El juicio oral, que fue aplazado en varias oportunidades y tiene fecha para el 12 de abril del 2018, se espera que siente en el banquillo a 26 acusados, todos ex directivos de la empresa que en aquel momento dependía de la española Iberia y ex miembros de la Fuerza Aérea Argentina.
En el avión viajaban 69 pasajeros y 5 tripulantes. Uno de ellos era la azafata Viviana Rumachella, de 34 años, a la que puertas adentro de la aerolínea todos conocían como "La Rumi". A ella no le tocaba viajar esa noche, estaba de guardia y fue la baja de una compañera a último momento lo que la subió al McDonnell Douglas DC-9-32 de Austral en el que ocurrió la tragedia.
"Ella había soñado que perdía la vida en un vuelo", le confió María Dora Zugnoni, mamá de Viviana. La mujer de 88 años fue la primera que llevó la causa a los tribunales federales de Comodoro Py. "Algunos familiares fueron por la parte económica y un grupo más chico decidimos buscar justicia", dice.
A María Dora se le sumaron en esa búsqueda su hija más chica, Silvina, y su yerno, Norberto Caputo, que entonces acababan de recibirse de abogados. "Aprendimos a hacer derecho con este caso", admite él desde Italia, donde por estos días se encuentra por trabajo junto a su esposa.
Los familiares de las víctimas se agruparon en una sola querella que desde un principio incluyó también a Daniel Vázquez, esposo de la comisario de abordo Susana Trotta y que al tiempo incorporó a María Elena Blanco, viuda del comandante Jorge Cécere.
La causa ya fue investigada a lo largo de estos 20 años por tres jueces. En 2013 quedó radicada en el juzgado de Sebastián Ramos, quien tiene hoy a su cargo establecer si entre las causas que originaron el accidente aéreo cabía asignarle responsabilidad a los encargados de la empresa y a los responsables de la Seguridad Aerocomercial de la Nación.
Tanto para las familias de los tripulantes como de los pasajeros (la querella engloba alrededor de 15 personas), la empresa y los organismos de control son responsables de la tragedia. Consideran que la nave no estaba en condiciones de volar.
"Ella sabía cómo estaban los aviones y tenía terror de volar", aseguró María Dora, que le habla todos los días a la foto de Viviana que guarda en un portarretratos de su casa de avenida Triunvirato. A ella su hija ya le había hablado del mal estado de las aeronaves DC-9-32 de Austral como la que se estrelló la noche de aquel 10 de octubre: "Estaban a la miseria me dijo y además faltaba una alarma que necesitaba el avión. Pero les costaba menos pagar las vidas que ponerla".
Zugnoni hace referencia a una alarma de color ámbar con la que –se comprobó- no contaba la aeronave y que se requiere para la precaución sobre fallas en el funcionamiento de la calefacción de los "tubos pitot", uno de los motivos del accidente. El dato surgió entre las distintas pruebas durante la investigación.
Sobre el dispositivo y su rol en la tragedia de Austral habló en un fragmento de su documental Fuerza Aérea S.A. (2006) el director de cine y ex piloto Enrique Piñeyro.
El dato no es menor: tras el accidente de Austral la aviación dejó de depender de la Fuerza Aérea Argentina y la máxima autoridad pasó a ser completamente civil. Fueron necesarios 74 muertos.
"LAPA fue posterior y se ventiló en un juicio oral, Cromañón fue posterior y se ventiló en un juicio oral, Once fue posterior y se ventiló en juicio oral. Pasa que el siniestro de Austral es ventilar la privatización de Aerolíneas Argentinas", sostiene el abogado Caputo en diálogo con Infobae, señalando directamente al gobierno de Carlos Menem (1989 – 1999).
"No lo investigaron ni lo van a investigar porque hay una cuestión de corrupción internacional donde estaban involucrados los gobiernos de España y de la República Argentina", denuncia el abogado, convencido de que los tres jueces que tuvieron la causa en sus manos, Jorge Ballesteros, Marcelo Martínez Di Giorgi y actualmente Ramos, "fueron funcionales" a los imputados.
"Ramos hoy festeja haber podido decretar este año la prescripción de la causa de los aviones de descarte", aseguró Caputo, que fue más allá y se animó a atar algunos cabos legales: "Tira abajo la causa de los 'aviones basura' para llegar a un juicio oral donde el dolo (acción deliberada de cometer un delito sabiendo los daños que puede causar) desaparezca del mapa".
Este martes, a 20 años de la tragedia y a meses del juicio oral, los abogados y las familias de las víctimas no encuentran todavía razones para creer que se está cerca de juzgar a los culpables. Para ellos la fecha tentativa del proceso judicial –que ya fue postergada en reiteradas oportunidades- apunta más a generar un efecto en los medios de comunicación que a buscar justicia.
"A lo largo de estos 20 años no se murieron solo los imputados sino también los testigos. Esto fue dilatado con saña, desapareció gran parte de la prueba que nosotros aportamos a la causa", quiso remarcar el representante legal de la querella.
"Cambian los gobiernos pero los doce jueces siguen siendo los mismos", acota Caputo, que lleva toda su vida profesional dedicado a la tragedia, y comparte que empieza a tener efecto en él lo que llama "agotamiento moral". Que saliéndose por un instante del traje de abogado, a dos décadas de la noche del 10 de octubre de 1997 que cambió su vida y la de su familia, dice: "Ese avión no cayó en Fray Bentos, cayó en el living de casa".
