El responsable de la ejecución habría sido el sargento de Policía, Mauricio Gómez, que abrió fuego con su arma reglamentaria de 9mm cuando perseguía al delincuente por un descampado en el barrio Molinari. Ahora, a cuatro meses del crimen, al Ministerio Público Fiscal solo le faltan los resultados de dos pericias clave para demostrar la responsabilidad penal del sargento, que espera la realización del juicio oral cumpliendo arresto domiciliario.
La autopsia
La autopsia –realizada el 10 de octubre en la morgue ubicada en el Cementerio Norte por el médico forense Marcelo Benetti, quien a su vez estuvo acompañado por integrantes del Poder Judicial y miembros de Gendarmería Nacional, la fuerza de seguridad que se hizo cargo de las investigaciones– confirmó que Pérez murió por un único disparo que ocasionó un orificio de entrada y salida en su cabeza, ingresando por la parte alta de la nuca y saliendo por uno de sus ojos.Se estima que la distancia desde la cual fue efectuado el disparo fue de 100 metros, lo que concuerda con los primeros peritajes, que indicaron que el arma fue disparada a 95 metros de donde se encontró el cuerpo.
Por el hecho fueron detenidos los dos policías involucrados en el procedimiento, Juan Zapata y Mauricio Javier Gómez, pero con el correr de la investigación se determinó que Zapata no tenía responsabilidad penal en el hecho y fue desvinculado, y como contrapartida quedó comprometido su compañero en el móvil de la Comisaría Octava.
Gómez fue llevado ante la fiscal Martina Cedrés a declarar como imputado por homicidio agravado, pero se negó a declarar y tras ello se le dictó una prisión preventiva por 35 días. El tiempo pasó y cuando se debía discutir la prórroga de la medida, el juez de Garantías, Tobías Podestá, se decidió por aplicarle un arresto domiciliario.
La discusión se centró en el tiempo de aplicación de esta medida: El fiscal Lisandro Beherán requirió 45 días, en tanto el magistrado se inclinó por otros 30 días. La novedad es que se ordenó la colocación de una tobillera electrónica para monitorear los pasos de Gómez, ya que enfrenta una pena de prisión perpetua y existe la posibilidad de fuga.
La excarcelación de Gómez fue y es requerida por cierta parte de la sociedad que defiende su accionar pese a que se trata de una clara sobreactuación de su deber como funcionario público, que lo respaldó con una marcha realizada por el centro de la ciudad bajo una consigna que remite a los años más oscuros de la historia argentina: “Derechos humanos para humanos derechos”. Desde entonces, Gómez espera el inicio del juicio oral en su casa, cumpliendo un arresto domiciliario con la colocación de una tobillera electrónica que monitorea sus pasos ante cualquier intento de fuga.
La Investigación Penal Preparatoria está prácticamente agotada y sólo se espera por el arribo de informes periciales que fueron remitidos a Gendarmería Nacional en Buenos Aires, entre los cuales está el dermotest practicado a Gómez y Juan Zapata, y la mecánica del disparo. Una vez que estos informes lleguen a manos del fiscal coordinador Lisandro Beherán (que reemplaza a Cedrés con licencia) se estará en condiciones de requerir la audiencia de elevación a juicio.
