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Los problemas bajo la alfombra

Que la economía no despegue no es culpa del BCRA, como ahora parece pensar la mayoría del Gobierno

La economía no termina de despegar. Sea porque la obra pública se demoró, o porque el flujo de inversión financiera fue destinado a gasto corriente y a refinanciar pasivos y no a la producción, o porque las licitaciones adjudicadas en el sector energético madurarán recién el año próximo o porque la siembra récord del campo recién se traducirá en producción a comienzos de 2017, el hecho es que, si bien lo peor parece haber pasado, no se puede afirmar que los malos tiempos en materia de actividad hayan quedado definitivamente atrás.

Es que también esta floja la demanda: el salario real cayó más de 10% en el año, los pagos a jubilados avanzan a paso lento y los flujos del blanqueo de capitales recién llegarán sobre el cierre de los plazos. La producción no despega, y tampoco el consumo.

No es que no haya buenas noticias: hay inversiones extranjeras anunciadas por casi 40 mil millones de dólares. Pero para que esas inversiones se traduzcan en más producción y mejor humor social hace falta tiempo. Es el costo a pagar por cambiar de un modelo de consumo masivo a un modelo cuyo motor es la inversión. Un costo que vale la pena pagar para aumentar la tasa de crecimiento potencial de largo plazo.

Pero el problema está justamente ahí: en el largo plazo, cuando, como reza Lord Keynes, "estaremos todos muertos". Si la coyuntura no anda bien, el largo plazo puede no llegar. Este es el problema crucial de la política. En un año habrá elecciones legislativas. Para avanzar con la agenda de reformas que tiene en cartera, el Gobierno necesita consolidar su poder en esas elecciones.

Muchas reformas se hicieron y permitieron que Argentina volviera a ser un destino para las inversiones de capital. Amigarnos con el mundo, salir del default, dar independencia al BCRA, luchar contra la corrupción, acatar fallos de la Corte Suprema, entre otras cuestiones, han hecho de Argentina un lugar más confiable para el resto del mundo. Por primera vez desde 2002 la OCDE mejoró la calificación argentina y la sacó del infausto grupo que compartía con Corea del Norte y Venezuela, entre otros. El problema está en que estos logros no generan resultados económicos, y por ende una ganancia política, en lo inmediato.

Que la economía no despegue pone nerviosos a los políticos, que parecen haber encontrado al chivo expiatorio de turno en el BCRA, resistente a bajar con celeridad la tasa de interés. Una política que podría haber empezado a cambiar.

Según una nota de Marcelo Bonelli en Clarín, la baja de tasas del pasado martes, con el dólar en alza y mucha incertidumbre en los mercados financieros, respondió a un pedido explícito del Presidente a Federico Sturzenegger. Sin dar por cierta la especie, lo cierto es que la decisión del BCRA sorprendió a los mercados.

Relajar al BCRA en el combate contra la inflación significaría arriar una bandera que mucho hizo para aumentar la credibilidad argentina. Haber relajado las metas del déficit fiscal no ayuda a concretar inversiones. Relajar las metas de inflación significaría correr un riesgo que va más allá de los efectos directos de la inflación sobre el salario y el crecimiento. Podría, por ejemplo, afectar el acceso al crédito del país. Si se pudieron colocar títulos a 10 años en pesos y a tasa fija sólo fue porque la estrategia antiinflacionaria del BCRA es creíble para los mercados.

Los tiempos de la política no son compatibles con las reformas necesarias para obtener resultados duraderos. Y la búsqueda de resultados duraderos puede no producir en el corto plazo los éxitos que necesita la política.

El Gobierno promete que hará las reformas que faltan después de ganar las elecciones de 2017. No es original en esto de acumular deudas que, por definición, no sabe si podrá saldar en el futuro, aunque le vaya bien en las elecciones. Pues después de esas habrá otras elecciones que lo distraerán.

La combinación de tasas bajas y alta inflación ya fue probada: genera una ilusión instantánea mientras prolonga la recesión y la pérdida del poder adquisitivo del salario en el tiempo. No debe descartarse la posibilidad de que desatender la política antiinflacionaria genere más costos que beneficios. No sólo para la economía, sino también para la política.

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