El funcionario reveló que pensó "en renunciar porque es un caso muy grave. Estamos todos sujetos a enfrentar las responsabilidades, como debe ser, sin sobreactuar y como ha sido la conducta de toda la vida", agregó.
"Los penitenciarios, somos padres de familia, estamos muy preocupados por lo que sucedió", indicó.
Se trata de determinar si dos niñas de 9 y 11 años eran ingresadas a la Unidad Penal para que sean abusadas por Alberto Sueldo, el remisero que en 2014 aceptó en un juicio abreviado cumplir una condena de 16 años de prisión por tres abusos sexuales cometidos en Paraná, entre ellos el de una menor de edad, más otro que consumó en Catamarca.
Este sujeto estaba alojado en el pabellón de violadores y la mujer madre de las niñas mantenía una relación de aproximadamente dos años con el mismo. Lo habría conocido cuando iba a visitar al padre biológico de sus hijas, otro interno condenado por homicidio.
El padre de las niñas también está alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná y cumple una condena de 20 años por homicidio. El hombre habría sabido de la relación de su ex mujer con el convicto condenado por abusos y habría pedido en 2016, que el Servicio Penitenciario prohibiera que las menores visitaran al novio de la madre, cuestión que había sido admitida, aunque posteriormente, nadie puede explicar por qué se permitía que las menores visitaran al reo.
Fallaron los controles
Los menores de edad pueden ingresar a las visitas socio-familiares a las unidades penales, pero deben hacerlo acompañados por el papá o la mamá y dando cuenta en el registro manual que se realiza exhibiendo su documento al personal de requisa femenino que lleva el control.
Sin embargo, Mondragón reconoció que hay excepciones ante "situaciones que demandan respuestas inmediatas". "Es necesario tomar medidas en la contingencia", indicó al tiempo que adelantó que se restringió, sin excepción, el ingreso de menores de 18 años que no sean familiares directos de los internos alojados en las cárceles, mientras dure la investigación por el grave hecho que repercutió fuertemente en los estamentos provinciales.
Respecto de las investigaciones, el jefe del Servicio Penitenciario subrayó que se realizaron requisas, controles, relevamientos y filmaciones en los lugares donde supuestamente habrían ocurrido los hechos.
"Todo es materia de investigación, hay muchas implicancias y muchas aristas teniendo en cuenta de que las familias están constituidas tradicionalmente, pero hay una gran gama de situaciones que se deben contemplar y esto ha permitido algún tipo de maniobra para que en este caso, esta familia que se ha pretendido ensamblada terminen con un contacto totalmente no permitido", trató de explicar Mondragón. "Es compleja la situación porque se trata de ver un montón de situaciones", acotó.
Para desligar responsabilidades, el responsable del sistema penitenciario en la provincia comentó que "un promedio de mil personas ingresan al establecimiento a visitar a una población penal de ronda los 800 internos, todos con diferentes requerimientos y cuestiones a contemplar para mantener el vínculo familiar que se debe sostener para una reinserción adecuada, leyes y reglamentos con los que debemos cumplir".
"El Servicio Penitenciario tiene que fomentar estos vínculos para que el interno, al momento de su egreso, tenga una red de contención que no debemos interrumpir", subrayó.
Registro de las visitas socio-familiares
Por orden directa del ministro de Gobierno, Mondragón confirmó que se inició un sumario administrativo y el consecuente relevo de tres funcionarios de la plana mayor de la Unidad Penal Nº1 en el marco de estas actuaciones y la obvia colaboración con la Fiscalía que lleva adelante la investigación por este hecho.
Y en esa línea adelantó que se comenzó a "informatizar el sistema de visitas con registros fílmicos y grabaciones de respaldo a los efectos de establecer fehacientemente las identidades y relaciones". El mismo proceso se hará en el resto de las unidades penales de la provincia.
Las cárceles pasarían a contar con un registro informatizado con cuestiones informáticas de biometría. "El personal de Informática de la Dirección General ya está trabajando en esto y estamos en coordinación con otras entidades del país para comparar los sistemas. Ya teníamos avances sobre esto, pero esto hecho tan desgraciado hizo que se adelantaran estas cuestiones", comentó el funcionario.
Asume el nuevo jefe de la cárcel de Paraná
Luego de que el Prefecto Cristian Burgos fuera apartado del cargo, se conoció que lo reemplazará en el cargo, Octavio Ifrán, quien se desempeñaba como director de la Unidad Penal Nº 4 de Concepción del Uruguay.
"Tiene aptitudes para el cargo y a él le vamos a confiar la conducción para el cargo de la cárcel más importante, la más poblada y la más compleja de la provincia", refirió Mondragón.
Ifrán se mantenía reunido con los equipos profesionales y del cuerpo en general, a los fines de interiorizándose del movimiento interno del penal de esta ciudad.
