La audiencia se extendió hasta cerca de las 21, y fue continuidad de otro trámite extensísimo, que tuvo lugar el último 7 de junio. Como entonces, este lunes el juez Carballo escuchó los distintos argumentos de las partes. La audiencia se había fijado originalmente para el 4 de mayo, pero se aplazó por cuanto el magistrado estaba de licencia, y ocurre más de un año después de que el Ministerio Público Fiscal formalizara el pedido de remisión de la causa a juicio.
El 4 de junio de 2021, a casi un año de los hechos, los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, de la Unidad Fiscal de La Paz, solicitaron la remisión de la causa a juicio, con un pedido de condenada de un año de prisión condicional –no irán presos- para Dolores Etchevehere y también para el abogado Facundo Taboada.
El caso se desató luego de la espectacular ocupación por parte Dolores junto a militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois, del campo Casa Nueva. Ello ocurrió el 15 de octubre de 2020. Sus hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, más su madre Leonor Barbero Marcial desplegaron movilizaciones multitudinarias para exigir la expulsión de los ocupantes del capo, hasta que consiguieron que el 29 de octubre de ese año la camarista María Carolina Castagno ordenase el desalojo. El caso siguió luego por el carril de la justicia penal impulsado por la Fiscalía de La Paz y los abogados de Barbero Marcial.
Acusación
La dirigente de Proyecto Artigas está acusada de haber tomado ilegalmente la estancia Casa Nueva, propiedad de la firma Las Margaritas SA, que dirige su madre Leonor Barbero Marcial. Dolores defendió –y defiende- la toma asegurando tener derechos hereditarios sobre la propiedad, que perteneció a su padre, Felix Etchevehere, quien murió en 2009.No obstante, la Fiscalía entiende que Dolores “carecía de todo derecho para esa toma de posesión, ya que no tenía derechos hereditarios sobre la propiedad, al haber cedido su parte en forma onerosa con anterioridad”.
En el escrito elevado por los fiscales al juez, indican que el 15 de octubre de 2020, aproximadamente a las 11, Dolores y Taboada ingresaron a la estancia exigiéndoles a los empleados que entreguen las llaves de la puerta de ingreso a la casa principal. Precisan que el pedido se lo formularon a la empleada Ramona Rodríguez, a quien además, según la Fiscalía, amenazaron con “que debería retirarse en minutos, en caso de no otorgar las mismas” y que ante su negativa “ingresaron a su vivienda -sita en el mismo establecimiento- y tomaron un grupo de llaves que había colgadas en el comedor del domicilio”.
También señalan que “habiendo abierto -sin violentar- una de las ventanas de la casa principal, ingresaron a la misma, habitando esas instalaciones hasta el día 29 de octubre de 2020; además de realizar trabajos en la tierra, modificando la explotación ejercida sobre el establecimiento; y comunicarles a los trabajadores Ángel Martínez, Ramona Rodríguez y Osmar Barreto, los lugares a los que no podían dirigirse o transitar, impidiendo así el normal desenvolvimiento de su trabajo, e intimidándolos”.
Luego resaltan que “todo lo narrado fue efectuado en conocimiento de carecer de derechos sobre el Establecimiento Rural Casa Nueva, sobre el cual se ejercía la pacífica tenencia y explotación agrícola, tambera y ganadera, por parte de la entidad Las Margaritas S.A.».
El segundo hecho se le imputa sólo a Dolores, y tiene que ver con haberse opuesto a abandonar la estancia tras la orden judicial del 29 de octubre emanada por la jueza Castagno. Por esa actitud, la dirigente fue detenida.
La defensa de Dolores Etchevehere y Facundo Taboada, que ejercen Patricio Cozzi, Lisandro Mobilia y Daniela Verón, impulsan el sobreseimiento por cuanto, dicen, «vimos muchas carencias en los fundamentos para elevar a juicio».
