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La seccional Concordia del principal gremio docente de la provincia, a través de un comunicado, impugnó la promesa electoral del presidente de los 3000 jardines y denunció el ajuste educativo.

Agmer Concordia precisó en un comunicado los números del ajuste educativo que lleva adelante el gobierno nacional, desnudando las promesas electorales de invertir en esta área.

“Por su clara incompetencia en las políticas de planificación educativa, el Gobierno a mitad de su gestión tuvo que mutar de la idea de “3000 jardines” al programa de 10.000 aulas, debiendo reconocer que en sus primeros cálculos no había considerado la necesidad de contar con terrenos e incrementar los cargos de personal docente para construir los jardines y garantizar su adecuado funcionamiento”, señala el comunicado.

Precisan, en el documento, que “iniciado el cuarto año de mandato de la alianza Cambiemos, el informe presentado por CTERA sobre el Estado de Situación de la Construcción de los 3.000 Jardines Infantiles deja al descubierto la magnitud del ajuste y de la subejecución del Presupuesto Educativo en este tema”.

Desde Agmer Concordia, detallaron que “en 2017, de un presupuesto para construcción de jardines o aulas de $ 5.602 millones, sólo se ejecutaron $ 1.841 millones, es decir, el 32,9% de lo presupuestado”.
Mientras que “en 2018 de un presupuesto para construcción de jardines o aulas de $ 6.063 millones, sólo se ejecutaron $ 2.049 millones, es decir el 33% de lo presupuestado. Solamente este dato muestra que se subejecutaron partidas por $ 7.775 millones”.

Afirman, asimismo, que “con las mismas (partidas) ya se hubieran construido 540 jardines o 3.000 aulas. La política económica del Gobierno Nacional, atada a los mandatos del FMI, confirman lo que nuestra organización gremial viene denunciando: un ajuste feroz en políticas públicas educativas, con la desresponsabilización del Estado Nacional en el financiamiento educativo, que aumentó considerablemente la desigualdad entre las provincias y sus respectivas poblaciones”.

El gremio docente alertó sobre la situación: “Es muy grave; porque se trata de una promesa incumplida que atenta contra el Derecho Social a la Educación y que deja a más de 600.000 niños y niñas sin la posibilidad de tener acceso al nivel inicial en la educación pública”.

Finalmente, consideraron que “la gravedad de la situación ya se vislumbrada en los datos que arrojaban año a año la reducción sistemática del ítem en el presupuesto educativo, pero se tornó más evidente cuando a fines del año pasado en las diversas provincias se comenzaron a realizar las denuncias correspondientes respecto de la paralización o abandono de obras”.
Fuente: Diario Río Uruguay

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