A través de un comunicado, desde la asociación expresaron que “después de dos años de la ley nacional y a un año de la adhesión de la provincia a la misma, nos encontramos con que ninguno de estos pilares se cumplen: el Consejo General de Educación (CGE) no ha capacitado sobre las DEA, los institutos de formación docente no capacitan sobre las dificultades específicas del aprendizaje”.
Y agregaron, además, que “el acompañamiento de los alumnos con DEA y las adecuaciones de acceso quedan en manos de la buena predisposición de docentes y directivos, olvidando que estas deben estar presentes en todos los niveles educativos ya que esta condición los acompaña de por vida”.
Por otro lado, “desde el Ministerio de Salud, expresan que no van a acompañar por patología con la creación de más cargos de psicopedagogas”, por lo que los niños “que necesitan de la atención pública de una psicopedagoga ingresan en lista de espera durante casi un año, para luego recibir un turno de 20 minutos una vez por mes, o bien cada 15 días”, cuestionaron desde la Asociación.
Por último, "las obras sociales incitan a los padres a sacar certificados de discapacidad en muchos casos -siendo esto imposible, ya que la dislexia no es una discapacidad- y en otros siguen negando la Ley de DEA, obligando a los padres a hacerse cargo de forma personal", agregaron.
Qué dice la Ley
“La ley, sin embargo, es muy clara. En el artículo 9 obliga, a través del Programa Médico Obligatorio (PMO), a las obras sociales y a los servicios de salud a cubrir los tratamientos. Hoy uno puede hacer valer ese derecho de cobertura de tratamiento”, explicó el pediatra Gustavo Abichacra, presidente de la Fundación Disfam Argentina.“Si a uno le niegan el servicio de salud tiene que actuar con las herramientas legales: tenés la Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Justicia para hacer valer tus derechos”, señaló Abichacra y agregó que “tienen que empezar a cumplir porque ya hoy es obligatorio el tratamiento. Esperamos que no se judicialice todo, seguramente nadie niegue la cobertura después de dos o tres casos en donde los jueces fallen a favor del damnificado”.
“En Argentina, el 10% de la población tiene dislexia. De ese porcentaje, el 90% no lo sabe o no esta diagnosticado. En el país solo hay un estudio realizado. La Universidad del Litoral dice que el 15% de los habitantes tienen DEA, o sea entre cuatro y seis millones de argentinos”, detalló el profesional.
“La dislexia no respeta ninguna clase social. Las clases más desfavorecidas son las que tienen mayores dificultades respecto a la dislexia porque no pueden acceder a un diagnóstico ni a un tratamiento. A partir de ahora serán los Ministerios de Salud y de Educación los que deban poner las herramientas, como también la disponibilidad de personal para que puedan llegar a estas personas los diagnósticos”, agregó.
“La consecuencia emocional que trae esta dificultad genética y hereditaria es enorme. En los chicos produce un gran dolor y más aún cuando no se los comprende. Cuando no se lo interpreta, el dolor lastima mucho: hace que abandonen la escuela”, explicó Abichacra.
