El 13 de marzo se aprobó en la Legislatura provincial una nueva ley, la 10.566, que adhirió a la norma nacional de desfederalización de la competencia penal en delitos de menor cuantía vinculados a estupefacientes. Esta ley provincial entró en vigencia el 10 de mayo de este año.
Uno de los principales problemas que se avecina es la superpoblación carcelaria. A seis meses de aplicación de la norma, se espera que con el avance de las causas la situación se vaya empeorando, ante el aumento de la demanda de espacios en las cárceles de la provincia.
Cuestión de fondo habló con el director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Rubén Sánchez. “Desde la implementación de la ley, el ingreso que se ha dado a nivel provincial ha sido flotante porque ingresan y egresan y recién ahora se están viendo las condenas. Hoy tenemos 42 internos alojados en relación a este tipo de causas, de los cuales 21 ya están con condena”, indicó el funcionario.
“Se están llevando a cabo obras que implican modificaciones en las unidades penales y en algunos casos nuevos cupos de alojamiento en toda la provincia. Tenemos nuevos pabellones terminados en Concepción del Uruguay y en Victoria y en ejecución en Paraná y en Concordia. Eso nos va a permitir contar con nuevos lugares, tendiendo a este incremento que se va a dar cuando se vayan efectivizando las condenas”, comentó.
Sánchez informó que hay 2.470 internos alojados en las nueve cárceles de la provincia, con causas tanto provinciales como federales. “De acuerdo al análisis que venimos realizando desde hace dos años, se ha incrementado en un 200 por ciento la población carcelaria, lo que nos ha llevado a buscar nuevas alternativas para el alojamiento”, señaló el funcionario.
El director del Servicio Penitenciario aseguró que “las condiciones mínimas y necesarias están atendidas”, en cumplimiento con las normas tanto nacionales como internacionales. “Si se podría estar un poco mejor, pero la demanda propia del interno alojado en las unidades penales se encuentra atendido. Apuntamos a mejorar la calidad con nuevas plazas para reubicar a algunos internos”, anticipó.
Para evitar la superposición de las jurisdicciones, antes de realizar los allanamientos, desde el Ministerio Público Fiscal se comunican con la Justicia Federal para saber si el procedimiento no entorpecerá una investigación de mayor envergadura.
Según consultas con fuentes policiales, cuando se captura a los responsables de los kioscos de droga no siempre brindan información para desbaratar la banda que está por encima del punto de venta. Es más, en muchos casos son los propios jefes de las bandas los que se hacen cargo de los honorarios de los abogados en los juicios. Además, reconocieron que en muchos casos el punto de venta se vuelve a montar, ya sea con familiares de los detenidos o integrantes de otra banda de la zona que se hace cargo del negocio.
Si bien la ley de narcomenudeo fue demandada por parte de la sociedad y el poder de la provincia, hay sectores que se oponen a esta norma y el paradigma reinante en la política criminal de "guerra contra las drogas".
Al respecto, Cuestión de fondo dialogó con el abogado y militante de derechos humanos José Iparraguirre. “Desde los organismos de derechos humanos hemos sido críticos de esta ley porque no sólo transfiere a la Policía, sino al Poder Judicial, la investigación y el juzgamiento de aquellos casos menores en la cadena de la comercialización de drogas, cuando la droga está fraccionada para la venta directa al consumidor”, explicó el letrado.
“También quedan atrapadas conductas como el autocultivo de cannabis sativa y esto a nosotros nos parece que es contraproducente porque no va al meollo del asunto que es poder investigar, juzgar y avanzar, en el marco de la competencia federal, a aquellas organizaciones delictivas que llevan adelante la comercialización masiva”, añadió Iparraguirre.
“Quedan entrampados en el marco de esta ley el consumidor o el pequeño vendedor y esto nos parece muy serio porque no se trabaja sobre lo principal, que son las organizaciones delictivas”, acotó.
“Más allá de eso, entendemos que hay una situación de inconstitucionalidad de la norma porque la competencia federal no se puede desdoblar, como se hizo en la provincia con la ley de adhesión. Esto rompe con principios básicos establecidos en la Constitución, como el de juez natural, y a su vez con el agravante de que no tenemos una policía judicial en Entre Ríos, sino que la policía administrativa sigue siendo la que se encarga de la investigación de los hechos delictivos y hay altísimos márgenes de corrupción que obviamente aumentan en el marco de este tipo de causas”, argumentó el abogado.
Para Iparraguirre, “debe haber una política criminal dirigida a penalizar y perseguir seriamente a las organizaciones mafiosas, pero también es hora de avanzar en la despenalización del autocultivo o el cultivo para consumo personal, como una forma más efectiva de poder conseguir una reducción de la actividad delictiva vinculada al narcotráfico”.
“Hoy el proyecto de reforma del Código Penal argentino despenaliza la tenencia para el consumo personal, siempre que no trascienda a terceros. Habría que avanzar con este criterio como una manera de luchar contra las organizaciones mafiosas”, completó.
