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La justicia no declaró "nulo" el pacto con la Policía

No hay hasta el momento dictamen judicial alguno que haya declarado "nulo" el acuerdo firmado por el gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri y los policías el pasado 9 de diciembre de 2013.

Si Urribarri ha resuelto no cumplir con el acta firmada, deberá hacerse cargo de una decisión que es absoluta y exclusivamente suya, pero de ningún modo puede escudarse en fallos que la justicia aún no ha emitido.

Es inexacto decir que "la Justicia volteó el acuerdo". Para que un poder del Estado, como lo es el Judicial, llegue al extremo de anular lo resuelto por otro poder, como lo es el Ejecutivo, hace falta muchísimo más que la opinión, expresada en los medios, del Procurador, que, en tanto que es fiscal, ni siquiera está obligado a ser imparcial.

El propio Jorge Amílcar García, en sus declaraciones periodísticas, reconoce que recién después de la feria judicial presentará la denuncia penal contra los amotinados. Habrá que esperar la sustanciación del juicio y la sentencia que de él surja, y que esta quede firme, para que recién entonces pueda afirmarse que la Justicia dictaminó.

No habría que descartar incluso que ese hipotético debate en juicio obligue a poner en la balanza la actuación del propio García, ya que en un reportaje concedido a El Diario de Paraná admite que "el acuerdo" le "pareció un camino aconsejable". "A los fines de calmar las aguas, me pareció una buena iniciativa. Lo urgente era apagar el fuego", dice García. ¿Fue García cómplice de un acto antijurídico, engañoso, un ardid, una farsa, montada con la excusa de que era necesario recuperar la paz social, pero farsa al fin, en la que no sólo se engañó a los policías sino incluso al Obispo de Concordia y a instituciones intermedias de la ciudad, que fueron llamadas por el propio Urribarri para servir de testigos de lo pactado?

En el juicio oral también resultará lógico que se examine la actuación del gobernador. "Lo volvería a hacer mil veces porque estaba en juego la paz social. Tenía la Constitución, las leyes, la Justicia lista para ocupar su rol, pero sentí que no me servían si el riesgo era un baño de sangre", explicó Sergio Urribarri. De sus palabras, se deduce que contaba con opciones legales, pero que las desechó, en un acto deliberado y consciente, optando por el camino que ahora el Procurador califica como antijurídico. ¿Qué responsabilidades le caben? ¿Alcanza para justificar su decisión la existencia de una extorsión?

Por supuesto que la actitud de los policías que dejaron desguarnecida a la sociedad es repudiable. Mucho más lo será aún, de probarse la conexión con saqueadores. Pero, a fin de que el examen de lo ocurrido no se quede en la superficie, los platillos de la balanza deberán ser lo suficientemente amplios como para sopesar también las responsabilidades del poder político. ¿Cumplió acabadamente con su rol, haciendo todo lo que estaba a su alcance para evitar que el conflicto llegase a semejante extremo? Una vez producido el acuartelamiento, ¿hizo todo lo necesario para resolverlo? ¿Por qué no se apersonó el gobernador en la Jefatura de Policía de Concordia para, en forma directa y sin intermediarios, ordenar a los amotinados que depongan su actitud?

Si el Procurador García insiste en presentar la foto del gobernador con los policías y el Obispo, a modo de prueba de la extorsión, no sería de extrañar que se entre en un terreno por demás opinable. Es que la misma imagen, plagada de rostros sonrientes, de personas que se juntaron para posar, transmite otras cosas: negociación, aceptación y hasta una extraña cercanía.

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