Pero los camaristas Norma Viviana Ceballos y Oscar Daniel Benedetto no se quedaron en el molde sino que demandaron al denunciante, y el caso se resolvió mediante un acuerdo transaccional ante la titular del Juzgado Civil y Comercial N° 3 a cargo de la jueza Sofía María Gracia Keller.
El acuerdo transaccional conciliatorio que pone fin al pleito que los dos camaristas le iniciaron al abogado Gogniat establece que el denunciante “expresa su voluntad la que hace efectiva en este acto de retractarse de la conducta asumida -denuncia efectuada a los actores ante el Jurado de Enjuiciamiento por las causales de ignorancia inexcusable del Derecho y falta de idoneidad para el cargo- y en consecuencia pide disculpas a los actores atento reconocer que con ella les ha generado un daño moral”.
Por su parte, los jueces Ceballos y Benedetto expresaron que “aceptan dicha retractación y pedido de disculpas”. También, acordaron recibir en concepto de indemnización por daño moral la suma de $50 mil, que el abogado demandado depositará en el término de 5 días hábiles de ser notificado por el Juzgado del número de cuenta, la que se abrirá por el organismo en el Banco de Entre Ríos. Ese dinero será luego donado por los camaristas a la Cooperadora del Hospital de Niños San Roque, de Paraná.
El caso
Jorge Cristian Alejo Gogniat interpuso denuncia contra Norma Ceballos y Oscar Daniel Benedetto con motivo de la sentencia que ambos dictaron el 23 de junio de 2020 en los autos caratulados «Cáceres, Hilda Susana y Otros c/ Irusta, Héctor Raúl y Otros s/ Ordinario Accidente de Tránsito”; haciendo hincapié en la regulación de honorarios que oportunamente se efectuara en primera instancia y en favor de María Luisa Domínguez, en virtud de la cual interpuso recurso de apelación contra dicha regulación por considerarla no ajustada a derecho de acuerdo a los artículos erróneamente citados a su entender en esa sentencia para la fijación de los emolumentos.La denuncia fue formulada por el letrado por considerar que actuaron con una “ignorancia inexcusable del Derecho” al momento de regular honorarios a favor de otra abogada en el marco de un litigio civil que derivó de una tragedia vial.
En su presentación, el letrado denunciante sostuvo que Ceballos y Benedetto beneficiaron a la abogada María Luisa Domínguez en la instancia de apelación de la causa «Cáceres Hilda Susana Y Otros C/ Irusta Héctor Raúl y Otros S/Ordinario accidente de tránsito» a quien le asignaron $ 228.600 en concepto de honorarios.
La denuncia fue formulada el 26 de noviembre de 2020, y en ella Gogniat planteó que no hay correspondencia entre ese monto y los honorarios que se le regularon a la misma abogada en primera instancia: $ 160.400. La ley 7.046, menciona el escrito, establece que la retribución de un abogado en una apelación deben ser entre el 40% y el 70% de ese valor, por lo que tendría que haber estado entre los $ 64.100 y los $ 112.280. Pero «regularon la desproporcionada e injustificada suma de $ 228.400, esto es un 170 % de los honorarios regulados en primera instancia», se quejó.
El 3 de junio de 2021, el Jurado de Enjuiciamiento desestimó la denuncia por «ignorancia inexcusable del Derecho» y no hizo lugar a ninguno de los reproches, y resolvió por unanimidad desestimar la denuncia, y en consecuencia no formar causa. El Jurado estuvo integrado por el entonces presidente del STJ, Martín Carbonell, los vocales del STJ Daniel Carubia, Miguel Ángel Giorgio, el senador provincial Armando Gay, el diputado provincial Gustavo Zavallo, y las abogadas Sonia Mabel Rondoni y Elsa Margarita Jachuk.
En los fundamentos de su voto, Giorgio sostuvo que Ceballos fue designada en su cargo en forma interina y ostenta la calidad de jueza a cargo del despacho por lo que resulta inviable la promoción de un jury contra quien no es titular del organismo y menos aún de acuerdo a la causal que se invoca, es decir, ignorancia inexcusable de Derecho constitutiva de una supuesta falta de idoneidad para el cargo.
Con respecto a la actuación de Benedetto, Giorgio entendió que se pretende cuestionar por esta vía la decisión que ha adoptado el magistrado en el legítimo ejercicio de su función y en una instancia recursiva, de relativa significancia y trascendencia, por cuanto sólo define una cuestión meramente accesoria como lo sería una revisión de honorarios practicada en instancias inferiores.
Asimismo afirmó que «ese decisorio aislado, por su particular naturaleza no puede resultar suficientemente revelador para descalificar la capacidad y/o conocimientos jurídicos que posee el magistrado con una determinada trayectoria en el Poder Judicial, superando en su momento todas las instancias de evaluación del Consejo de la Magistratura, demostrando así la suficiente idoneidad para obtener la titularidad del cargo».
Giorgio expresó que resultaría absurdo que el simple parecer del denunciante bastara para derrumbar todo el procedimiento constitucional que oportunamente se siguió, donde han intervenido calificados juristas en el proceso de selección de los aspirantes para la posterior designación de Benedetto que ha probado con creces su idoneidad para el cargo.
Giorgio estimó que no existe mérito en las actuaciones para la formación de causa contra Ceballos y Benedetto.
A su turno, el diputado Zavallo adhirió al voto de Giorgio.
Por otra parte remarcó que en aras de manifestar la discordancia con decisiones judiciales de magistrados, en este caso con una regulación de honorarios, tienen los justiciables y letrados instrumentos procesales idóneos a fin de hacer valer los derechos que creen vulnerados.
A su turno, la abogada Elsa Jachuk adhirió a los votos anteriores encontrando solidez en los argumentos de hecho y derecho en ambas presentaciones, encontrando infundados los argumentos vertidos en la denuncia contra Ceballos y Benedetto.
En tanto, la letrada Sonia Rondoni en relación a la denuncia promovida contra Ceballos consideró que la vía elegida por el denunciante es improcedente al no revestir la magistrada la calidad de titular del cargo, y en consecuencia no es susceptible de juicio de responsabilidad política, y con respecto a Benedetto sostuvo que la discordancia con la decisión adoptada por el magistrado no habilita la formación de causa, máxime cuando el denunciante tenía a su alcance la vía recursiva que el procedimiento le brinda, y que inexplicablemente no ha ejercido.
En tanto el vocal Daniel Carubia se remitió a los fundamentos del vocal Miguel Giorgio añadiendo que el Jurado carece de potestad para destituirla de un cargo que sólo ostenta precariamente (sea suplente, interina, provisoria o a cargo del despacho), facultad que recae exclusiva y excluyentemente en el Superior Tribunal de Justicia de conformidad a lo establecido en el artículo 218 de la Constitución de Entre Ríos.
Con respecto, “al cargo formulado de ignorancia inexcusable del derecho, debe importar un vicio grave de superlativa trascendencia que no puede abarcar los supuestos de simples y comunes errores -aún en la interpretación de hechos y del derecho- y mucho menos si se trata de un mero error material, el cual puede ser habitual en la expresión de un monto dinerario fijado como honorarios profesionales…”
El vocal Miguel Carbonell acompañó la solución desestimatoria que impulsó Giorgio, al igual que el senador Armando Gay, quien afirmó “estamos ante la queja en relación a la regulación de honorarios profesionales, los cuales tienen procedimientos previstos de impugnación, y es el legislador provincial quien estipula los remedios procesales justamente previendo por un lado garantizar los derechos constitucionales, y por el otro dando cuenta de la realidad, es decir que es factible errores involuntarios, o criterios diferentes en la interpretación normativa…”
Gay también entendió que el denunciante no siguió los plazos procesales que tenía a disposición para pulverizar jurídicamente la misma, eligiendo otra vía -la no idónea- manifiestamente improcedente para canalizar su disconformidad.
