La sistemática aniquilación de los organismos de control permite todo tipo de abusos
Por Claudio Maulhardt
Durante la última década se acostumbraba defender la razonabilidad de invertir en nuestro país, contra el natural escepticismo que generaban políticas de estado ciertamente contrarias a tal defensa, con un argumento que se esgrimía con cierta altanería y que se consideraba irrebatible: que, a diferencia de lo que ocurría en Venezuela, nuestro parámetro natural de comparación en el exterior, en nuestro país el inversor podía confiar en la división de poderes y, fundamentalmente, en la independencia de la justicia.
Pues bien, algo ha cambiado desde las elecciones de octubre de 2011. Sea por resignación, por avasallamiento o por algún pacto tácito de connivencia con los restos de la oposición, el gobierno nacional parece gozar de carta blanca para dotar de legalidad a cualquier dislate que se le ocurra. Sus funcionarios han extendido al infinito el halo de impunidad de que ya gozaban. Ni las desmanteladas oficinas de contralor, ni la oposición, ni la justicia se interponen en el camino de los atropellos a las instituciones y a la Hacienda. Peor aun, cuando alguien molesta, es perseguido hasta el ahogamiento, como ocurre con la prensa crítica. Y si ocupa un cargo público, es removido, como ocurrirá en breve en la Auditoria General de la Nación (AGN) con el alejamiento de Leandro
Despouy.
La justicia "cajones" las denuncias contra funcionarios del gobierno sospechados de enriquecimiento ilícito, dicta la "falta de mérito" en las causas que avanzan y permite la prescripción de numerosas causas. Ni siquiera "las manos en la masa" parecen ser prueba suficiente. Un avión en la pista, o una bolsa con dólares en el baño, o una valija en Ezeiza terminan por constituir evidencia circunstancial de causas con destino de irremediable prescripción.
Como tampoco constituyen evidencia de abuso de poder las conocidas tácticas de algunos funcionarios del gobierno que pretenden ponerse por encima de la ley imponiendo, como en el hampa, la fuerza de llamados telefonicos de "disuasión", en muchos casos contrarios a la ley escrita.
Contra esta total impunidad nadie reacciona. La oposición no solo ha dejado de denunciar los abusos cometidos por el gobierno y sus funcionarios, sino que ha devenido en cómplice de los mismos con su silencio mezquino. O, en ocasiones, con la anuencia tácita para los atropellos, como el que permitirá el radicalismo en el caso de
Despouy y en su reticencia a investigar las denuncias promovidas por la AGN.
Con las agencias de contralor del sector público reducidas a cenizas, la oposición resignada o cómplice, la justicia silenciada y el Congreso controlado, la prensa independiente ha quedado como la única espina por remover. Se ha recorrido un larguísimo camino en tal sentido, cooptando medios no solo a nivel nacional sino tambien provincial, haciendo la vida imposible a medios opositores que tienen la capacidad de incomodar e instalando cada vez más el "discurso" en los medios.
Las denuncias del GAFI, Transparency International, la SIP y otros organismos internacionales que analizan la corrupción y el lavado de dinero no tienen en Argentina reproducción más que en los medios críticos al gobierno. Se diluyen ante la avalancha de "buenas noticias".
Desde hace poco tiempo, las críticas podrían ser sujetas a la ley anti-lavado como potenciales factores de desestabilización. No por nada el GAFI aun critica esta ley, que por supuesto no sirve para impedir los movimientos de dinero proveniente de la corrupción.
Durante muchos años, argentina gozó en los mercados financieros del beneficio de la duda que generaba la creencia de que, a diferencia de Venezuela, en nuestro país regía la división republicana de poderes.
Desde octubre de 2011, ese beneficio ya no existe. Hoy, para muchos inversores extranjeros, Argentina y Venezuela parecen la misma cosa.
Un plan sistemático de aniquilación de los organismos de control y de amordazamiento de las voces críticas ha dejado libre el camino para todo tipo de tropelías. La impunidad ha dado paso a la pérdida de escrúpulos y la impudicia. La bolsa de Miceli parece un pecado menor frente a los millones de sospechas que se ciernen sobre encumbrados funcionarios de gobierno. Aunque todo indica que el final será el mismo. Puesto que hemos llegado al punto en que, como ocurrió en los últimos días con Amado Boudou, si un funcionario es denunciado con cifras y fechas precisas en un medio considerado enemigo, basta como defensa legal la ostentación de una remera con la descalificatoria leyenda "Clarín miente". Y cosa juzgada.
