La medida está contenida en el decreto N° 2.587, fechado el 4 de agosto último y que lleva la firma de la ministra de Salud, Sonia Velázquez. El documento revela que el sumario, extrañamente, se instruyó a través de otro decreto, N° 2.737, de 17 de septiembre de 2019.
El investigado resultó Claudio Hauff, médico asistente de la carrera médico asistencial con desempeño en el Hospital Behring, de Ibicuy –a 345 kilómetros de Paraná, en el departamento Islas-, quien “comenzó a inasistir bajo la figura de licencia por enfermedad de largo tratamiento desde el 18/11/04 y hasta diciembre de 2006 a partir de la cual continúa inasistiendo sin presentar los correspondientes certificados médicos, razón por la cual a partir de dicho mes se procede a licenciar sus haberes”
No solo se dispuso instruir un sumario. También se le reclamó la devolución de $28.313,7 por sueldos “percibidos indebidamente” desde diciembre de 2004 a noviembre de 2006.
Ahora, un nuevo decreto dispuso la cesantía del profesional bajo el cargo de “haber incurrido en abandono de servicio, por no haberse reintegrado a su trabajo, en el Establecimiento Asistencial, a partir del mes de diciembre de 2006 hasta el día de la fecha”, según el decreto del decreto publicado este lunes 5 de diciembre en el Boletín Oficial.
El texto legal refiere que “del plexo probatorio glosado al presente procedimiento sumarial emerge sin hesitación” que el profesional “no asiste a su trabajo desde el mes de diciembre de 2006, habiendo incurrido en abandono de servicio, al no haberse reintegrado a su trabajo”.
El médico fue citado por los sumariantes a ejercer su derecho de defensa, pero tras designar defensor técnico y “conocer las imputaciones de hecho y derecho que se le enrostran, manifiesta que hará uso de su derecho de abstenerse de declarar; en el estadio procesal pertinente, tampoco se ofreció prueba, ni se alegó sobre el mérito de la producida; asumiendo una actitud displicente y desinteresada en torno a la relación laboral que lo vinculara al Estado Provincial”.
Por lo cual se concluyó que el profesional “evidencia un absoluto desinterés en conservar el empleo y desapego a los procedimientos administrativos a fin de justificar sus inasistencias, lo cual respecto de los agentes estatales, resulta una obligación legal” y por lo tanto la medida que corresponde aplicar, dice el decreto, es la sanción de cesantía. Y efectivamente así ocurrió. Claro: ocurrió 16 años después.
