Por Claudia Yauck
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Un Código Penal, una ley provincial, la Justicia, el INADI, organizaciones sociales, un ministro y el gobierno intervienen en el debate sobre la niña madre de 11 años y el futuro de su embarazo. La polémica muestra la gravedad del hecho y exhibe, sin pudor, la ausencia de preceptos claros a los que puedan aferrarse las víctimas. Dejaron a un costado el Código Penal, de validez nacional, y al hacerlo, quedó en otros poderes una decisión que él tenía en sus manos.
La controversia en el caso de la pequeña embarazada está centrada en los derechos del niño por nacer, pero no en los de la niña a la que separará de su hijo, sólo una década.
Este, no es el primer caso que queda en manos de la Justicia. La niña madre de General Campos tiene en común con otras madres, además de la gravidez, la imposibilidad de sostener, con sus propios medios, sus decisiones. Y esa es la situación que la lleva maniatada a la Justicia, mientras que otras niñas, que atraviesan idéntico problema, lo definen amparadas en la discreción del poder adquisitivo de sus padres.
El hecho, que ocupó a los medios desnuda la ausencia de un marco legal adecuado, puntual y específico. Y, pone a flor de piel la relación del Estado y la Iglesia y el falso pudor a la hora de enfrentar los problemas.
El ministro de Salud, Hugo Cettour tuvo una definición pobre y escandalosa frente a una situación que, considerando la cartera a su cargo, ameritaba una reflexión más compleja. No es cuestión nada más de ovular y por ello, indefectiblemente, tener un hijo.
Para el caso, la fórmula debería aplicarse con igual rigor en los hombres, que al momento de eyacular, estarían capacitados para ser padres. Este pensamiento, en manos de un hombre de la medicina y a cargo de una cartera, es alarmante tanto y más aún cuando el Estado no está concebido para proteger sólo a los que profesan el catolicismo.
Cettour tuvo además de ese, otro desacierto: Borrar del Facebook oficial del Ministerio las opiniones contrarias a la suya. La multiplicidad de voces enriquece el debate, termina con el discurso unívoco y, frente a problemas como el que se debate, habilita diferentes razonamientos.
La voz del gobierno
Fue el propio gobierno el que relativizó los dichos del ministro cuando, a través de un comunicado, prefirió no opinar sobre el tema y dejar su resolución en manos de la Justicia. ¿No es acaso Cettour una parte de este gobierno?.
El llamado a silencio que hizo el gobierno y que envolvió al ministro fue un signo que dejó traslucir que no hay políticas de Estado, excepto la que establece el Código Penal, para estos casos. Y que, la Iglesia sigue tallando profundamente sobre el diseño de las políticas públicas.
Desde el oficialismo, la voz de cordura llegó de la mano de un diputado, Juan José Albornoz. El le reclamó al Estado que proteja a la niña y puso en tela de juicio los pareceres médicos y judiciales. Su soliloquio fue saludado en las redes sociales y marcó la diferencia, profunda y sustancial, con la posición oficial.
El caso de la niña embarazada, no es el primero que termina en la Justicia. Los hubo antes. Uno que, por sus características cinematográficas, revelaban la asimetría del sistema. Una madre, que recurrió a la Justicia para ligar sus trompas, salió, como De la Rúa, furtivamente, en un helicóptero para que ligaran sus trompas fuera de la provincia. El caso, que ocurrió años atrás, muestra que poco ha cambiado a la hora de las definiciones.
Ajuste sin palos en la ruedaPoner en caja el Estado; una medida en cascada que se replica en el país.
La Legislatura cumplirá esta semana con un pedido puntual del Ejecutivo: Sancionar una ley que modifique el mapa tributario. La propuesta "sin ideología", tal como la denominó el gobernador Sergio Urribarri, se plantea en un momento en que el gobierno no tiene "palos en la rueda" ya que las dos cámaras le responden con una inusual mayoría, que en el caso del Senado, es absoluta.
En ese escenario, habrá cambios que en lo inmediato impactarán sobre la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos, gravando la explotación de las máquinas tragamonedas en los casinos locales y las dedicadas al negocio de la noche: Aumentará un 157 por ciento, lo que no es mucho en función de los márgenes de ganancia del rubro.
Eso no es todo, los servicios financieros bancarios y no bancarios ahora tributarán un 5% y un 6% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos y se creará un fondo fiduciario para la realización de diferentes obras. Las profesiones liberales también verán los cambios: Deberán hacer aportes más suculentos y con ello, mejorar las becas del INAUBEPEPRO. En el caso del sistema financiero, la decisión hace justicia, ya que sus márgenes son indiscutibles. Tanto como inexplicable es que no tributen.
La decisión de Urribarri, se replica en otros estados que, como Entre Ríos, se vieron aliviados por la prórroga en la refinanciación de deudas por $ 101.000 millones. Y, a pesar de que no se ha previsto avanzar sobre el personal estatal, sí está definido que para ellos no habrá aumentos. Otras provincias, con recambio institucional echaron mano al viejo recurso de podar los contratados, que no son otra cosa que un resultado de la mala política, que engrosa el plantel estatal a falta de ideales para nutrir la tropa.
El diario La Nación menciona, para el caso, que "en Santa Fe, por ejemplo, Antonio Bonfatti postergó hasta el pago de haberes a los empleados públicos y jubilados provinciales, al igual que Jorge Capitanich en Chaco. En Río Negro, el nuevo gobernador Alberto Weretilneck avanzó con la aplicación de la ley que puso en disponibilidad al total de la plantilla de estatales y que en principio estaría en proceso de cesantear a 4.500 trabajadores temporarios. En Córdoba, a su vez, José Manuel de la Sota anunció revisar el contrato de 9300 empleados contratados".
El inconveniente de los despidos masivos, no radica sólo en la generación de desempleo, sino en la microeconomía de cada región que verá desbastada la cadena de pagos de los planes de infinitas cuotas que conserva el modelo. Se añade, a ello, que las vacantes que provoca la reducción se rellena, casi inmediatamente, con nuevos contratos.
Una reforma impositiva como la que aprobará esta semana la Legislatura está destinada a engordar la base tributaria de la provincia. De todos modos, antes de contar las monedas, será necesario reafirmar el corset: Para eso, el ojo de la Nación sobre el convenio de refinanciación será elemental. Tanto como la decisión de la provincia de darle a esos fondos un buen y equitativo destino.
