El instructor a cargo de esa tarea, el sacerdote abogado Silvio Fariña Vaccarezza, los citó en forma telefónica, aunque según contó una de las víctimas, el diálogo resultó por lo menos llamativo. "En ningún momento me habló de delito, ni de abuso; habló de un incidente. Me preguntó si yo había tenido un incidente con un sacerdote", según recordó en diálogo con El Diario.
De momento, ninguna de las dos víctimas, un médico y un estudiante de Derecho, se presentó ante la curia de Paraná, donde se tramita esa averiguación, para dar su testimonio. Incluso, una de las víctimas derivó el tema a su abogado personal. "Ni siquiera me preguntó cómo estaba, en qué situación estaba. Solamente quería saber si yo podía testimoniar por el incidente, como lo llamó", reveló.
En esa investigación diocesana ordenada por el arzobispo Juan Alberto Puiggari, ya han brindado su testimonio dos sacerdotes, el actual párroco de Santa Rosa de Lima, José Dumoulin, y el párroco de San Benito Abad, Leonardo Tovar.
ANTECEDENTE. No es la primera vez que Fariña queda al frente de una investigación eclesiástica por una denuncia de abuso que involucra a un sacerdote de la diócesis.
En 1995, el ex arzobispo Estanislao Esteban Karlic lo puso al frente de la causa que se inició contra el cura Justo José Ilarraz por las denuncias de abuso contra menores en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo. Ilarraz está procesado en la causa "Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada", medida dispuesta a comienzos de julio por la jueza Susana María Paola Firpo, titular del Juzgado de Transición Nº 2, aunque apelada por la defensa del cura.
El 5 de julio de 1995, Karlic firmó un decreto por el que encomendó a Fariña Vaccarezza "la realización de una investigación cautelosa" sobre Ilarraz a partir de las sospechas de que hubiese cometido "delitos graves" mientras integró el equipo de superiores del Seminario Arquidiocesano. Una vez concluida esa averiguación, dispuso el ahora cardenal, que debía ser hecha "con el mayor sigilo", y resuelto qué sanción aplicar, que las actuaciones se guardasen "en el archivo secreto" de la Curia.
La investigación de Fariña concluyó al año siguiente. El 18 de diciembre de 1996 Karlic firmó un nuevo decreto por el que le prohibió al cura "venir y permanecer en el territorio de la Arquidiócesis de Paraná, así como tener comunicación de cualquier tipo con los seminaristas".
Fariña Vaccarezza, que durante 15 años estuvo como párroco en la Iglesia Catedral de Paraná, en abril último dio un paso al costado y presentó su renuncia: lo reemplazó el vicario general de la diócesis, Eduardo Tánger. Pero cuando el 29 de junio dos jóvenes de Villaguay se presentaron en la Justicia a denunciar los abusos de los que habría sido víctimas, siendo adolescentes, de parte del cura Marcelino Moya, la curia lo puso de nuevo al frente de la investigación diocesana de ese asunto.
APARATAMIENTO. El caso de los abusos en Villaguay comenzó a ventilarse luego de que la revista "Análisis" lo publicara en portada, el 25 de junio.
El caso abordó los hechos que habrían ocurrido mientras Moya estuvo destinado en Villaguay, en la Parroquia Santa Rosa de Lima, y fue docente del Colegio La Inmaculada, y además capellán en el Regimiento de Infantería Mecanizado 5 General Félix De Olazábal.
Moya estuvo destinado en Villaguay entre 1992 y 1997, y su último destino fue en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, de Seguí. El 30 de junio, un día después de que dos víctimas presentaran su denuncia en la Justicia, el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, resolvió apartarlo de su función pastoral hasta tanto haya una resolución en los Tribunales.
La medida supuso la inmersión del cura en el más completo ostracismo. Aunque en las primeras horas posteriores a la denuncia periodística había hablado en todos los medios ?siempre fue de alto perfil, y conocido por su trabajo como payador?y había desmentido las afirmaciones de la publicación, después se recluyó en casa de sus padres, en María Grande, y no volvió a hablar en forma pública.
El arzobispo Juan Alberto Puiggari hizo público un comunicado el 30 de julio en el que aseguró que no bien "se conocieron las denuncias periodísticas que involucraban a un sacerdote de la Arquidiócesis, el arzobispo dio inicio a las investigaciones preliminares según lo expresa el Código de Derecho Canónico en el canon N00º 1717, regulados por las normas de Gravioribus Delictis".
Y como "medida cautelar, el sacerdote involucrado ha sido separado de la atención pastoral de la comunidad y se le ha impedido el ejercicio público del ministerio, según lo determina el derecho canónico, hasta que la Justicia se expida". Sin nombrarlo a Moya, la Iglesia dispuso apartarlo de su función de párroco de Nuestra Señora de la Merced, de Seguí, último destino pastoral que tuvo. Y también la curia expresó "nuestra cercanía y disposición para acompañar a todos aquellos afectados por esta dolorosa situación, quienes cuentan con nuestra disponibilidad de escucha, oración, comprensión y afecto".
Documentación
La fiscal Nadia Benedetti, de la Unidad Fiscal de Villaguay, a cargo de la investigación sobre el cura Marcelino Moya, pudo por fin acceder a parte de la documentación que tiene en su poder la Iglesia relativa a los antecedentes del sacerdote.
Benedetti pudo acceder a esa documentación referida al legajo personal de Moya ?cada sacerdote tiene informes personales en la curia?aunque de momento no ha podido contar con los informes que guarda el archivo secreto del Arzobispado de Paraná.
Mientras, Benedetti sigue instruyendo la causa, y recibiendo testimonios de testigos que conocieron a Moya en Villaguay y que aportan a la investigación.
