A los innegables logros en materia económica y social acumulados en la última década se contrapone la lamentable debacle de la calidad institucional.
Por Claudio Maulhardt
Hace 10 años Argentina vivía uno de los capítulos más tristes de su historia. La ruinosa sucesión del “corralito”, la pesificación de depósitos, la salida de la convertibilidad, el default de la deuda pública, la anárquica situación política que medió entre los gobiernos de De la Rúa y Duhalde, y la crisis social manifiesta en el hecho de que la mitad de la población se hallaba por debajo de la línea de pobreza aún viven frescos en nuestra memoria. También lo hace el trágico estallido de violencia que coronó aquella situación.
Frente a tal recuerdo, la situación actual luce brillante. Se ha gestado una de las fases expansivas más prolongadas en nuestra historia económica. Aunque la mayor parte de esta expansión provenga del hecho de que se había caído en un abismo del cual no había más que rebotar, y del notable impulso provisto por una situación internacional en extremo favorable al crecimiento argentino, no puede soslayarse que la política económica del kirchnerismo, obsesionada con maximizar la tasa de expansión, agregó dinamismo al proceso. En particular, tal política resultó central para revertir la crisis social, disminuir la tasa de desempleo hasta niveles prácticamente friccionales y reducir la incidencia de la pobreza (bien medida) a la mitad de su nivel de 2002.
Sin embargo, a los notables éxitos en materia económica se ha contrapuesto la persistencia de un déficit notable en materia de calidad institucional. La decadencia que en esta materia se observa desde hace varias décadas no sólo no se ha revertido, como lo ha hecho el ciclo económico, sino que se ha acentuado con el kirchnerismo. La acumulación de poder ya no en un partido o facción, sino en unas pocas personas (quizás corresponda decir “en una sola persona”) ha resultado en un debilitamiento casi mortal de la división de poderes y del derecho de oposición, que están derivando en una lamentable convergencia hacia una corriente de pensamiento único que con gran oportunismo se blande como estandarte para acometer los más atroces atropellos a los derechos civiles. A quienes no comulguen con el pensamiento único les corresponde la persecución con todo el poder del estado puesto al servicio de la causa.
El 54% de adhesión logrado en octubre ha infundido gran valor en el núcleo del kirchnerismo. Lo ha llevado a lanzar una guerra total, una blitzkrieg, contra todo aquel que pudiera imponer alguna restricción al afán por monopolizar el poder y la opinión pública: Moyano, Scioli y Clarín son las víctimas visibles de estos arteros ataques. Pero empresas, bancos y ahorristas también han sufrido por su intento de sembrar “terror” con sus compras de dólares.
El ha exaltado el exitismo y el egocentrismo de la Casa Rosada, y nublado la vista de quienes deben tomar decisiones económicas racionales. Con la ilusoria pretensión de subordinar leyes económicas invariables al poder político, se ha dotado de poderes plenos al experto en “aprietes” Guillermo Moreno cuya aparente eficacia en las batallas de corto plazo preludian una ominosa derrota en la guerra. Pues los problemas de fondo no tienen nada que ver con la voluntad de sembrar terror, sino con el mero hecho de que la obsesión por el crecimiento no fue apoyada por una calidad institucional que permitiera hacerlo sostenible.
Diez años de crecimiento no sirvieron para crear un modelo sostenible. No hay inversión útil. Se hacen edificios y se compran automóviles, pero no se instalan grandes plantas industriales. La incertidumbre que importan los frecuentes cambios regulatorios, la interferencia del estado en todos los ámbitos, la inflación, el retraso cambiario o la escasez de petróleo y gas son obstáculos insalvables. Los sobreprecios y “favores” nos mantienen cerca de la cima de los rankings globales de corrupción.
No se puede negar que en materia económica el país está mucho mejor que una década atrás. Pero resulta muy discutible la noción de que estamos todo lo bien que podríamos estar. Cabe sospechar que si la política hubiera acompañado podríamos estar mucho mejor.
Una sospecha que con más color también comparte el controvertido asesor financiero Doug Casey, quien en una reciente entrevista aseveró que “no hay ningún motivo por el cual Argentina no debiera ser el país más próspero del mundo. Debería incluso ser más próspero que Singapur o Hong Kong, pero el gobierno es básicamente una ‘cleptocracia’: las personas quieren ser parte del gobierno porque ahí es donde está el dinero. Ese es el problema de Argentina”. Un verdadero terrorista, el tal Doug Casey.
