"No hemos recibimos ningún tipo de información, queríamos saber fehacientemente si la CTM conoce o se ocupó por saber el real impacto que estas perforaciones pueden generar en la represa Salto Grande, en su seguridad y en la generación de energía", sostuvo el legislador. Y añadió que "la empresa petrolera uruguaya Ancap fue la concesionaria para la realización de las perforaciones en los departamentos de Tacuarembó, Paysandú y Salto (R.O.U.) a escasa distancia de la represa, por lo cual entendemos esto afecta directamente la calidad de las aguas subterráneas y superficiales de nuestra cuenca".
Señaló, además, que "desde el Senado hemos remarcado y hemos dejado presente el principio precautorio que emerge de la Constitución Nacional y de fallos judiciales, que puede verse plasmado expresamente en los proyectos presentados y/o sancionados como la misma prohibición antifracking, ley 10477 –primera provincia en el país en tener una ley que prohíbe este método – así como otras normas que aseguran la preservación del ambiente como derecho humano inalienable".
Ley antifracking
Giano recordó, además, que la "Ley antifracking" que establece la protección del Acuífero Guaraní y de las aguas subterráneas, entre otras medidas de protección y desarrollo sustentable, fue sancionada durante el año pasado. Además, destacó que el gobernador Gustavo Bordet se opuso al fracking, como lo expresó en el mensaje de asunción en diciembre de 2015.
A nivel nacional se sancionó Ley 26780, que prueba el acuerdo sobre el Acuífero Guaraní celebrado entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; convenio ratificado por la República Oriental del Uruguay por Ley 18913. Además, en la Constitución Nacional Argentina, el artículo 41 establece que "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo".
"Es muy extraño que la Asamblea Ciudadana de Concordia no le reclame al Presidente Macri por el cumplimiento del Acuerdo Internacional sobre el Acuífero Guaraní, ni a Roberto Niez, presidente de CTM sobre las medidas de seguridad que han implementado para proteger la represa de Salto Grande y/o los informes elaborados sobre el impacto que las referidas perforaciones tendrán sobre generación de energía", finalizó Giano.
