El senador provincial Lucas Larrarte, autor del proyecto de ley, sostuvo que “la mayoría o totalidad de las veces a aquellos que no cuentan con una cobertura social el Estado no tiene forma de recuperar la atención que se le brinda tras un accidente” y destacó que “a partir de la sanción de marzo de este año de una resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación se hablita un mecanismo para que los hospitales públicos y otros efectores de salud puedan percibir de parte de las compañías de seguro lo que se denomina como obligación legal autónoma”.
Mencionó al respecto que “la normativa nacional de tránsito tiene en su articulado una norma que establece que las compañías deben responder por los gastos sanatoriales y los gastos de sepelios que se originen aun cuando no estuviere determinada la culpabilidad del beneficiario o del asegurado” lo cual “es cambiar el esquema con el cual se venía trabajando porque generalmente el Estado brinda la atención a través de los centros de salud públicos en forma gratuita, y en los casos en que no tienen cobertura de una obra no había forma de hacer el recupero de esa inversión que el Estado hace en salud pública”.
Ante eso, explicitó que lo que “se plantea en el proyecto es un mecanismo jurídico a través del cual el Estado, siguiendo determinadas pautas o pasos, pueda hacer el reclamo a las compañías de seguro y de alguna manera recuperar –en todo o en parte– aquello que desembolsó para atender a un paciente que no cuenta con cobertura social pero que sí cuenta con el amparo de seguro automotor”.
“Es una necesidad contar con esta herramienta”
Consideró el senador. Agregó que “le da no solo la posibilidad de hacer la facturación y la cobranza extrajudicial sino que también prevé la alternativa de que ante el incumplimiento de la aseguradora se giren las actuaciones para que la Fiscalía de Estado proceda al cobro compulsivo. Tenemos que dotar al Estado de herramientas para que pueda recuperar esos fondos”.Puntualizó además que “la distribución de los fondos se hace de la misma forma en que actualmente se hace la distribución de los fondos que se recuperan de las prestaciones que se hacen a las obras sociales”.
Respecto de la recepción de la iniciativa, comentó que “algunos directores de hospitales y algunos asesores legales de las direcciones de los hospitales desde hace tiempo vienen bregando por una norma de este tipo” porque “para los hospitales es muy importante, ya que no solo está lo que se invierte en el hospital sino también por los traslados, con el uso de las ambulancias del Estado que salen a la ruta y socorren y auxilian a los accidentados. Todo eso tiene un costo y representa un gasto importante para la salud pública entrerriana”.
“Todo eso se puede facturar y cobrar a las compañías de seguro sin necesidad de esperar que se tramite un pleito para determinar quién es el culpable o responsable de un accidente. Sea poco o mucho, queremos que el Estado empiece a recuperar aquello que está poniendo y que es un subsidio encubierto a las compañías de seguro”, sentenció.
En cuanto a posibles planteos de parte de las aseguradoras, señaló que “esto es una obligación que las compañías tienen de antemano y en sus cálculos actuariales deben tener hecha su cuenta para que esto no les genere una pérdida desde el punto de vista económico financiero”. “Esto es algo que ellos no están pagando y lo cubre el Estado cuando sería una obligación de ellos cubrirlo. Creo que no les puede ocasionar ningún perjuicio, podrán ganar menos que antes pero no tienen un perjuicio”.
Por último, respecto del tratamiento del proyecto, mencionó que “se giró a las Comisiones de Salud y de Legislación general y se verá cuando se puede organizar una reunión conjunta para analizar y dictaminar sobre este tema”.
