El gremio de trabajadores judiciales decretó el paro total de actividades durante 7 días del mes de junio, con quite de colaboración y desconexión digital, y la amenaza de incrementarlas por tiempo indefinido.
Según las comisiones directivas, las decisiones de AJER “demuestran una falta de solidaridad y oportunidad, circunstancia que irrita a una sociedad que ha padecido y padece los efectos de esta pandemia y de la cual, los empleados judiciales parecen no pertenecer”.
Principales puntos
En la carta las comisiones directivas ponen en relieve los siguientes puntos:Servicio de Justicia: debe brindarse de manera esencial en beneficio de los justiciables, y con respeto al trabajo y esfuerzo de abogadas y abogados que hemos adaptado toda nuestra actividad y nuestros estudios para brindar el mejor servicio posible en estas circunstancias.
Costos mayores de nuestra actividad: recategorizaciones impositivas, efectuadas de manera retroactiva, incrementos exponenciales en los intereses de nuestras cuotas de matrícula, cuyo costo que de por sí se incrementa con el precio del jus, entre otros. Sumado a que los honorarios son estimados en desbalance con nuestras responsabilidades y en desconocimiento de la realidad económica en la que todos vivimos.
El sector más afectado en esta pandemia ha sido el independiente: tanto el comercial, como el profesional, y a quienes el gobierno decidió no incluir en la lista de “vulnerables” sin recibir ningún tipo de ayuda, colaboración ni apoyo. Por el contrario, somos víctimas constantes de los embates del fisco nacional y provincial y cuya voracidad impositiva parece no tener límite alguno.
Exigir con posiciones muy claras y contundentes la restitución del servicio de justicia en forma inmediata y plena. Entendemos que debe reconocerse como única limitación la que surge de los correspondientes protocolos sanitarios, y ninguna otra.
Adoptar una medida que imponga “el quite de colaboración absoluta” evidencia una desmesura y total falta de racionalidad frente a la situación que toda la sociedad enfrenta, en donde justamente deben asumirse conductas de cierta comprensión y paciencia por el problema ajeno.
Reclamamos la firme e impostergable exigencia de la conciliación obligatoria, medida que entendemos resulta oportuna, legítima y necesaria, ya que evidentemente los esfuerzos de carácter conciliatorio hasta el momento no han tenido respuesta alguna.
“Entendemos, postulamos y asumimos con la absoluta responsabilidad institucional que a los suscriptos nos toca desempeñar, que las instancias de diálogo se encuentran agotadas y es momento que este Colegio, actúe como un verdadero gremio de los profesionales a quienes representa, asumiendo un rol activo, crítico, y suficientemente contestatario, ante la indiferencia de los demás actores de una crisis, que nos es ajena pero de la cual resultamos afectados nosotros y nuestros clientes en deterioro de un eficiente servicio de justicia”, concluyeron.
