junio, unos $145 mil millones de pesos, o casi el 50% de las carteras de las aseguradoras, estaba invertida en Lebac. A su vencimiento, éstas deberán ser reemplazadas por otros activos. Surge, a primera vista, una alternativa clara para las Lebac en los distintos tipos de bonos en pesos emitidos por el Tesoro: ajustables por inflación, de tasa fija, de tasa variable, en dólares. No existe un mercado de deuda de empresas tan difundido ni tan líquido como para resultar un reemplazo creíble para las Lebac.

De lo cual deriva una suposición inevitable: quizás la nueva norma no persiga lo que rezan sus considerandos, sino asegurar financiamiento local para el déficit del Tesoro.

No pocos actores del mercado se preguntaban, al momento del anuncio, qué diferencia había entre esta resolución y las adoptadas durante la administración anterior con el fin de dirigir el ahorro interno. Las resoluciones que prohibieron a las AFJP y luego al FGS invertir en el exterior, o las que forzaron a las aseguradoras a invertir en activos PyME a tasas inferiores a las de mercado, no fueron tan distintas a la resolución 41057 ni en la redacción ni en la motivación.

Ciertamente, prohibir a las aseguradoras invertir los pesos en el activo más seguro y más rentable del mercado no puede aumentar su solvencia, como tampoco lo hace la prohibición para que inviertan sus dólares en activos del exterior con mejor calificación que los argentinos. Por el contrario, la norma restringe las opciones de diversificación, por activos y por geografía, y enfoca las carteras en pocos instrumentos.

¿Cuál es la verdad con la que se supone que hablamos? Podría ser la de las estadísticas, o la de la percepción de mayor honradez en los funcionarios. Pero cuando llega la hora de buscar bolsillos, la política sigue haciendo lo que sabe hacer: apropiarse de rentas privadas para financiar un supuesto bien "público". Con mejores modales, tal vez, pero con discursos y considerandos que las resoluciones, luego, contradicen sin pudor.

No es un problema de este o aquel gobierno, sino de todos los gobiernos, o quizás un vicio innato de la política: se mete donde no la llaman y rompe lo que funcionaba bien. Parece cierto que se quiere cambiar, pero a veces, algunos cambios no parecen estar bien orientados.

¡Comentá esta nota!

Para escribir un comentario, antes deberás seleccionar una identidad.

[X]

* 600 caracteres disponibles

Comentarios

El comentario no será publicado ya que no encuadra dentro de las normas de participación de publicación preestablecidas.