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El fin de semana, el procurador Jorge García se volvió a manifestar esta vez ante medios de Buenos Aires en el mismo sentido que ya había dicho de que se preparan denuncias contra los policías responsables de las protestas, a quienes se acusaría del delito de sedición. Precisó que serían unos 18 ó 20 “que se llevaron puesto medio código penal”, según dijo.

Pero amén de las medidas judiciales, el Gobierno se reservó hasta ahora de avanzar con las medidas administrativas que le cabrían a los cabecillas de las protestas, entre otros motivos para no recalentar el ambiente.

Aunque en el acuerdo que se firmó el 9 de diciembre estaría expresado que no habría sanciones administrativas, el Gobierno dio por caído el acuerdo y se sabe en condiciones de avanzar.

El escaso apoyo que tuvo la convocatoria del viernes le dio a la administración provincial otro espaldarazo para dar señales de fortaleza en un conflicto de cuya resolución salió mal parado.

Entre Ríos quedó en el escenario nacional como una de las provincias que más se ha demorado en aplicar medidas ejemplificadoras frente a las protestas de un sector de los empleados públicos que tiene vedados la sindicalización y el reclamo.

También durante el fin de semana, el diario paraestatal Página 12 publicó un informe sobre la situación en tres de las provincias testigos del conflicto policial, que abarcó a una docena de administraciones.

En el repaso por las novedades, destacó que en Córdoba fueron detenidos 16 policías y fueron pasados a retiro cinco comisarios generales y en Tucumán, el gobernador José Alperovich firmó un decreto con el que pasó a retiro a 25 comisarios, entre ellos diez comisarios generales, el máximo grado.

Respecto de Entre Ríos, dijo que “la protesta programada en Entre Ríos tuvo exiguo quórum. El viernes se preveía cortar la Ruta 14, en Concordia, pero la convocatoria sólo reunió a cinco efectivos y familiares, agrupados en Policías Autoconvocados, que en verdad refleja a algunos estudios de abogados que litigan en nombre de los uniformados contra el Estado. El gobierno entrerriano preveía el fracaso de la movida y por eso no pidió –ni fueron hacia allᖠefectivos de fuerzas federales”.

El coordinador de los fiscales de Concordia, José Costa, confirmó en su momento que cinco de los domicilios donde fueron encontrados objetos robados –principalmente electrodomésticos– corresponden a familiares de funcionarios policiales.

Pero más allá de la participación concreta en los saqueos o en la disposición de lo robado, habría conductas reñidas con el reglamento policial que harían pasibles de sanciones a varios efectivos.

Aunque la medida no afectaría a oficiales de alto rango, se aplicarían de un momento a otro los primeros pases a disponibilidad.

Una de las sanciones que ya se concretaron fue el congelamiento de los ascensos.

La posible reacción de los uniformados fue conjurada de antemano con un primer operativo de prensa que presentó a los policías como los únicos responsables del conflicto y en consecuencia los malos de la película y en los últimos días con la difusión de que la persistencia del reclamo se circunscribe a 4 ó 5 efectivos.

En el también paraestatal diario concordiense El Sol se tituló el sábado que “se desinfla la protesta policial” y se describió que la movida del viernes en la ruta fue “un piquete de dos docenas de mujeres y niños con algunas pancartas, acompañadas por cuatro o cinco funcionarios policiales –de anteojos negros y gorras- trataron de entregar volantes de AFTRASER –una Asociación de Familiares de Trabajadores de la Seguridad de Entre Ríos-…”.

El diario Página 12 publicó que esta vez el Gobierno entrerriano sí disponía de información y que “el gobierno de Sergio Urribarri tenía la impresión de que la protesta convocada en Concordia iba a ser un fracaso y por ello no pidió la asistencia de fuerzas federales. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, igualmente convocó a los jefes de la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Concordia y Gualeguaychú para coordinar acciones en caso de ser necesario. Los rebeldes sólo pudieron convocar a cinco efectivos en actividad, algunos retirados y sobre todo familiares. En total entre 20 y 25 personas”.

Remarca el diario porteño que “aun cuando se sabe en Entre Ríos que se vienen esas detenciones, los uniformados no pudieron agrupar gente el viernes sobre la ruta y la protesta terminó en fracaso” y que “quienes conocen bien a los que promovieron el corte señalan que están agrupados detrás de un estudio jurídico que impulsa juicios de policías contra el Estado”.

Finalmente afirma que “la orden de la Presidenta es seguir de cerca el proceso policial y reaccionar de inmediato con las fuerzas federales. La idea es que los gobernadores sepan que cuentan con esos efectivos y que los policías que promuevan algún tipo de movimiento sepan también que tendrán a la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en sus provincias no bien haya un atisbo de algo parecido a lo que ocurrió en diciembre”.
Fuente: Diario Redes de Noticias

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