Durante esos días se produce el cierre del ciclo lectivo 2020 con las mesas de exámenes y el segundo turno de los recuperatorios para los estudiantes que no pudieron promocionar. El Consejo General de Educación (CGE) aspiraba a la presencialidad, que se dará en forma generalizada en todo el sistema educativo cuando se abra el ciclo 2021, el próximo 1 de marzo. Pero Agmer rechazó esa posibilidad, y por dos motivos: no se cerró la discusión paritaria salarial y no hubo acuerdo sobre cómo será la vuelta y en qué condiciones. Este miércoles, el sindicato de los docentes hizo una aclaratoria: el trabajo virtual no supone una medida de fuerza y por ese motivo no correspondería que el Gobierno aplique descuentos por días no trabajados.
“Lo resuelto por el último congreso de Agmer comprende el sostenimiento de la no presencialidad entre el 18 y el 26 de febrero, cumpliendo con el trabajo docente de manera virtual en estas fechas. La misma fue adoptada ante la probada ausencia de condiciones mínimas que garanticen la seguridad sanitaria de las comunidades educativas en los establecimientos escolares”, apuntó el mayor gremio de los maestros en Entre Ríos.
Agmer entiende que mantener la virtualidad en rechazo a la vuelta a la presencialidad “no constituye un paro, dado que cada docente seguirá cumpliendo con sus obligaciones laborales desde la virtualidad. Por tal motivo, no corresponde a la patronal realizar ningún tipo de descuento ni tampoco disponer que se lleve algún tipo de registro como día de inasistencia”.
Los descuentos por días de paro que aplica el Gobierno se apoyan en una serie de directivas.
La principal, la directiva Nº 30, emitida en 2007 por el exgobernador Jorge Busti, que dispuso que los servicios administrativos contables sólo abonen los días efectivamente trabajados por los agentes del Estado.
Esa circular, la N° 30, impuso la determinación de “hacer cumplir el principio que se debe remunerar por prestaciones laborales efectivamente realizadas” por parte de los agentes del Estado.
El viernes 22 de agosto de 2008, la administración del exgobernador Sergio Urribarri reflotó la vigencia de aquella circular, a través del decreto N° 4.940, que estableció que el Ejecutivo podía tomarse hasta diez días para abonar los salarios a los activos, y hasta 20 días para los pasivos.
El artículo 4° de ese decreto “ratificó” la vigencia de la circular N° 30 dictada por Busti.
A esa disposición, le siguió el dictado de la resolución Nº 2.565, emitida por el Consejo de Educación en 2008, que creó el manual de funciones de los rectores y directivos de escuela, y les impuso como obligación, entre sus funciones, la de informar sobre ausencias por adhesión a las huelgas de parte de los docentes.
Luego, el 4 de agosto de 2016, aquella normativa se amplió con la publicación de la resolución Nº 2.566, también del CGE, que amplió el trabajo del personal directivo de las escuelas e incorporó un apartado en el que se incluyó entre “las funciones y responsabilidades del personal directivo”, la tarea de “realizar el control y carga de las asistencias del personal del establecimiento mediante el Sistema de Administración de Gestión Educativa (Sage)”.
El viernes 2 de marzo de 2018, Educación dictó la circular N° 05, que envió a todas las escuelas, a través de la cual recordó “la plena vigencia de la Resolución N° 2565/08 y su modificatoria N° 056/18 mediante las cuales se aprueba el Manual de Instrucciones para informar novedades en los establecimientos educativos y el Instructivo de control y carga de asistencia”.
