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Alberto Gastiazoro fue denunciado los últimos días de septiembre, por parte de una empleada municipal, por presunto abuso sexual y acoso, quien además indicó que esa situación venía dándose desde hacía varios años pero que había callado por miedo a perder su trabajo. Desde la Justicia se informó que esta semana continuó avanzando la investigación. Se adosaron al legajo dos informes: uno de atención a la víctima (se ha hecho especial hincapié en el estado emocional de la denunciante) y otro referente a su historia laboral. Por otro lado, aún se espera que desde Criminalística fijen una fecha para realizar la pericia sobre el material secuestrado en el municipio. Y se descartó de plano que se haya pedido la prisión preventiva del intendente.

Según recordó el fiscal a cargo, Leandro Dato, una de las primeras medidas judiciales había sido un allanamiento en instalaciones de la municipalidad, donde se hizo una inspección ocular que coincidió con el relato de la denunciante, se tomaron fotografías y se elaboró una planimetría. Además, se secuestró un colchón que será sometido a pericias.

Todo indica que “la situación relacional entre la mujer y el presidente comunal está clara, así como la actitud de él para con otras personas”, dijo entonces el fiscal, tras tomar varios testimonios en el marco de la causa. La denunciante “pudo precisar en qué lugar ocurrían los abusos e hizo una descripción”.

Entre otras medidas, se le dictó al intendente saliente una restricción de acercamiento a la mujer y su familia de 200 metros, y la prohibición de establecer contacto por cualquier medio. Posteriormente, se informó en la causa que Gastiazoro tomó licencia en su cargo al frente del municipio. Su abogado defensor es José Barbagelata y anunció que en los próximos días ofrecerá declaraciones testimoniales para la investigación penal.
Fuente: Análisis

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