Los reos son trasladados desde la Unidad Penal 1 hasta el centro académico custodiados por una guardia mientras asisten a clases.
Según contó el sitio digital Entre Ríos Ahora, la preocupación de docentes y trabajadores de la casa de altos estudios surgió cuando uno de los presos, mientras esperaba que lo pasaran a buscar para volver a la cárcel, se ocupó displicentemente de relatar con detalles a una de las empleadas administrativas cómo había asesinado a su pareja.
La inquietud y la alarma se propagó, sobre todo entre los padres de cientos de niños que todos los días concurren a la Escuela para participar de los talleres arte y música.
Eso provocó una reunión entre los docentes y las autoridades de la institución, a raíz de la creciente preocupación del cuerpo de profesores frente a una situación que les generó temor y los puso en guardia.
El caso es que desde finales del año pasado, cuando dieron inicio los cursos propedéuticos para cursar el nivel superior de la escuela, entre los nuevos alumnos se incorporaron cuatro personas que purgan condena en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.
En la reunión, los docentes plantearon que la preocupación no se originaba en el derecho de los internos de instituciones carcelarias a cursar en la universidad pública, sino más bien en el tipo de delitos por los cuales están condenados y que podría implicar un riesgo cierto para los niños y adolescentes que asisten al edificio de calle Italia. Es que al menos dos de los presos-estudiantes habrían cometido delitos sexuales.
Detalles
La alarma se encendió cuando el móvil del Servicio Penitenciario se demoró en retirar a uno de los reclusos, que se quedó a esperar en la administración, ubicada en la parte vieja del edificio de calle Italia 51.
Durante la espera, reveló después y aún con mucho miedo la empleada, el hombre narró en detalle cómo es que había llegado a matar a su mujer.
A raíz de esa situación, uno de los docentes buscó el modo de conseguir información sobre los delitos por los que estaban purgando condena los alumnos y logró saber que dos habían cometido delitos graves, entre ellos, delitos sexuales.
En un ámbito donde concurren diariamente cientos de niños y adolescentes a estudiar danza, música y teatro, la información generó una profunda preocupación y derivó en la reunión realizada este lunes.
En la oportunidad, no se puso en claro mayor información sobre los presos que estudian en la escuela, pero se señaló que son acompañados por custodios, aunque ese dato no le dio mayor tranquilidad a los maestros.
Es por eso que elevaron una nota a la decana de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Uader, María Gracia Benedetti, para que tome alguna resolución al respecto.
La pregunta que se hacen los docentes es cómo puede haber una persona presa por delitos sexuales conviviendo con niños y adolescentes en una escuela. Y, además, cómo resulta factible que una personas presa por delitos sexuales pueda estudiar un profesorado.
"No es lo mismo que vaya a estudiar un preso por robo o estafa que alguien que fue condenado por una violación o abuso sexual", manifestó un papá que se confesó preocupado. Además, ya han comenzado a organizarse para reclamar que ese tipo de condenados no pueda asistir a clases.
Represores, no
En 2016, por unanimidad, el Consejo Superior de la Uader resolvió impedir que se constituyan en alumnos de la casa procesados o condenados por delitos de lesa humanidad.
La preocupación por el tema surgió que a raíz de que dos represores de la megacausa Área Paraná cursaban y rendían materias de una carrera universitaria.
Se tuvieron en cuenta, entre otras cuestiones, el planteo formulado por un docente de Historia, Darío Velázquez, que manifestó su preocupación ante el Consejo de Carrera de Historia. También se expresó el Consejo de Psicología, también aconsejando que se resuelva de inmediato la situación planteada con estos estudiantes.
Se dio lectura, en la sesión, al dictamen del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades que aconsejó impedir que sigan siendo parte de la comunidad educativa; y también se tomó conocimiento de lo resuelto en agosto por la Universidad de Buenos Aires que, ante casos similares, impidió que los acusados por delitos de lesa humanidad puedan ser alumnos según el dictamen de una comisión ad hoc que integró Eugenio Zaffaroni y Adriana Puigróss, entre otros.
Se hizo notar, en los argumentos expuestos, que lo que la Uader realiza es una sanción ética –en ningún caso jurídica- a quienes además de ser acusados por delitos de lesa humanidad, sostienen un discurso que busca aún reivindicar el terrorismo de Estado.
