El magistrado tiene en sus manos la denuncia radicada, la semana última, por la diputada nacional Elisa Carrió contra los ex ministros de Defensa del kirchnerismo Nilda Garré, Arturo Puricelli y Agustín Rossi, a quienes acusa de administración fraudulenta, cohecho y tráfico de influencuas a raíz de la reparación de media vida a la que fue sometido el submarino entre diciembre de 2008 y junio de 2014 en el Complejo Industrial y Naval Argentino (Cinar).
El allanamiento se extiende a las oficinas de la empresa Man Ferrostaal, en el barrio porteño de Monserrat, que tuvo intervención en la adquisición de las baterías del submarino durante la polémica reparación.