Así lo comunicó el organismo público, a través de un comunicado remitido a El Entre Ríos, donde también se detalló que “se constató la existencia y uso de documental pública adultera (falsificación de acta de tenencia precaria), reprimida por los artículos 292, 296, siguientes y concordantes del Código Penal”.
Respuesta a una denuncia periodística
La aclaración de la Regional con oficinas en Concordia llegó con el propósito “de aclarar y desmentir versiones periodísticas respecto de presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas en la ciudad de Concordia por parte del personal de este organismo provincial”.En efecto, este martes, algunos medios divulgaron denunciaron “que personas que no cumplimentaron los requisitos fueron adjudicadas y puesta a dedo para acceder a una vivienda”. También se amplió la denuncia periodística diciendo que esos beneficiados “nunca figuraron en el padrón de preadjudicatarios de la página oficial del IAPV, además de no estar en Planta Permanente, como lo exige la normativa vigente”.
La tercera denuncia fue penal
El funcionario provincial, en la continuidad de su respuesta vía comunicado, indicó que el IAPV ha realizado una investigación de diferentes hechos denunciados a los fines de dilucidar y determinar responsabilidades, para luego poder accionar legalmente contra el ó los empleados involucrados.
Sumario interno
Confirmó, por otra parte, que el viernes pasado (23 de marzo) el directorio del IAPV dispuso la instrucción de una información sumaria para que la Fiscalía de Estado, a través de la Dirección de Sumarios, realice una investigación sobre dichas denuncias. El responsable en Concordia del instituto de la vivienda dijo que iniciaron tal investigación “a los efectos de deslindar responsabilidades administrativas y de determinar posibles autores de ese accionar ilegítimo e irregular contra la administración pública”.
"Por todo ello se reitera la decisión política de este organismo que preside el contador Marcelo Casaretto de rechazar y perseguir dichas irregularidades, accionando judicialmente contra cualquier persona, sea empleado o no de la repartición”, concluyó.
