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Los contadores Hugo Pérez -ex director del Servicio Administrativo Contable del Senado- y Ariel Faure, imputados en la causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la Legislatura, entre 2008 y 2018, período en el cual se habrían desviado alrededor de 2.000 millones de pesos, se presentaron este lunes en el Ministerio Público Fiscal pero se abstuvieron de declarar.

Las citaciones a prestar declaración indagatoria se cursaron debido a la reformulación de la apertura de causa, ante lo cual el Código Procesal Penal prevé que se llame nuevamente a declaración a todos los imputados. En tanto, el empleado legislativo Sergio Cardoso, estaba citado para este lunes pero pidió posponer su presentación debido a que su abogado defensor, Emilio Fouces, se encontraba de viaje, lo cual se concretará el próximo jueves. También están previstas para hoy las declaraciones de Juan Pablo Aguilera -cuñado del ex gobernador, Sergio Urribarri- y de Alejandro Almada.

Cabe señalar que Pérez, Faure y Cardoso se encuentran con prisión preventiva domiciliaria mientras que Juan pablo Aguilera y Alejandro Almada están alojados en la Unidad Penal N°1 de Paraná.
La investigación
El expediente judicial está caratulado “Beckman Flavia Marcela y otros s/Asociación ilícita y otros”. Según un primer diagnóstico descripto en la apertura de la causa por los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo, Hugo Mena y Alfredo Bilbao, más Hugo Luna (ya fallecido), María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviana Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.

El mecanismo incluye “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Diputados y Senadores), con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”. Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de 4.500 pesos cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre pasado, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos 50.000” por contrato.

En la Cámara de Diputados, en tanto, “la sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011”, con contratos de 5.000 pesos cuyos montos se fueron incrementado también hasta 50.000 pesos.

“Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas. Los contratos eran firmados, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”, dice el escrito de la Procuración.

Estuvieron presos en la unidad penal y luego con prisión domiciliaria Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo, Hugo Mena y Alfredo Bilbao. A ellos se sumaron los contadores Roberto Faure y Gustavo Pérez, ex director del Servicio Administrativo Contable del Senado. Y tienen medidas restrictivas ocho personas, sindicadas como “reclutadores”: Jorge Pablo ”Tucho” Balladares (yerno de Hugo Mena), Jazmín Mena Gioveni (hija de Hugo Mena), María Macarena Alvarez (hija de Beckman), Viviana Giselle Mena Gioveni (hija de Hugo Mena), Alejandro “Alito” Rubén Ferreyra (yerno de Hugo Mena), Andrea Demartin, Fernando Gastón Sarnaglia y Verónica Caíno (esposa del contador Gustavo Pérez).

Aún continúan detenidos en la Unidad Penal Alejandro Almada y Juan Pablo Aguilera.
Fuente: Análisis Digital

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