El documento
"Lo hacemos porque la calle es un territorio de disputa, de construcción política. En el año 2020 asistimos al particular fenómeno de sectores antipopulares que han salido a ocuparla, bajo gran cobertura de los medios de comunicación hegemónicos. Son aquellos sectores que pregonan el 'sálvese quien pueda'; que pretenden sostener sus privilegios de clase aun a costa de miles de vidas y embanderados desvergonzadamente bajo los símbolos patrios", enfatizaron los organizadores al dar cuenta de la convocatoria. "Durante este tiempo la derecha avanzó en el espacio público con sus discursos y prácticas de odio, con el objetivo de atacar a un gobierno nacional y popular. Y para eso movilizó sus estructuras políticas, económicas, mediáticas y judiciales", agregaron."Es una necesaria manifestación de que el movimiento de derechos humanos, los movimientos sindicales, universitarios y políticos del campo popular, apoyamos las decisiones que cuidan la vida, reclamamos la profundización de un modelo económico de lucha contra la pobreza y rechazamos que la crisis la paguen los más vulnerables. No disputar la calle con nuestras consignas es seguir relegando nuestro lugar histórico de lucha al programa de la derecha, que busca más exclusión y más muerte. Por eso marchamos", justificaron.
En el texto leído en el final de la marcha, la Multisectorial denunció el "lawfare" y manifestó apoyo a los proyectos de reforma del Poder Judicial. "No solo necesarios sino urgentes", detallaron.
Por otro lado, se incluyeron críticas a las desigualdades en la distribución internacional de las vacunas contra el Covid-19, así como a la actuación de las fuerzas de seguridad con "usos excesivos de la fuerza en las restricciones de circulación", y un reclamo para la declaración de la emergencia educativa "para poder estudiar de forma segura, exigiendo las medidas necesarias para la vacunación a los y las docentes, salarios dignos y condiciones sanitarias de cada escuela".
Además hubo una crítica al accionar policial y la violencia institucional en Entre Ríos: "El Estado Entrerriano, en sus tres poderes, debe comprometerse con los principios democráticos de seguridad, debe sancionar y condenar la tortura y el asesinato por parte de los funcionarios de nuestras fuerzas de seguridad. No existe en el Ejecutivo Provincial ninguna política pública que tenga como función principal el trabajo contra la violencia institucional y en la prevención de estos delitos. En este sentido, lo ocurrido días atrás en Avenida Racedo demuestran que la represión no puede ser el modo de intervenir en los conflictos sociales. Por eso le exigimos a la Municipalidad de Paraná y al Poder Judicial que privilegien el diálogo para la resolución del conflicto y garanticen el derecho a la legítima protesta de la ciudadanía, respetando la integridad de quienes reclaman", dice el documento.
Además reclamaron que a la Legislatura que integre la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, para conformar el Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura. "La necesidad de su aplicación lo demuestran las condiciones inhumanas que deben padecer quienes son alojados en distintas unidades del sistema carcelario provincial, como así también en la Alcaidía contravencional de esta ciudad. En este aspecto también, la pandemia de coronavirus dejó expuesta la situación de violaciones a los Derechos Humanos que sufren las personas privadas de la libertad. Es urgente e imperioso que se sancione una Ley de Contravenciones que respete y garantice los derechos humanos", enfatizaron.
