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Para seguir pagando

A una semana del balotaje, los acontecimientos confirman lo que sosteníamos el domingo, cuando marchábamos camino de las urnas: "Cualquiera sea el resultado electoral, los argentinos iniciaremos otra etapa". Estimábamos entonces que sería "estrecho el margen en favor de uno u otro candidato", según los indicios disponibles, por lo cual esa escasa diferencia estaría "obligando al vencedor a convocar a su adversario derrotado, al menos para cambiar ideas acerca de la Argentina que viene".

Transcurrida la primera semana, no muy distinto es el cuadro. Aparece un sector vencedor en proceso de armar con cuidado sus equipos de gobierno procurando garantizar eficiencia y el otro sector vencido revelando actitudes diversas que varían desde la aceptación del resultado hasta la resistencia, pasando por la inevitable propuesta de autocrítica interna.
Es natural que sea así. El peronismo no está acostumbrado a los reveses electorales. Las pocas veces que estos se han registrado, ha aparecido la revisión de conductas y estrategias como debate dominante.

Mientras tanto, los guarismos electorales señalan a las claras que para nada debe desdeñarse su importancia política. Todo lo contrario, el consenso se impone como una obligación de los vencedores por más que no haya sido ese el método de los ahora vencidos. El diálogo toma la forma de un camino insoslayable de la Argentina que viene.
Algo sugeríamos la semana pasada, cuando nos referíamos a "la mano tendida" procurando caracterizar la nueva etapa.

Fondos caloteados

Por separado del resultado electoral, en esta semana de transición se ha destacado el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia declarando inconstitucional la retención, por parte del gobierno nacional, del 15% de la coparticipación federal de impuestos.
El problema no es nuevo. Hace 23 años al binomio Menem-Cavallo se le ocurrió el recorte, para cubrir el déficit del sistema previsional estatal, afectado por el funcionamiento de las AFJP que ellos mismos impulsaron.

Todos los gobernadores aceptaron el calote sin chistar y firmaron el Pacto Federal (de notoria inspiración unitaria) el 12 de agosto de 1992. Mario Moine puso la rúbrica por Entre Ríos. En ese momento empezamos los entrerrianos a perder plata y postergar obras. Seguimos igual.

Hace siete años, a fines de 2008, la ley 26.425 reestatizó el sistema jubilatorio. Las AFJP se fueron a pique. Simultáneamente perdió todo fundamento el recorte del 15%. No obstante, el gobierno nacional continuó hasta hoy reteniendo esos fondos provinciales. Una ratoneada. De otro modo no se puede calificar esta violación de elementales principios de federalismo, respeto y convivencia.

Las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis no aceptaron el atropello y plantearon la cuestión ante la Corte Suprema. Es lo que acaba de resolverse el martes, con una demora de siete años, ordenando al estado nacional el reintegro de los fondos indebidamente retenidos.

Romper el silencio

Lo curioso es que los gobernadores que se mantuvieron en silencio -incluido Urribarri, por supuesto- desfilaron el miércoles por la Casa Rosada para firmar un acuerdo de "desendeudamiento", a fin de que el gobierno central les reintegre también esos fondos. De inmediato saltó desde la Corte la aclaración: la restitución les corresponde a las provincias demandantes; las demás deberán realizar trámites por separado.

La resolución de la Corte puso de relieve otra situación similar. En 2001 el gobierno de De la Rúa también se incautó de dinero de las provincias. Esa vez fue del 1,9% de fondos aduaneros coparticipables. Los máximos magistrados de la Nación acaban de disponer la restitución de esos fondos a las tres provincias reclamantes.

De estas situaciones tampoco anda lejos el fondo de Salto Grande. Nada se ha planteado en este sentido ante la Corte, pero bien vale recordar que la ley 24.954, de 1998, que distribuye los excedentes de Salto Grande en forma proporcional a Entre Ríos, Corrientes y Misiones, fue modificada en 2003 por el presidente Kirchner mediante un ardid presupuestario (art.15). De esta manera los fondos disponibles se redujeron a un tercio, según lo confirmó días pasados a este diario el ex diputado justicialista Augusto Alasino.

Cifras nada más

Tendrán que pensar y trabajar las nuevas autoridades entrerrianas para afrontar una situación financiera complicada. El déficit presupuestario del año próximo, ya de arranque ronda los 1.300 millones de pesos. A una suma parecida (1.226 millones) está llegando la deuda emitida este año mediante Letras de Tesorería, cuya 10ª. serie 2015 fue licitada el martes último. Entre compromisos financieros consolidados y deuda flotante, los números pasan de 11.000 millones de pesos.

El recurso habitual de corregir los impuestos se está agotando. No da más la cuerda. El último gravamen, aprobado el jueves por la Cámara de Diputados de la provincia, ya motiva resistencias y hasta sospechas de inconstitucionalidad. A la carrera, sobre tablas, sin estudio ni debate, el cuerpo estableció un impuesto a los combustibles (entre el 2,85% y el 5,82%) para "mantenimiento de la trama vial". Lo sorprendente, además de esta nueva carga, es que el presupuesto se aprobó hace un par de semanas y nadie dijo nada en ese momento.

Precisamente en oportunidad del tratamiento presupuestario y en puntas de pié, pasó como si nada la prórroga por otros dos años del impuestazo de 2013, cuando el gobernador asumió un compromiso con las fuerzas policiales en rebeldía, que después terminamos pagando todos. Y seguimos pagando. Como aquel otro golpe tributario de 2011, cuando se "ajustó" el impuesto inmobiliario entre un 400 y un 600% .

En fin, cifras nada más?para seguir pagando.

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