Columnistas Ver todas las columnas

Un comité para eliminar la burocracia

La emisión y posterior suspensión de la resolución 4094 de AFIP hablan, otra vez, de una preocupante falta de coordinación.

Se habla desde hace un tiempo acerca de la intención del Gobierno de encarar una reforma en el organigrama de la Administración Pública Nacional después de las elecciones.

Más allá del componente de ajuste fiscal que pudiera contener esta iniciativa, debería subyacer a la misma la necesidad de eliminar la superposición de funciones y la poca comunicación que en algunos casos parece existir entre organismos cuyas funciones se superponen.

No queda claro que una estructura compuesta por 21 ministerios, una Jefatura de Gabinete y dos Secretarías con rango ministerial que se encargan de la coordinación de las políticas públicas y de la coordinación interministerial, más innumerables organismos descentralizados, haya resultado eficiente. Lo cual debería preocupar a un Gobierno que dice dar prioridad a la gestión por sobre la política.

No han sido pocas las ocasiones en que el Gobierno dio marcha atrás sobre distintas iniciativas, asumiendo el costo político del error, por decisiones tomadas en una dependencia sin coordinación aparente con otras oficinas de la administración pública interesadas en las cuestiones sobre las cuales se decidía.

Algo así ocurrió esta semana con la Resolución 4094 de AFIP, que establece un mecanismo de pago para el impuesto a la renta financiera generada por no residentes.

La medida de AFIP (que depende de Hacienda) tomó por sorpresa a organismos muy interesados en el desarrollo del mercado de capitales, como la Comisión Nacional de Valores (dependiente de Finanzas), y a agentes de bolsa y bancos involucrados en la compraventa de instrumentos financieros.

El gravamen sobre la renta financiera, que viene de la ley 26.893 de septiembre de 2013, nunca había sido reglamentado. Querer corregir esos cuatro años de olvido de golpe hacen de la 4094 un artificio impracticable por, entre otros puntos, la pretendida retroactividad de la norma hasta septiembre de 2013, y la imposición de la carga tributaria a operaciones hechas entre no residentes.

Es fácil imaginar la risotada que despertará en un inversor no residente la pretensión de un agente local de cobrarle un impuesto devengado hace cuatro años. También es fácil imaginar la desesperación del agente local que deba hacer frente a la carga tributaria ignorada por los extranjeros, por montos que lo podrían hacer caer en bancarrota. Como es fácil imaginar que es imposible que en una transacción entre dos no-residentes que operan en un mercado del exterior un instrumento argentino emitido bajo legislación extranjera, uno le retenga el impuesto al otro.

Gravar la renta financiera quizás no esté mal. Hacer lo que hizo AFIP lo está. No sólo se excedió en su jurisdicción, sino que no coordinó con otras oficinas públicas y se quedó muy corta en sentido común. Apenas un día después de emitida, la medida quedó suspendida.

¿Qué me importa que le quieran cobrar impuestos a los extranjeros, pensarán algunos? ¿Qué me importa el mercado de capitales si yo no compro ni vendo acciones ni bonos, pensarán otros?

A veces, lo que no vemos también puede afectarnos. Que Argentina haya podido salir del cepo, hacer licitaciones exitosas de renovación del parque eléctrico, aumentar la producción de gas en Vaca Muerta, encarar un gran programa de obra pública y ajustar el déficit fiscal de manera gradual se debió al acceso de gobiernos y empresas al mercado de capitales internacional, que financió proyectos y desequilibrios.

Podríamos preguntarle al ministro Caputo qué opina de la resolución: sus bonos en pesos, con ley argentina, fueron comprados mayoritariamente por inversores extranjeros. O al gobernador Bordet (y a otros gobernadores), que tomó en el mercado internacional US$350 millones en febrero. O a las empresas emisoras de acciones, que vieron su capitalización desplomarse. O a los agentes de mercado, que temieron una migración definitiva de las operaciones con activos argentinos a los mercados del exterior.

Una vieja broma sugería con ironía que, para aumentar la eficiencia, habría que crear un comité para eliminar la burocracia. El Gobierno, fanático de la eficiencia, tiene demasiados comités autónomos. Se debe un ajuste que garantice menos idas y vueltas, menos errores de gestión. La resolución de AFIP y su inmediata reversión hablan de una llamativa falta de coordinación. ¿Hace falta esperar a las elecciones para corregirlo?

¡Comentá esta nota!

Para escribir un comentario, antes deberás seleccionar una identidad.

[X]

* 600 caracteres disponibles

Comentarios

El comentario no será publicado ya que no encuadra dentro de las normas de participación de publicación preestablecidas.