Esa resolución judicial recién fue publicada en el Boletín Oficial el 29 de abril de 2022.
Detalles de la investigación
La Justicia le reprochó a Barreiro haber introducido, el 1° de octubre de 2012, la aseveración de que no era funcionario provincial en una declaración jurada ante el Registro de Proveedores de Entre Ríos, a pesar de que existía un decreto provincial por el cual se lo designó como coordinador, ad honorem, de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales (Ceicer), que estuvo a cargo de su amigo de militancia, Sebastián Lorenzo.El Ceicer estaba bajo la órbita del Ministerio de Cultura y Comunicación, entonces al mando de Pedro Ángel Báez, condenado el último 7 de abril en el marco del megajuicio a la pena de 6 años y medio de cárcel por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La designación de Barreiro en el Ceicer fue el 15 de agosto de 2012; en tanto que su ingreso al Registro de Proveedores del Estado, con el número 4.711, fue el 17 de octubre, es decir, dos meses después. En ese trámite de registración omitió decir que era funcionario provincial. Y aunque la Justicia no avanzó con una acusación en su contra, en la tarea de inscripción del Registro de Proveedores contó con la ayuda de un funcionario público , Aníbal Beorda, “Anibalito”, que fue segundo de Lorenzo en el Ceicer.
El 7 de noviembre, el entonces gobernador Sergio Urribarri firmó el decreto Nº 3.793 con el cual se le asignaron viáticos, pero que nunca utilizó.
Cuatro meses después del nombramiento, en diciembre de 2012, su empresa RP Transportes SA le cobró al Estado provincial $220.000 por haber llevado estudiantes secundarios de la capital entrerriana al complejo de Tecnópolis, en Villa Martelli, Buenos Aires. Lo curioso del caso fue que a la licitación realizada por la Dirección de Turismo Social, dependiente del Ministerio de Turismo, entonces a cargo de Hugo Marsó, sólo se presentó un oferente: Barreiro.
La investigación judicial en torno a esa falsedad de datos aportados al Estado por el empresario conocido como Jardinero K se inició en 2013, tras la denuncia del abogado Guillermo Mulet, quien se apoyó en artículos periodísticos que dieron cuenta de la presencia de Barreiro en el Gobierno de Urribarri.
El hoy juez de juicio y entonces fiscal Alejandro Cánepa había pedido la pena de 2 años y 3 meses de prisión condicional, más el doble de plazo de inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero el juez Pablo Vírgala lo halló culpable de falsificar datos en un instrumento públicos, y lo condenó a 1 año y medio de prisión condicional, más el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y la accesoria de realizar trabajos comunitarios.
Vírgala, al dar a conocer su fallo, lamentó que Barreiro no estuviera presente en la sala –estuvo sí durante el debate– para explicarle, dijo el magistrado, que lo juzgó por los hechos que se le imputaron y no por lo que se decía que era –“el Jardinero K”–, y habló la independencia del Poder Judicial en la provincia. “No salimos bailando en televisión ni hay ningún nombre en una servilleta”, dijo Vírgala, parafraseando aquella sentencia que se le atribuyó al ministro del Interior de Carlos Menem, Carlos Corach.
“Quería que estuviera (Barreiro) para explicarle la sentencia”, aseguró. “Es bueno informar por qué se llega a tal o cual conclusión”, completó.
Puntualizó la necesidad de que existan “políticos probos y honestos”, y que eso es lo que quería decirle, entre otras cosas, al condenado empresario santacruceño.
“Acá se juzgó un hecho, no una persona. El hecho que se le imputó es falsedad de instrumento público”, analizó el juez.
Y antes de dar a conocer el fallo, dio por probados los hechos: que Barreiro era funcionario, que cometió un delito al inscribirse como proveedor del Estado, y que no pudo desconocer que había sido designado por un decreto firmado por el exgobernador Sergio Urribarri.
“¿Era funcionario? Sí, lo era”, concluyó el magistrado, y de ese modo dio por tierra con la argumentación de los defensores, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, que sostuvieron que Barreiro nunca fue notificado de su designación. “Lo pudieron notificar por carta documento, y Barreiro hubiese dicho lo que dijo aquí, que no lee lo que firma”, explicó Vírgala.
“El decreto que lo nombra a Barreiro lo pone jerárquicamente debajo de Lorenzo, coordinador del Ceicer. Que haya trabajado ad honorem o cobrando, no lo diferencia: era funcionario”, apuntó el magistrado.
“El decreto de designación institucionalizó o formalizó lo que Barreiro venía haciendo, y Barreiro, como dijo (el exministro de Cultura, Pedro) Báez, era una persona que tenía enorme llegada a nivel nacional. Barreiro fungía de abrepuertas”, explicó Vírgala.
“Barreiro abría puertas allí a donde no podía llegar otra persona, ni siquiera el ministro (Báez). Siempre que no sea tráfico de influencias, está bien. Esto siempre fue así”, aseveró.
“Barreiro tenía un trato fluido. Era un funcionario, un político que se movía en las más altas esferas. No era una persona cualquiera: licenciado en Administración de Empresas, empresario.
En los tres meses que van entre que se publicó el decreto de designación y la firma en el formulario de inscripción en el Registro de Proveedores, nadie dijo nada, nunca supo que había sido designado. Encima, designado, una perla más, una irregularidad más, como nexo para fortalecer el citado organismo y los diferentes gobiernos del Mercosur y el Unasur. Barriero era prácticamente un canciller regional, sin saber que lo era. Increíble”, analizó el juez.
“Eso hacía Barreiro. Pero no sabía. Ni el ministro Báez ni Lorenzo, con quien eran amigos, nadie le dijo que había sido designado en estos términos”, completó el magistrado, antes de dar a conocer su sentencia, en la que la que lo halló culpable del delito de falsificación de instrumento público y condenarlo a prisión condicional al Jardinero K.
