Por Andrea Cattani
afcattani@hotmail.com
El artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la formación y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección…
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
El potencial minero de la Argentina está entre los primeros del mundo. Gran parte de los emprendimientos corresponden a empresas transnacionales (en su mayoría canadienses), que actualmente se concentran especialmente a lo largo de la Cordillera de los Andes, abarcando provincias como San Juan, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Salta y Jujuy.
En los ’90, bajo la presidencia de Carlos Menem, comenzó en nuestro país el auge de estos megaemprendimientos, gracias la aprobación de algunas leyes. Una de ellas es la ley 24.196 de inversiones mineras, encargada de conceder grandes beneficios a las empresas extranjeras del rubro. Pero la ambición no tiene un sólo color político; durante los gobiernos de De la Rúa, Duhalde y Kirchner, lejos de revertirse esto, se allanó el camino.
Actualmente, gobernadores como José Luis Gioja (San Juan) -que comparó a los ecologistas con Hitler- y Luis Beder Herrera (La Rioja) son ultradefensores de la megamineria. Incluso Cristina Fernández se encargó de mandar a los ambientalistas a ocuparse de Malvinas (para mantenerlos lejos del interés por Famatina).
La actividad industrial tiene un fuerte impacto ambiental que desemboca en la contaminación del agua, el suelo y el aire.
A la cabeza de los daños provocados se encuentra la tristemente celebre minería “a cielo abierto”. Se trata de una explotación minera que consiste en remover la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral de baja calidad. El uso de grandes cantidades de cianuro permite separar el oro del resto del material removido.
El recurso más afectado es el agua, que para la actividad se utiliza en forma desproporcionada. Además se contaminan estanques, arroyos, ríos y lagos de la región por el drenaje ácido de la minería (grandes cantidades de roca son excavadas y los sulfatos que contienen entran en contacto con el agua); por metales pesados (arsénico, plomo, cobre, zinc, etc.) y por agentes químicos usados por las empresas (cianuro y ácido sulfúrico por ejemplo).
Estos metales y agentes provocan desequilibrios químicos en los ríos –a veces de manera irreversible- y pueden resultar altamente tóxicos para la especie humana y la fauna.
Los suelos sufren un impacto muy negativo sobre la vegetación y la productividad. Los contaminantes que se infiltran pasan luego a contaminar las reservas subterráneas de agua.
También puede provocar alteración y movimiento descontrolado de los suelos generando terrenos pantanosos y diques que suelen derivar en la muerte por accidente de las crías de diversas especies.
Además, al remover la capa superficial del suelo con toda su vegetación, la exploración y explotación minera favorecen la erosión y por lo tanto la desertificación, aumentando el riego de inundaciones.
En cuanto a un recurso tan vital como el aire, se contamina –al igual que el agua- por el drenaje ácido de la minería en contacto con el ácido sulfúrico. Como agregado, pequeñas partículas de los metales pesados se desprenden de los residuos para diseminarse luego con el viento, integrándose lentamente en los tejidos de seres vivos.
Las grandes cantidades de polvo generadas, asfixian plantas y arboles y provocan problemas respiratorios en los pobladores.
En cuanto al impacto sobre nuestra salud, los daños son inmediatos. Los pobladores toman agua y respiran aire envenenados. Las carnes y las verduras consumidas están inevitablemente contaminadas por los metales y productos químicos presentes en el agua y el suelo.
La acumulación de metales pesados en sangre y pulmones es lenta y sólo se detecta con análisis específicos; muchas personas se enteran de su presencia cuando el problema de salud ya es grave.
El argumento más fuerte de gobernantes y empresarios defensores de este negocio, es el supuesto crecimiento económico que traería para la región. A través de campañas organizadas crean expectativas de miles de empleos, pero gran parte de la mano de obra que contratan no es local. Además, al agotarse los recursos que vinieron a buscar, desaparece el trabajo, dejándoles pocas reservas de agua y un serio deterioro en cultivos y animales.
La industria turística tampoco sale inmune, ya que la explotación de un yacimiento puede destruir el paisaje local.
Las empresas mineras atentan contra los derechos culturales de los pueblos originarios, usurpando sus territorios y devastando su medioambiente.
En cada lugar que se asientan, provocan además una gran división social entre quienes priorizan tener un trabajo en la actualidad y quienes piensan en la salud y el futuro de sus hijos.
Otra promesa es el dinero que quedará a la provincia por la explotación de sus recursos. Cada año la empresa minera bate un nuevo record de inversión, producción y exportación. Pero de todos estos millones ¿Cuántos quedan en la Argentina? ¿Quiénes los administran y a qué son destinados? Preguntas para que contenten nuestros representantes.
Aunque todo el oro del mundo no alcanza a revertir el daño que –según los especialistas- nos provoca la minería a cielo abierto.
