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¿Estamos seguros con más policías y cámaras en las calles?

Una de cal y otra de arena.

El gobernador Sergio Urribarri anunció que se llamará a licitación para la implementación del sistema 911 en Concordia, con 150 radios móviles y fijas instaladas en vehículos y 50 mujeres para atender los llamados, “se instalarán entre 40 y 50” cámaras de seguridad, crearán una nueva comisaría (la Décima), sumarán 40 nuevos efectivos a la Jefatura Departamental de Policía y construirán un hangar en la zona del puerto para que un helicóptero aterrice allí cuando monitoree la región. Excelente y pronta respuesta de parte del jefe de Estado entrerriano.

¿Debió ser necesario que la comunidad marchase en silencio pidiendo Justicia por el crimen de Esteban Alanís para que llegasen los anuncios? “La inversión superaría los 35 millones de pesos presupuestados”, dice el comunicado de la gobernación. Reitero la pregunta, ¿si estaba presupuestado, era necesario esperar a que un crimen movilizase a la ciudadanía para anunciarlo? ¿Oportunismo o desinteresado interés en contribuir a que la ciudad sea más segura? ¿O un poco de ambas cosas?

La instalación de entre 40 y 50 cámaras de seguridad ya había sido anunciada por el intendente Gustavo Bordet, en julio de 2012, durante una nueva reunión del Consejo de Seguridad. “Durante los próximos dos años se colocarán 50 cámaras de seguridad en la ciudad. “Estarán ubicadas en lugares estratégicos que definiremos con la Policía. Serán financiadas a través de una compensación de tasas, con una empresa de videocable local”, había contado. (Análisis Digital – 11/07/2012).

El comisario Sergio Mendoza, jefe de la Departamental de Policía Concordia, se muestra como un hombre noble y de diálogo llano con la comunidad. Goza, en términos generales, de una imagen positiva. Sabe, no obstaste, que su estadía en Concordia (lleva 6 años) se pueden terminar si no llega a buen puerto la investigación por el asesinato del joven Esteban Alanís. Demasiada presión pública y mucha inversión estatal reclaman resultados. Optimista, como él, creo que lo resolverán.

En Concepción del Uruguay, el año pasado, hay un antecedente. Darío Ferrer había abierto su negocio un mes atrás y, el sábado18 de febrero de 2012 por la tarde, delincuentes lo asaltaron. El propietario del kiosco reaccionó y recibió un balazo en la espalda que le produjo la muerte a los pocos minutos. Un chico de 15 años habría hecho el disparo.

Al día siguiente hubo una masiva movilización pidiendo “Justicia” hasta las puertas de la Jefatura Departamental. 4 días después del crimen, removieron a la cúpula policial. Cuestionado, el comisario José María Manucci dejó su lugar. Lo reemplazó Julio Brumatti.

“Se aclaró desde la plana mayor de la Policía que Manucci y el subjefe, José Lauman, trabajaron incansablemente en el crimen del trabajador, lo que permitió aclarar el hecho poniendo a disposición de la Justicia a un menor de 15 años, que quedó severamente sospechado del homicidio. Hubo, igualmente, planteos de las propias autoridades municipales que llevaron a la Jefatura provincial a apurar los cambios para oxigenar la Departamental”. (Diario Uno – 22/02/2012).

Tamaña repercusión tuvo el asesinato del comerciante que el intendente Juan Carlos Schepens convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad. El encuentro se concretó en la municipalidad en pleno feriado nacional de Carnaval. En este punto, resulta llamativo que en Concordia el intendente Gustavo Bordet no convocase a una reunión, ni se manifestase públicamente sobre lo ocurrido en los últimos días. Sus funcionarios y la mayoría de los concejales tomaron el mismo camino: silencio.

Vuelvo a la pregunta que encabeza esta columna. ¿Estamos más seguros con más policías y cámaras en las calles? A priori, sí. Al escarbar un poco el asunto entiendo que en verdad crece la sensación de que estamos más seguros. Pero el problema es otro, mucho más profundo.

“La droga es uno de los graves problemas que tenemos y que repercute en lo nuestro. Vemos a diario, sobre todo a personas jóvenes (la mayoría de los victimarios están en una franja de edad de 18 a 25 años), que cuando cometen el delito están bajo los efectos de las drogas o delinquen para comprar”, dijo en una entrevista radial José Costa, Fiscal de Cámara Coordinador de la Jurisdicción Concordia.

“Lamentablemente el tema de la droga, si bien no es competencia nuestra, repercute en la comisión de delitos comunes en lo que tenemos que actuar”, insistió y sugirió un trabajo integral en tal sentido: “El Consejo de Seguridad es un ámbitos muy positivo. Este es un problema que si no se ataca desde todos ámbitos (social, policial, judicial, barrial y legislativa) no se solucionará. No se soluciona ni con más policías, ni con más fiscales, ni con más cámaras”, sentenció.

En los últimos días fue noticia que en media hora, más de mil policías, recuperaron el control de una favela en Brasil. El éxito no estuvo dado por la cantidad de efectivos que trabajaron, ni por el poco tiempo que necesitaron, sino porque en esas verdaderas ciudades paralelas germina la idea de que hay un mañana. Para ello, el gobierno encabeza por Lula Da Silva aplicó un millonario plan con educación, acceso al sistema de salud y mejoras en la infraestructura.

"Cuando los ricos viven sobre el cerro, eso es elegante. Pero para los pobres, vivir en la favela es una vergüenza. Vamos a cambiar eso", había dicho. El Estado se mostró decidido y le dio “mejores mañanas” a los miles que viven las favelas. Los capos narcos, que dominaban esos lugares, fueron perdiendo la batalla mucho antes que en esos 30 minutos en los que irrumpió la Policía.

Volvamos a Concordia. ¿Por qué razón un pibe de entre 18 y 25 años necesita delinquir para comprar drogas? ¿Por qué necesita consumir? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Lo tiene? ¿Cómo consiguen las armas que usan para robar? ¿Dónde las consiguen?

La trata de personas no se termina con el cierre de las wiskerías, pero es un gran paso. Entre Ríos, con la firme decisión de las autoridades de los tres poderes, lo está dando. Igualmente, la medida habrá alcanzado el éxito el día que se le corte la cadena de impunidad con la que se manejan los proxenetas y se les ofrezcan reales oportunidades de un mejor porvenir para las mujeres explotadas.

Urribarri y todas las autoridades políticas se mostraron firmes en condenar la trata de personas. Los invito, entonces, a que sigan el mismo camino en contra de la venta de drogas y armas. Ir a los barrios y escarbar hasta en el último rincón. Así afirmaremos que se invierte en seguridad y no que se gasta efímeramente y sin rumbo cierto.

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