Son conocidas las graves y casi endémicas falencias que exhibe el funcionamiento de las oficinas del Registro de la Propiedad de nuestra provincia, circunstancia a la que nos hemos referido en reiteradas oportunidades.
A la vez, aparece en principio como innecesario volver a destacar la importancia que tiene la labor que llevan a cabo los mismos, ya que le toca jugar un papel decisivo en lo que hace a la certidumbre y publicidad de los derechos reales, y la incidencia que tiene la correcta y rápida prestación de su servicio en relación a la actividad económica en general, la que evidentemente se ve afectada por la deficiencia antes mencionada.
Existen circunstancias de diverso tipo que inciden en el estado de cosas al que nos referimos, entre las cuales la básica y principal, es que el gobierno provincial parece ignorar la importancia que reviste una prestación eficaz del servicio que los registros prestan y, como consecuencia de ello, aparentan haber dejado su funcionamiento librado poco menos que a “la buena de Dios”.
Ello se hace evidente por el estado de desprolijidad y hasta de suciedad, cuando no ruinoso, del que dan cuenta los edificios en los registros funcionan, atribuibles en gran parte a la inexistencia de partidas presupuestarias previstas con el objeto de atender a los necesarios cuidados, así como la falta en muchas de ellas del indispensable personal de maestranza.
A lo expuesto debe agregarse que el bajo nivel de remuneraciones percibidos por la totalidad del personal registral –comenzando por los directivos y jefes- se constituye en una circunstancia que lo ha desmotivado, con sus explicables repercusiones en la forma en que llevan a cabo su labor. Máxime si se tiene en cuenta que esa labor exige una formación profesional especial, dada las exigencias requeridas para llevar a cabo una registración correcta en materia dominial.
Las precedentes reflexiones vienen a cuento atendiendo a una versión que se vuelve cada vez más consistente, y que tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno lleve a cabo una suerte de “tercerización” o “ privatización” de ese servicio –cuesta efectuar un encasillamiento adecuado del cambio- mediante la adopción, en sustitución del régimen actual, de otro similar al que se da en el funcionamiento de las diversas secciones del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, que como es sabido dan cuenta de un sistema híbrido como resultado del cual cada una de las seccionales están autogestionadas, sin perjuicio del control que viene a ejercer el organismo central.
Una idea que resulta explicable que sea bien vista por un sector importante de la opinión pública si se atiende al contraste que resulta de la comparación del funcionamiento de las oficinas registrales de inmuebles y las de automotores.
Pero que de cualquier manera, de avanzarse en esa línea nos encontraríamos ante un nuevo caso de resignación por parte del estado de sus funciones esenciales, que son las que justifican su existencia. Se vendría a dar un caso más de claudicación estatal que se sumaría a lo que sucede en ámbitos tan distintos como son el de la seguridad, el educativo y el de la salud. Al paso que vamos no resultaría extraño que alguien llegue a proponer el funcionamiento de tribunales arbitrales privados en reemplazo del servicio de justicia estatal…
